El juez supremo Juan Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del congresista de Perú Libre (PL) Edgar Tello Montes investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.
A través de una resolución judicial a la que accedió El Comercio, se dio cuenta que la decisión corresponde a un pedido de la fiscalía de la Nación solicitada el 1 de junio del 2022.
La medida también alcanza al alcalde de San Juan de Lurigancho y fundador del Partido “Democracia Verde” Álex Gonzales y otras 14 personas. Además, de diez números telefónicos asignados con alias.
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El parlamentario es investigado desde febrero por presuntamente haber ejercido influencias en el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, para que el Consorcio Casa de la Mujer obtuviera la buena pro de la construcción de la Casa de la Mujer en ese distrito, por más de S/ 15 millones.
Según la resolución, la fiscalía considera que, de las diligencias realizadas a nivel preliminar, se evidenciaría que, ante observaciones a la suscripción del contrato, el representante legal del consorcio ganador, buscó tener llegada al alcalde de San Juan de Lurigancho.
Por ello, habló con Rosario Escobal, quien, a su vez, habría buscado “comunicarse con el congresista Edgar Tello Montes, quien al ejercer sus influencias se habría contactado con el alcalde a fin apoyarlo con dicha suscripción”.
El documento judicial señala que para la fiscalía la medida era necesaria a fin de determinar si el congresista Tello habría mantenido comunicación con terceras personas.
Indicios y declaraciones
Como elementos e indicios que vincularían al congresista Tello con los presuntos actos irregulares, la fiscalía presentó al juzgado el Informe N° 039-2022-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEPIDCVCOT del 20 de enero de 2022, sobre presuntos encuentros entre el parlamentario con el empresario Miguel Angel Salinas Camac el 14 de enero de 2022. Ello, previo a una reunión en el Club Kallpa de San Juan de Miraflores.
También se presentó la declaración testimonial de Rosario Escobal Yupanqui “alias Charito” -del 22 de febrero de 2022, quien reconoció ante la fiscalía como suyas las conversaciones WhatsApp sostenidas con Salinas Camac.
Además, se presentó la declaración que Salinas rindió ante la fiscalía el 17 de marzo, donde reconoció las conversaciones de WhatsApp y aseguró que Wilfredo Alayo Jiménez -del entorno del legislador de Perú Libre- “le presentó personalmente al congresista Tello Montes, afuera de un local en el Cercado de Lima, que asistió en varias oportunidades al domicilio (...) del congresista denunciado y a la reunión del Club Kallpa el 14 de enero de 2022, donde conversó a solas con el congresista”.
Salinas Camac dijo que “fue el congresista Tello Montes, quien le proporcionó por WhatsApp el número telefónico de Erick Bejarano, funcionario de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho”.
Bejarano, según documentos que presentó la fiscalía, se encuentra afiliado al partido político “Demócrata Verde” de Alex Gonzáles.
Con esa y otra documentación, el juez Checkley determinó que existía base legal para proceder con el levantamiento de las comunicaciones, pues en los teléfonos incautados había información de los principales implicados.
“Este juzgado supremo señala que es proporcional en sentido estricto, toda vez que la investigación versa sobre supuestos hechos graves, acaecidos en razón al ejercicio del cargo de congresista de la República y sus relaciones con otros funcionarios y particulares, realizados en razón de violaciones de sus deberes y tienen que ver con infracciones a la Ley Penal”, sentenció el magistrado.
El 10 de febrero, cuando se conoció la decisión de la fiscalía de la Nación de investigarlo, el congresista Edgar Tello rechazó las imputaciones.
“Denunciar la intromisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, porque inicialmente había emitido una resolución para que atestigüe en calidad de testigo, si conozco a una persona de nombre Miguel Salinas, y vemos que aquí hay todo un ardid para involucrarme y descalificarme”, enfatizó.
“Yo tengo comunicación con diferentes alcaldes, con San Juan de Lurigancho (...) Esa es parte de la investigación, yo he hablado de varios temas con el alcalde (...) Son temas como parte de la fiscalización que hemos venido conversando con el alcalde”, indicó.
Tutela de derechos
El próximo 5 de julio, el juez supremo Juan Checkley escuchará los argumentos de la defensa del congresista Edgar Tello, que presentó una tutela de derechos cuestionando la investigación luego que la Fiscalía de la Nación declaró el caso complejo.
Se argumenta “una evidente vulneración a los principios de objetividad y de la unidad de investigación del Ministerio Público y las garantías constitucionales del debido proceso y al plazo razonable, al haber dispuesto en declarar compleja la investigación seguida en contra de su patrocinado”.
Este diario se comunicó con el congresista Tello Montes para recoger su versión. Sin embargo, nos solicitó que nos comuniquemos con su abogado.
David Mujica, abogado de Tello afirmó que hasta el momento ningún testigo ha involucrado a su patrocinado. Aseveró que el legislador se encuentra sometido a la investigación y no se opuso al levantamiento del secreto de sus comunicaciones ni del secreto bancario.
“Hasta el momento estamos junio y casi julio y no han encontrado nada contra mi patrocinado, porque de lo contrario ya hubieran formalizado la investigación. Contra mi patrocinado no hay absolutamente nada”, sostuvo.
El abogado sostuvo que lo que se ha encontrado son dos conversaciones con Miguel Salinas Camac cuyo contenido no es ilegal.
Cuestionó que la fiscalía de la Nación haya implicado al congresista Tello en una investigación que se seguía inicialmente a Salinas, por ello, indicó que presentaron la tutela de derechos a fin de “ reencaminar a la fiscalía que está perdiendo el norte”.
Además, sostuvo que la investigación contra el congresista de Perú Libre se inició por 60 días que se podía ampliar por 120 días, pero dicho plazo ya concluyó.
“Ya nos investigaron 120 días y la fiscalía no tiene nada. Entonces la fiscalía declara compleja la investigación y quiere investigar a la red criminal cuando no le corresponde”, indicó.