Con la promesa de entregar más audios y documentos que sustenten su versión dentro del proceso de colaboración eficaz al que se ha sometido, el empresario Zamir Villaverde abandonó la prisión de Ancón I el martes pasado por la tarde.
Villaverde es una de las piezas claves en la investigación que se sigue por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otras entidades del Estado, que alcanzarían al presidente Pedro Castillo.
El empresario cumplía prisión preventiva desde hace tres meses, luego de ser detenido, debido a la investigación que se le sigue por el Caso Puente Tarata.
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Su excarcelación fue alrededor de las 4 p.m. Durante su traslado, a bordo de vehículos de la empresa Grupo Vigarza S.A.C., se lo vio hablar por teléfono en diversas ocasiones.
El pasado 8 de julio, el juez Manuel Chuyo ordenó la excarcelación de Villaverde a pedido de su abogado Julio Rodríguez y la opinión favorable de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien hasta hace unos días tenía el caso a su cargo.
La representante del Ministerio Público, según trascendió, confirmó al juez que Villaverde venía aportando información para corroborar su versión en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y otros implicados en el caso.
Villaverde declaró ante la fiscalía que el presidente Castillo habría recibido S/50.000 del total de S/100.000 que le entregó al hoy prófugo Silva.
El Comercio trató de recoger la versión del abogado Julio Rodríguez, pero este decidió no brindar declaraciones.
Días atrás, Rodríguez sostuvo que “hay información a la que no puede acceder estando preso, [...] más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente”.
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Las investigaciones del Caso Puente Tarata ahora están a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EECCP), liderado por la fiscal Marita Barreto.
Precisamente el martes pasado, Barreto se reunió con los abogados César Nakazaki y César Pérez, quienes asumen la defensa legal de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López. Esto, luego de las nuevas amenazas de muerte que recibió la empresaria en su domicilio de Breña.
En diálogo con El Comercio, Nakazaki aseguró que pese al nuevo acto de amedrentamiento, López continuará con su proceso especial de colaboración eficaz.
“Ella mantiene su decisión de seguir [colaborando]. Lo que sucede es que quienes pretenden amenazarla a lo largo del tiempo, lo que buscan es que ella se aparte de la colaboración eficaz para que se produzca el efecto de que se declare la inexistencia de sus declaraciones. Pero ella mantiene su decisión de continuar contribuyendo con la administración de justicia, porque es la manera de tratar de limpiar su nombre”, señaló.
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El defensor legal de López también insistió en que los primeros indicios de la nueva amenaza apuntan al jefe del Estado.
Explicó que las declaraciones de la empresaria señalan a una serie de personas, entre ellas “el más poderoso”, que es el presidente Pedro Castillo.
Respecto a las medidas de seguridad para su patrocinada, Nakazaki indicó que el jefe de la Policía de Lavado de Activos realizará una evaluación para determinar qué medidas se reforzarán para el resguardo de López.
Finalmente, el abogado expresó su confianza en el equipo especial de la fiscalía y la fiscal Barreto, pues consideró que era necesario que un grupo de ese tipo investigue de forma exclusiva los casos vinculados al actual gobierno.
Zamir Villaverde ya ha entregado diversos audios a la fiscalía para probar su versión.
En mayo, El Comercio informó que un colaborador eficaz declaró a la fiscalía que Villaverde entregó S/30.000 para el presidente Castillo.
En junio, este Diario reveló que el empresario entregó el comprobante de los S/100.000 que fueron destinados al exministro Juan Silva.
La Fiscalía de la Nación investiga a Castillo desde el 27 de mayo, debido a las versiones de Zamir Villaverde y Karelim López.
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