Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, negó en la audiencia virtual de este martes todos los delitos que se le imputan y por los cuales fue sentenciado en primera instancia a cuatro años de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
En la sesión que se llevó a cabo este 22 de agosto ante la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín, Cerrón Rojas negó los cuatro hechos que la fiscalía le imputa y por los cuales fue condenado en febrero último.
En ese sentido, negó haber promovido un proyecto aeroportuario de manera técnica e ilegal o que el Gobierno Regional de Junín, bajo su administración, haya hecho caso omiso a dos desactivaciones ordenadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2012.
También cuestionó que se trate de aplicar de manera retroactiva una ley de asociaciones público privadas y, finalmente, que se haya generado un riesgo potencial de que el gobierno pague 0,5% del costo del proyecto.
“Aquí nunca se ha demostrado el acto de concertación, en ningún momento ni por prueba directa ni por indicio. Aquí de lo que se agarran es que no hemos consultado con el MEF y eso no es un acto colusorio por más que hubiera ocurrido, y tampoco es mi responsabilidad”, manifestó.
Vladimir Cerrón precisó que posterior a la anulación de los proyectos por parte del MEF y luego de una carta de “extrañeza” que remitió al gobierno al expresar sus críticas por esta decisión a pesar de haber sido respaldado por el entonces primer ministro Óscar Valdez, fue el MTC el que reabrió el proyecto y convocó a licitación pública, no el gobierno de Junín.
En otro momento, aseguró que firmó originalmente el proyecto para el Aeródromo Wanka por acuerdo del consejo regional, y que de no haberlo hecho podría haber sido procesado por omisión.
“El consejo regional aprueba este contrato y otorga la nueva pro y pasa al presidente regional para la promulgación, para un acto político. No es un acto técnico la promulgación de la ordenanza regional [...] Yo no puedo observar lo que ya el máximo órgano normativo y fiscalizador ha aprobado, que es el consejo regional basado en informes técnicos legales de la oficina de promoción privada”, insistió.
Tras responder las preguntas de parte de la fiscalía sobre los hechos imputados, la sala de apelaciones suspendió la audiencia y dispuso que continúe el 29 de agosto a las 3 p.m.
