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La fiscalía presentó su acusación penal contra el expresidente Pedro Casillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y pide una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
La fiscalía presentó su acusación penal contra el expresidente Pedro Casillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y pide una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
En la acusación, la fiscalía pide también 25 años de prisión para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez (quien se encuentra bajo prisión preventiva); y los extitulares del Interior Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, actual congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
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En tanto, para Aníbal Torres, entonces asesor de la PCM y ex primer ministro, el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión. Todos ellos son acusados de rebelión.
De acuerdo con la fiscalía, fueron parte del plan para cerrar el Congreso ilegalmente e intervenir las entidades de justicia para instalar un gobierno de excepción, haciendo un llamado para ello a la Policía y las Fuerzas Armadas aprovechando que el presidente era su jefe supremo. El golpe no tuvo éxito: Pedro Castillo fue destituido y detenido en horas.
El Ministerio Público además acusa a tres policías que supuestamente habrían seguido las órdenes para el golpe de Estado: el general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y al teniente PNP Eder Antonio Infanzón Chávez. Para ellos también se pide 25 años de prisión.
El Comercio informó en diciembre que, a poco más de un año del fallido golpe, la fiscalía ya había cerrado la investigación de este caso. También se indicó que el fiscal Uriel Terán había firmado la acusación poco antes de ser cesado al frente de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios.
Por entonces, todavía faltaba que la acusación sea enviada formalmente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del caso. Sin embargo, fuentes de El Comercio confirmaron que el mismo despacho fiscal, hoy bajo la dirección del fiscal Alcides Chinchay, ya cumplió con presentar el requerimiento al Poder Judicial.