Yenifer Paredes: advierten riesgos al proceso tras excarcelación de cuñada de Pedro Castillo | INFORME

La liberación de la familiar del presidente se dio un fallo judicial de segunda instancia. El último lunes, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada decidió –por mayoría- revocar su orden de 30 meses de prisión preventiva por una comparecencia con restricciones al considerar que la medida era desproporcionada y que el riesgo de fuga o justificaba la medida.

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Entre las restricciones que deberá cumplir Yenifer Paredes están no ausentarse ni variar su lugar de residencia sin permiso judicial, así como presentarse ante el juzgado y la fiscalía cada vez que sea requerida; de lo contrario, podría volver a prisión. En tanto, el Ministerio Público recurrirá la Corte Suprema vía casación para que la investigada vuelva a prisión.

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La investigación que llevó a la cuñada del presidente a prisión preventiva giran en torno a una presunta red criminal ligada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Esta sería una de las redes que conforman la presunta organización criminal al interior del gobierno liderada por Pedro Castillo, caso por el cual el presidente fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación.

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, en esta red estarían involucrados del presidente: la primera dama Lilia Paredes como ‘coordinadora, sus hermanos Walter y David Paredes, y la propia Yenifer Paredes como ‘lobista’. Según la tesis fiscal, esta red habría “logrado hacerse de más de 6 millones de soles en obras públicas para diversos Municipios Distritales, como el de Anguia, Chachapoyas, Chadin y Cajatambo”.

“Mediante la modalidad de las “Licitaciones públicas fraudulentas”, lograron obtener el contrato y buena pro de diversos proyectos de ejecución publica, logrando obtener dinero producto de sus ilícitos, aprovechándose del poder que ostentan al tener vinculación directa con el primer mandatario quien habría facilitado la concreción del plan criminal”, sostiene la fiscalía.

El caso nació a partir de un video difundido por el dominical Cuarto Poder en el que se ve a Yenifer Paredes junto al empresario Hugo Espino, hoy señalado como testaferro de la presunta red, hablando con vecinos de Chadín sobre una obra de saneamiento. Espino luego se sometió a la confesión sincero y reconoció haber participado en los hechos bajo investigación fiscal.

Para la fiscalía, Yenifer Paredes cumpliría la función de ‘lobista’. “Se encargaría de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país y les ofrece la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de saneamiento, con la condición de que la organización criminal investigada, utilizando empresas de fachada se encargue la formulación del expediente técnico y posterior ejecución de la obra”, indican documentos fiscales.

Para esto, agrega el Ministerio Público, la investigada se valdría “de su posición de poder como hermana de la primera dama Lilia Paredes Navarro, quien informa al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, los proyectos que han sido negociados. Y este, en contubernio con el anterior ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López, los incluyen en los decretos de urgencia que son promulgados y publicados”.

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En suma, la fiscalía sostiene que Yenifer Paredes “fomentaba las obras públicas, conociendo que a quienes iba favorecer eran personas -naturales y jurídicas- totalmente allegadas a la casa presidencial”. En particular, se señala a las empresas de Hugo Espino, quien ganó contratos con el Estado y quien recibió depósitos de los hermanos Paredes, como las ‘empresas fachada’ de la presunta red criminal.

La imputación contra la cuñada de Pedro Castillo es por los delitos de lavado de activos, organización criminal y colusión. Los últimos dos son por presuntamente haber influido para beneficiar a la empresa de Hugo Espino en la elaboración de expediente técnico para las municipalidades de La Jalca (Chachapoyas) y Chadín (Chota).

Sobre el lavado de activos, la fiscalía le atribuye este delito a partir de 28 depósitos por un total de S/ 91 mil realizados en una agencia del Banco de la Nación cercana a Palacio de Gobierno. Esto entre octubre de 2021 y junio 2022. Para el Ministerio Público, el dinero sería de origen ilícito, “producto de dichas obras [que] les estarían generando ganancias [a los presuntos miembros de la red]”.

El juez Johnny Gómez, quien evaluó el pedido de prisión preventiva en primera instancia, resolvió que sí había evidencia para determinar una sospecha fuerte en torno a los delitos imputados a Yenifer Paredes. Esto, sumado al peligro de fuga y obstaculización de la justicia que halló en la investigada, llevó a que le imponga 30 meses de prisión preventiva.

En la segunda instancia, los jueces superiores rechazaron la mayoría de los argumentos de la defensa de Yenifer Paredes, que alegaba que el juez de primera instancia no había evaluado correctamente la evidencia para dictar la prisión preventiva. Así, ratificaron lo decidido por el magistrado en relación a la existencia de fuerte indicios vinculados a la cuñada del presidente.

