Orellana, el abogado que se burló del sistema jurídico

Giovanni Paredes se quedó estupefacto. No podía creer lo que escuchaba. Respiró hondo y subió el volumen de la televisión. Eran las 7 de la mañana del jueves 13 de noviembre y los canales de noticias daban una información de último minuto: Rodolfo Orellana, el entonces hombre más buscado del país, había caído en el exclusivo barrio de Paso Ancho, en Santiago de Cali, Colombia, a más de 1.700 kilómetros de Lima, luego de estar 130 días prófugo.

La incredulidad de Paredes, el único de los cientos de agraviados de la red Orellana que pudo recuperar su inmueble, era comprensible. Por varios años fue testigo de cómo Orellana, abogado de 50 años, y sus socios salían siempre librados de la infinidad de denuncias que presentaban los agraviados –quienes luchaban por recuperar sus propiedades– contra él. “Me quedé en silencio por varios minutos. Al comienzo no lo podía creer. Ya después lo asimilé”, dice Paredes a El Comercio.

Orellana, efectivamente, había sido arrestado ese día a las 6:30 de la mañana. Fue el resultado de una operación combinada entre agentes de la DEA, la policía colombiana y un equipo especial de oficiales de la policía peruana, todos bajo la supervisión de la fiscal Marita Barreto, a cargo de la investigación.

Los cargos: ser el cabecilla de una gigantesca red de lavado de activos y tráfico de terrenos, de alcance nacional e internacional, además de tener presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas. En suma, Orellana era el líder de una de las mafias más grandes que vio este país en los últimos años. En los últimos seis meses, millones de peruanos vieron sorprendidos la maraña de corrupción que construyó este abogado. Una pregunta  caía por su propio peso: ¿cómo Orellana pudo operar por tanto tiempo a vista y paciencia de las autoridades?

Sucede que la caída de Orellana, efecto colateral del derrumbe de la organización criminal de César Álvarez en Áncash, a raíz del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, no solo significó el fin de su inmensa red, sino también la constatación de que el Estado, si tenía la voluntad de hacerlo, podía contrarrestarla. Algo que no se hizo en 12 años. Tiempo en que operó Orellana con total y absoluta impunidad.

El negocio de esta mafia –que se estima superó los US$100 millones– era básicamente la apropiación ilegal del patrimonio de terceras personas, naturales o jurídicas. Para ello, elaboraban documentación fraudulenta y contaban con el apoyo de un ejército de por lo menos 50 testaferros y 54 empresas de fachada. Además, contaban con la complicidad de varios funcionarios públicos.

LO DEJARON AVANZAR
No se puede hablar de esta organización sin mencionar a las instituciones que, por decir lo menos, se hicieron de la vista gorda frente a los ilícitos de Orellana. 
 Resulta que este abogado no solo reclutó a expertos en derecho registral y notarios para su organización, sino también pensó en jueces, fiscales, políticos, registradores, y policías como piezas fundamentales. Además de impunidad y de bloquear las denuncias contra Orellana y sus socios, estos funcionarios ayudaban al lucro de esta organización. 

Por ejemplo, esta red no hubiera podido realizar sus estafas durante años si antes no contaba con información obtenida de Registros Públicos, Reniec y las municipalidades. De otro modo, no hubieran sabido qué terrenos o inmuebles eran proclives a la estafa. Luego de eso, los jueces, fiscales y registradores públicos entraban en escena para darle el aspecto legal a este fraude.

Es así también como Coopex, la cooperativa que creó Orellana en el 2008, estafó al Estado por más de S/.95 millones con sus cartas-fianza. Jueces afines a Orellana emitían medidas cautelares que obligaban a gobiernos regionales y municipalidades a aceptar esas cartas en los procesos de licitación. Otros, sin embargo, no dudaban en admitirlas pese a su ilegalidad.

Lo cierto es que el próximo año sabremos aun más de la red de Orellana. Por el despacho de la fiscal Barreto y del Congreso veremos comparecer a los funcionarios públicos que permitieron que este abogado, nacido en Tocache, quebrara durante.