En mayo pasado se cumplieron seis años desde que el Ministerio Público dispuso reabrir la investigación del Caso Madre Mía “contra quienes resulten responsables” por crímenes de lesa humanidad ocurridos en una base militar contrasubversiva en el Alto Huallaga en las décadas de 1980 y 1990.
Una fuente de El Comercio señaló que la fiscalía está por culminar la etapa preliminar de la investigación y decidir si la formalizará o no. “Se está recopilando los elementos de convicción del caso”, precisó.
El caso podría involucrar al expresidente Ollanta Humala, quien fue capitán del Ejército y jefe de la base militar de Madre Mía en 1992.
Justamente, el exmandatario se pronunció en sus redes sociales al señalar que intentar “acomodar” lo sucedido “con fines políticos subalternos, mancha y distorsiona la historia”.
Las familias que vieron a sus seres queridos en las garras de Sendero, tienen derecho a la verdad.
— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) June 14, 2023
Hace más de 3 años se estableció que no murieron en Madre Mía, ni en 1992. Intentar acomodarlo, con fines políticos subalternos, mancha y distorsiona la historia.
El último martes, el Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró identificar los restos óseos de 16 personas desaparecidas entre 1991 y 1992 por el mencionado caso.
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Se trata de los ciudadanos Edgardo Isla Pérez, Nemer Acuña Silva, Pablo Castro Jáuregui, Elizabeth Castro Salazar, Elvya Salazar Aguirre, José Castro Salazar, Sonia Salazar Aguirre, Dionisio Espinoza Palomino, Rosas Fabián Evaristo, Paulino Espinoza Palomino, Gerónimo Fabián Duran, Yovana Durand Sandoval, Juan Mendoza López, Casimiro Nicasio Santamaría y José Herrera Ibarra.
Las identificaciones se consiguieron mediante un peritaje que abarcó validaciones de ADN, análisis antropológico de restos óseos y dentales hecho por antropología y odontología forense. La pericia estuvo a cargo del Equipo Forense Especializado de Ayacucho.
La fiscalía dispuso la programación de la entrega de los restos a los familiares para el 20 de julio.
La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, precisó a El Comercio que la búsqueda e identificación de restos puede correr en paralelo a la investigación penal, no necesariamente dentro de esta.
Hechos y antecedentes
La jueza Miluska Cano abrió un proceso penal contra Humala en el 2006 por los presuntos delitos de desaparición forzada y asesinato en agravio de Natividad Ávila Rivera y su conviviente, Benigno Sulca Castro, y secuestro y tortura contra Jorge Ávila Rivera, por el Caso Madre Mía.
Jorge Ávila, hermano de Natividad Ávila, denunció a Humala ante la fiscalía provincial de Tocache, y lo sindicó como el “capitán Carlos”.
No obstante, el caso fue archivado por la Corte Suprema, recordó en diálogo con El Comercio el abogado Víctor Álvarez, quien representa a los familiares de Natividad Ávila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Luego, en el 2011 se abrió otra investigación por la supuesta compra de testigos que se retractaron de sus declaraciones contra Humala.
Por ello fueron procesados Amílcar Gómez Amasifuén y Robinson Gómez Reátegui, acusados de haber entregado US$4 mil a Jorge Ávila para que se rectifique de su acusación contra el exmandatario. Pero finalmente fueron absueltos por no haber pruebas que sostuvieran la tesis del soborno.
En el 2017, El Comercio reveló la existencia de más de 100 audios interceptados durante la investigación al cabecilla terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”.
En las grabaciones se registraron conversaciones sobre supuestos pagos entre personas vinculadas a Humala y los testigos del Caso Madre Mía por el que se procesó y absolvió a Humala.
Tras ello, el Ministerio Público abrió dos investigaciones en paralelo en mayo del 2017: una en la Primera Fiscalía Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos, que inició una investigación de oficio contra los que resulten responsables por las desapariciones ocurridas en la base Militar de Madre Mía; la segunda, en la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos.
En el 2019, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el fiscal Marco Guzmán Baca intentó, en plena investigación, destruir las evidencias que involucraban a Humala
Un año antes, en junio del 2018, Humala afirmó en Canal N que ha sido “un ‘Capitán Carlos’”, pero que no fue el único en la base militar de Madre Mía.
LEE AQUÍ INFORME del 2017: Caso Madre Mía: testigo dice que se retractó por US$ 4.500