Todo lo que debes saber sobre el Caso Arbitrajes de Odebrecht

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Especializada en Delitos de Corrupción, anuncia esta tarde su decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses para 16 abogados investigados por el Equipo Especial Lava Jato. Esto por presuntamente haber emitido laudos arbitrales a favor de la empresa brasileña Odebrecht y en perjuicio del Estado hasta por US$281 millones.

El pedido del fiscal del caso Germán Juárez incluye en detalle los presuntos pagos ilícitos y los hechos que se habrían realizado para beneficiar a Odebrecht. La suma de los depósitos bajo sospecha alcanza los US$5’222.523.

La tesis fiscal es que la constructora brasileña habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que tenía con el Estado por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis.

El mencionado monto incluye los presuntos pagos en efectivo y honorarios de los árbitros por encima del precio referencial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La fiscalía también pide comparecencia restringida con impedimento de salida del país contra cuatro personas, entre las que se encuentra el exárbitro Horacio Cánepa.

La lista de los 16 árbitros y otros personajes cuestionados es la siguiente:

-¿Cómo operaban Odebrecht y los árbitros?-

Hay que tener en cuenta que los arbitrajes son mecanismos de solución de controversias alternativo al fuero judicial. Estos procesos son más rápidos que los reclamos en la vía ordinaria y tienen el mismo peso que una resolución judicial, según ha explicado a este Diario la abogada Vanessa Valverde.

En teoría deberían ser procesos confiables, pues cada parte designa uno de los integrantes del tribunal arbitral y entre ellos o un ente independiente y con prestigio –como la Cámara de Comercio de Lima– designa al tercero. Pero en la práctica los procesos con Odebrecht no habrían sido regulares, de acuerdo a la tesis fiscal.

Como ya ha informado este Diario, el principal operador de Odebrecht fue Horacio Cánepa, árbitro y militante en proceso de suspensión del Partido Popular Cristiano. Él participó en 18 controversias investigadas entre la constructora y el Estado, y habría recibido US$2’634.000 en pagos ilícitos por estos casos, incurriendo así en los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos agravado y colusión agravada.

Según la tesis fiscal, este abogado habría sido hombre clave en el esquema de sobornos, desde que conoció a Carlos Ruiz Paredes, abogado interno de Odebrecht, entre el 2004 y 2005. Cánepa lo conoció cuando habría acudido acompañado de Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de la constructora, a las cenas de recolección de fondos de la campaña del PPC, en el chifa Royal en San Isidro.

Se le acusa de haber realizado coordinaciones para recibir y entregar sobornos por encargo con los ejecutivos de la constructora Sergio Nogueira Panicali, Antonio Martorelli y Ronny Loor Campoverde para preparar, con el apoyo de Emilio Cassina Ramón, las demandas arbitrales y designarlo como árbitro en esas controversias.

Para el Ministerio Público, Cánepa habría percibido US$1’442.000 a través de depósitos en la cuenta de la ‘offshore’ Maxcrane Finances en la Banca Privada de Andorra. Estos pagos fueron a cambio de ayudarlos a preparar demandas arbitrales y fallar a su favor, por los que obtuvo el 1% de lo que pretendía Odebrecht en la demanda. Incluso creó la empresa Jure et de Jure Abogados EIRL “con la finalidad de que por medio de ella se paguen los sobornos”.

Además, la constructora también le habría entregado aportes ilícitos por US$1’192.000, en lo que estaba incluido el sobreprecio de sus honorarios y montos para sobornar a terceros. La fiscalía tiene información sobre pagos en efectivo por US$385 mil que habría hecho a los árbitros Randol Campos, Luis Pardo, Richard Martin, Weyden García, Luis Pebe y Emilio Cassina Rivas a cambio de beneficiar a Odebrecht.

En la controversia por la carretera San José de Sisa, cuyo tribunal arbitral lo formaban Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Ricardo Espinoza Rimachi, Cánepa habría recibido US$92 mil a cambio de hacer gestiones “por intermedio de Lourdes Flores Nano” con Castillo. En comunicación con El Comercio, la lideresa del PPC negó que haya realizado gestión alguna.

–Funcionarios bajo sospecha–

El principal funcionario público investigado es Celso Gamarra Roig, quien se desempeñó como director general de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según la fiscalía, entre noviembre del 2011 y agosto del 2014, habría recibido US$406 mil de Odebrecht, a través de una cuenta de la offshore Voltron Business Corp en un banco de Andorra. Uno de los pagos lo habría recibido del árbitro Sergio Calderón Rossi en la casa de su madre, en Miraflores.