“Este Colegiado aprecia que las obras que fueron financiadas mediante el Decreto de Urgencia N.° 102-2021 […] no comprende las obras cuya formulación de expediente técnico se habría contratado; sin embargo, aportan indicios de las actividades de esta investigada que sin ser funcionaria pública estaría utilizando los vínculos que tiene con la Presidencia de la República para el direccionamiento de contrataciones”, se lee en la resolución.

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La diferencia estuvo en el peligro procesal: el peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones. Sobre el primero, los dos jueces superiores consideraron que es justificable que Yenifer Paredes tenga como residencia Palacio de Gobierno por su vínculo familiar con Pedro Castillo y Lilia Paredes.

Además, indicaron que, si bien estuvo prófuga por un día luego de que no se le halló en Palacio de Gobierno, también es “un dato objetivo que finalmente —al día siguiente— decidió presentarse ante las autoridades”. También consideraron que, en el video difundido por Cuarto Poder, Paredes les dice a sus interlocutores que si “graban no hay ningún problema […] pero no lo compartan por favor”.

En esa línea, los mismos jueces superiores luego señalan que si bien el magistrado de primera instancia optó “por privilegiar la eficacia de la persecución penal con respecto al derecho de libertad”, la prisión preventiva es “excepcional” y “debe aplicarse cuando otros medios disponibles no puedan utilizarse”.

“Este Colegiado, evaluando el comportamiento inicial de la investigada de haber pretendido sustraerse de la persecución penal, y luego presentarse ante las autoridades las autoridades, considera que para el presente caso la comparecencia con restricciones constituye un mecanismo que permitirá conocer la ubicación de la investigada para las diligencias que se le requiera y mantener la sujeción al proceso”, concluyeron.

Distinta fue la postura de la jueza superior María Guillén Ledesma, quien se mostró a favor de confirmar la prisión preventiva. Para ella, su vínculo con el presidente y su presunta pertenencia a una red criminal le dan facilidades para evadir la justicia. Para esto valoró, por ejemplo, las dificultades de la Policia para entrar a Palacio de Gobiero el día que fueron a detenerla.

Para la jueza, “es evidente que ser la hija del presidente de la República, quien, por añadidura, está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por delitos graves- entre ellos, el de organización criminal- potencia las posibilidades de ocultamiento de la imputada, las cuales no tendría un ciudadano común”.

Esta es la resolución de la sala

“Haciendo un ejercicio de ponderación entre dos intereses de vital importancia como son, la eficacia procesal frente a la protección del derecho fundamental a la libertad, somos de la opinión que la medida de prisión preventiva cumple con los cuatro subprincipios del principio de proporcionalidad”, concluyó la magistrada.

Para el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo, la decisión de la sala de apelaciones estuvo equivocada y provoca riesgos al proceso, por lo que se debió confirmar la prisión preventiva, tal como sostuvo el voto en minoría de la jueza Guillén Ledesma. “Veo débil la resolución en mayoría”, comentó a El Comercio.

“El tema que analizan y le favorece es la proporcionalidad. Consideran que es desproporcionado que esté privada de su liberad, que a través de una comparecencia con restricciones es suficiente. Lo analizan en tres párrafos. Ese mismo tema, la jueza que discrepa, lo analiza en varios párrafos: que el peligro procesal radica en que es familiar del presidente, quien es considerado la cabeza de esa agrupación criminal, y que por su condición siempre va a poder obstaculizar y permitirle que sea escondida o fugue. Ese es el peligro mayor”, explicó.

El exfiscal recordó situaciones como la demora en permitir a la policía que entre a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes y que luego no se le halló, y los fallos reportados en las cámaras del lugar. “Hay todos los elementos indiciarios para decir que no hay seguridad si ella está en libertad, no había fundamentos suficientes para darles libertad. Ha habido un análisis muy poco razonable de la mayoría de los dos jueces”, comentó.

A esto le suma que una presunta organización criminal “siempre va a tratar de favorecer a las personas que la conforman”. “Los antecedentes [son] que un ministro, el señor Silva, no aparece; un sobrino tampoco está. No hay la supuesta desproporción, más bien hay una necesidad de que se dé la prisión preventiva”, consideró.

El penalista Andy Carrión destacó que la sala reafirmó en su resolución que hay suficientes elementos -a nivel de sospecha- para acreditar los delitos que le atribuyen la fiscalía a Yenifer Paredes. En cuanto a la decisión de revocar la prisión preventiva, se mostró en desacuerdo con que se haya valorado la entrega de la investigada por encima de las demoras y dificultades para detenerla el día de la diligencia en Palacio de Gobierno.

“Si bien es cierto la entrega sucedió, al imputar a una organización criminal, esta ayuda a que sus miembros puedan escapar de la persecución penal. Esto lo desarrolla la opinión discordante de la jueza [Guillén Ledesma] […] Creo que debió haberse decidido por confirmar la prisión preventiva, quizás reducir el plazo”, comentó.

Carrión añadió que una vez que Yenifer Paredes señale cuál será su lugar de domicilio, la fiscalía podrá vigilar sus movimientos y su conducta como investigada. Dependiendo esta y de si incumple sus restricciones, más adelante se podría presentar pedidos para revocar su comparecencia por una nueva prisión preventiva.

“Lo usual es que, ante el trauma de haber estado presos, lo que suelen hacer los investigados es cumplir de manera rigurosa la comparecencia. Pero eso no garantiza que otros miembros de la propia organización criminal puedan estar activos y coordinando con la misma Yenifer Paredes. Ese es un tema a tomarse en cuenta”, dijo. Las restricciones impuestas, por cierto, no le impiden comunicarse con testigos o coimputados.

La abogada Sophia Icaza, del Estudio Linares, coincidió con sus colegas en que lo resuelto por la mayoría de sala no estuvo correctamente motivado en lo referido al riesgo de fuga. “[Para] valorar el hecho que se haya entregado al día siguiente para eliminar el peligro procesal, debes hacer de forma conjunta. Y hay dos hechos: la demora en abrir la puerta de Palacio y la desaparición de las imágenes”, dijo a El Comercio.

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Icaza añadió que también se debe valorar su vínculo con el “entorno de poder” en Palacio de Gobierno, lo que incrementa el peligro de que evada a la justicia. Por otro lado, consideró que la fiscalía podría pedir al juzgado -al margen de más adelante se solicite una nueva prisión preventiva si incumpla sus reglas de conducta- que le impongan a la investigada más reglas de conducta, como la de no comunicarse con testigos o coimputados.

“Coincido en gran parte con el voto discordante de la jueza y observo que la fundamentación de los jueces con relación al peligro procesal carece de la debida motivación, es muy escueto. En este caso, dentro de lo que se investiga, el ‘Caso Anguía’ es el más potente por la naturaleza de favorecimiento en obras, licitaciones públicas, y la emisión del decreto de urgencia, que vincula al presidente”, comentó.

El abogado penalista Jefferson Moreno indicó que el de Yenifer Paredes “era uno de los casos más claros respecto del peligro procesal”. “Es preocupante la decisión de sala. Tanto es que la señorita no tenía arraigo que, cuando emiten la decisión, tienen que decirle en qué domicilio va a vivir [...] Ahora señala el de Palacio de Gobierno y si se revisa el voto singular, la doctora lo dice bien claro: este es un caso de organización criminal en la que se tienen antecedentes de obstrucción y además, sus miembros son altos funcionario”, dijo.

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“Es imposible que en un caso como este no podamos entender que hay una posibilidad de obstrucción, sobre todo donde hay una organización criminal donde sus miembros están fugados”, agregó.

Moreno indicó que el peligro procesal es “personalísimo” para cada investigado, pero que en el caso sin precedentes como este, “los riesgos procesales tienen que ser vistos a la luz de la organización criminal a la que pertenece la persona imputada y cuál ha sido el comportamiento”. “Sobre esa lógica, existen riesgos que se van a venir a partir de ahora: no va a ser la última diligencia que fiscalía realice en Palacio [...] no va a ser la última reunión que el presidente tenga con ministros”, comentó.

Por otro lado, también criticó la forma en la que la sala valoró la entrega de Yenifer Paredes. “No hay problema si te escondes, si me bloqueas el ingreso y desapareces, pero ármate un mecanismo para decir que al día siguiente te puedes entregar y bueno, podemos decir que no tienes peligro: ese es un pésimo mensaje. Tienes que analizar no que se haya entregado, sino lo que pasó. Si ha tenido la capacidad de esconderse, de bloquear la inteligencia policial que la tenía ubicada en Palacio, y luego de aparecer en la fiscalía, tiene la capacidad de desaparecer”.

La casación

El equipo especial ha anunciado que presentará una casación con el objetivo de que Yenifer Paredes vuelva a prisión preventiva. Fuentes de El Comercio indicaron que viene trabajando en la elaboración del documento. Según explicaron, este debe ser presentado por la fiscalía superior del equipo especial a la sala de apelaciones, la cual deberá remitirlo a la Corte Suprema. El proceso podría tardar varias semanas o meses.

Para el exfiscal Angulo, sí es posible que la Corte Suprema le dé la razón al Ministerio Público. “En la medida en que los fiscales recurran a [a la Corte Suprema], muy probablemente van a conseguir que revoque la medida. Como el tema es de peligro procesal, tiene que ser atendido con prontitud, le tienen que prestar atención”, comentó.

Sin embargo, para Andy Carrión hay pocas posibilidades de que los jueces supremos retornen al investigada a la prisión preventiva. El penalista considera que a nivel de la Corte Suprema y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (donde se tramiten casos de corrupción, terrorismo y crimen organizado) la tendencia en los últimos años es no optar por prisiones preventivas, al punto que la mayoría de procesado por este tipo de casos complejos están hoy en libertad.