A cambio, habría facilitado el pago inmediato de los laudos, y recomendado que la procuraduría del MTC no interpongan demandas de nulidad.

En un caso de la carretera Interoceánica Norte, la fiscalía tiene información sobre reuniones entre Gamarra, el procurador del MTC Alan Alarcón Canchari, los integrantes del tribunal arbitral Cánepa, Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller y el representante de Odebrecht Gibran Loor Campocerde. El primer encuentro fue en el MTC y luego se produjeron otras tres citas en el restaurante Vivaldi, en San Isidro.

Según la fiscalía, allí pactaron que Odebrecht solicite un arbitraje ad hoc al MTC, que designe a Cánepa, que el MTC designe a Cantuarias y que se nombre como presidente a Kundmüller; y que los honorarios de estos árbitros sea elevado. Los seleccionados le debían dar una solución inmediata al laudo parcial, y habrían acordado que se acorte el plazo y que se retome el compromiso de la obra con solamente pagar las valorizaciones pendientes.

–La participación de Abanto–

Humberto Abanto Verástegui, abogado de Jaime Yoshiyama en el Caso Aportes a Fuerza Popular, también ha sido incluido en el pedido de prisión preventiva. La fiscalía sostiene que Abanto recibió US$106 mil, como soborno en un proceso, y un sobreprecio de honorarios de S/135.375.

En una de las controversias por la carretera Interoceánica Norte, Sergio Calderón Rossi, entonces asesor legal de la Dirección General de Concesiones en Transporte del MTC, habría pactado un soborno de US$400 mil con Fernando Llanos Correa, representante de Odebrecht. Calderón se habría quedado con US$40 mil, le habría dado la misma cantidad a Celso Gamarra, y los US$320 mil restantes al árbitro Alejandro Álvarez Pedroza, quien salió del país con rumbo a Estados Unidos, pero fue impedido de ingresar a dicho país.

A su vez, Álvarez se habría quedado con US$108 mil y le habría entregado US$106 mil a cada uno de los otros dos árbitros de este proceso: Humberto Abanto y Ramiro Rivera. La entrega se habría producido en efectivo en un departamento de Álvarez, en San Borja. Abanto se ha defendido señalando que la fiscalía solo tiene testigos de oídas.

Según la fiscalía, Álvarez le dijo a Calderón dos frases: “como jode Abanto por la plata” y “no vayas a pensar, compadre, que yo me la llevo toda, tengo que repartir con la gente por partes iguales”.

Las audiencias concluyeron la tarde del viernes con el requerimiento fiscal solicitado contra los abogados Ricardo Espinoza Rimache, Alfredo Zapata Velasco, Martín Linares Prado y Emilio Cassina Ramón.

Los abogados de cada uno de los cuatro imputados negaron las acusaciones en su contra y solicitaron que se desestime el pedido de prisión preventiva. Aseguraron que colaboraron con la justicia, rebatiendo cualquier peligro de obstrucción alegado por la fiscalía.

Días atrás, la misma medida había sido solicitada contra Ramdol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, José Abanto Verástegui, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y Mario Castillo Freyre.

Los alegatos del requerimiento fiscal lo realizaron los fiscales Germán Juárez Atoche y Hamilton Montoro del Equipo Especial Lava Jato.

-Los descargos-

En diálogo con este Diario Enrique Ghersi, abogado de Fernando Cantuarias, adelantó que su defendido estará presente en la audiencia de hoy y que esperaba que el juez le dicte a Cantuarias una orden de comparecencia simple en el mejor de los escenarios.

Según dijo, tenían la convicción “de que las imputaciones de la fiscalía son ilegales”. En todo caso señaló que tendrán la opción de apelar en caso la resolución sea adversa para su defendido.

También en conversación telefónica con El Comercio, Humberto Abanto señaló que si el juez se ajusta a los estándares judiciales establecidos para estos casos, tendría “que desestimar” el requerimiento de prisión preventiva de la fiscalía.

Subrayó que no hay ningún motivo para que cambie su situación legal, pues viene asistiendo a todas las diligencias sobre su caso y el de su patrocinado Jaime Yoshiyama.

César Nakazaki, abogado de Richard Tirado, también ha pedido en audiencia al juez que desestime la solicitud de prisión preventiva y solo le aplique a su defendido una medida de comparecencia.

En tanto Castillo Freyre también negó hace unos días en un programa dominical haber recibido sobornos. “Se puede decir que los árbitros se excedieron al poner la cifra, tal vez puede ser una cifra excesiva, pero ¿eso es un delito?”, declaró.