Keiko Fujimori busca acudir a entes internacionales tras nueva prisión preventiva: ¿Cuán factible es?

Previendo la decisión que la mandaría por segunda vez a prisión preventiva, Keiko Fujimori grabó un video en donde adelantó el camino a tomar ante este nuevo revés judicial. En las imágenes difundidas la tarde del martes en redes sociales tras conocerse la resolución del magistrado Víctor Zúñiga, la lideresa de Fuerza Popular señaló que ha instruido a su esposo Mark Vito Villanella para que presente su caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Y es que para la excandidata presidencial, que llegó a la sala de audiencias antes de que termine la lectura de la resolución, esta no responde a un acto de justicia, sino a un “ajusticiamiento y venganza política”. A su juicio, la fiscalía no entregó ni un elemento nuevo en su contra y el Tribunal Constitucional ya ha descartado “todos los argumentos” del Ministerio Público.

Sin embargo, cabe precisar que el juez determinó que la medida de 15 meses de prisión preventiva es “idónea, adecuada y proporcional” en el marco de proceso que se le sigue a Fujimori Higucho por lavado de activos a raíz de los aportes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Asimismo, valoró declaraciones de testigos sobre falsos aportantes, concluyó que existe “sospecha grave” de la presencia de una organización paralela en Fuerza Popular que se habría dedicado a ocultar los aportes de campaña entregados por Odebrecht y explicó que el dinero de esta empresa brasileña —que tendría como origen actos de corrupción— habría sido intercalado con el dinero de empresarios peruanos que tendría origen lícito, lo que evitó que se identificara en qué operación se introdujeron los montos.

Así, Zúñiga sostuvo que “existe sospecha grave del delito de lavado de activos” y resaltó que también existe “sospecha grave de que Keiko Fujimori tenía conocimiento y ordenaba todos los actos dentro de Fuerza Popular”.

Bajo ese escenario, Keiko Fujimori consideró que corresponde una “respuesta política” ante lo que llamó una “persecución política”. “No puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva, después de haber actuado de manera prudente todo este tiempo”, exclamó.

—Alistan viajes—

Y la respuesta parece que está en camino. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dio algunos alcances más las acciones a tomar. De lo mencionado en una entrevista con Canal N, se desprende que el objetivo es recurrir a gobiernos de otros países para presentar el caso y también a medios de comunicación internacionales.

“La respuesta va a ser política, va a ser internacional, vamos a buscar a los gobiernos, a los presidentes […] La respuesta tiene que ser política, internacional, mediática”, refirió.

En esa línea, comentó que junto a Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, está trabajando “un cronograma de viajes”. “Estados Unidos es un país que, por ejemplo, Mark como ciudadano tiene que hacerlo. Estamos evaluando otros países”, indicó.

Finalmente, refirió que esas son las “directivas” dejadas por Keiko Fujimori y ratificó que la libertad de la excandidata presidencial es “una prioridad política como partido”.

“Si acá no nos hacen caso, queremos que afuera sepan que en el Perú no hay estado de derecho”, sentenció el también miembro titular de la Comisión Permanente.

—El fujimorismo y sus críticas a la Corte IDH—

La estrategia, sin embargo, parece no convencer a algunos. Anoche, Luz Salgado, férrea defensora del fujimorismo e integrante de la Comisión Permanente, sostuvo que habrá que esperar las acciones de la familia de Keiko Fujimori y de su defensa legal, y confiar en que puedan surtir efecto. Sin embargo, cuestionó:

“Hay que decir que muchas instancias internacionales también están, lamentablemente, infestadas de estos elementos que actúan con odio y no con respeto a los derechos humanos”.

¿A cuál instancia internacional podría recurrir entonces Keiko Fujimori? La reciente historia del fujimorismo deja dudas de que entre las opciones estén la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano judicial autónomo de la OEA.

Ello porque desde Fuerzas Popular, en distintas ocasiones, dichos organismos no han recibido comentarios halagüeños. Por ejemplo, en abril de 2018, en medio del trámite para que la Corte IDH emitiera un pronunciamiento a raíz del indulto a Alberto Fujimori, la propia Keiko Fujimori manifestó a “Correo”: "La Corte de por sí, es una institución que tiene una carga ideológica, ya sabemos, en beneficio de algunos sectores, como por ejemplo, de los terroristas. Hemos visto en muchas oportunidades fallos de la Corte en la que exigen al Estado Peruano pagar indemnizaciones a los terroristas, pagarles beneficios y eso es muy lamentable".

Solo en enero de ese año, el fujimorista Héctor Becerril ya se había manifestado en forma similar. "Va siendo hora de analizar salirnos de competencia de la Corte, que lo único que ha hecho es pagar sumas millonarias a terroristas, es una corte ideologizada", afirmó según declaraciones recogidas por “Perú 21”.

Quien se pronunció también sobre el asunto fue el también fujimorista Carlos Tubino. “La verdad es que también estoy de acuerdo, no solo por los hechos de ahora, sino por todo lo que ha sido la historia de la Corte con relación al proceso de pacificación en el Perú. Ellos se han dedicado a apoyar, defender a los terroristas. Han afectado tremendamente a los que pusieron el pecho en la lucha contra el terrorismo en el Perú. Así que si nos retiramos, un aplauso”, apuntó.

Meses después, en julio del mismo año, la entonces portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, se pronunció sobre el referéndum que había anunciado por entonces el presidente Martín Vizcarra en torno a reformas constitucionales de orden judicial y político. La otrora legisladora afirmó que se respaldaba la convocatoria a la consulta popular, aunque expresó las intenciones de su grupo parlamentario para incluir otros puntos. Uno de ellos, mencionó a este Diario, era la salida de la Corte IDH. “Así como el presidente está planteando algunos temas que él considera importantes, los congresistas también podemos plantear temas que a la gente le interesan”, sostuvo. Tubino también hizo el planteamiento.

Una conversación del chat “La Botica”, de Keiko Fujimori y miembros de la exbancada, reveló el parecer de la lideresa naranja sobre la propuesta de Letona:

“Salir de la CIDH me parece importantísimo”

—Perspectivas sobre la estrategia—

Consultado por El Comercio, el excanciller peruano Eduardo Ferrero Costa explicó que el organismo internacional de cual es parte el Perú para que se vean asuntos de derechos humanos —si Fujimori Higuchi adujera una violación a los mismos en su caso—, es la Corte IDH. Pero como se dio cuenta líneas arriba, dicha entidad ha sido criticada por el fujimorismo.

“Para ir a la Corte primero hay que ir a la Comisión. Y si la comisión emite un dictamen y este es negado, recién se podría ir a la Corte. Pero además para que se pueda ir a la Comisión, tienen que agotarse los fueros internos y en este caso todavía lo que hay es una decisión de primera instancia, donde cabe la apelación ante la Corte Suprema”, manifestó.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha adelantado que apelará la resolución de juez de primera instancia. Una sala superior analizará la impugnación y si esta es declarada infundada, la defensa tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema mediante una casación. Incluso, si el Poder Judicial mantiene la medida, otra vía es el Tribunal Constitucional (TC). Fue este ente el que anuló la primera prisión preventiva, que tuvo a la lideresa de Fuerza Popular más de un año tras las rejas, producto de un hábeas corpus.

“En este momento, todavía no tendría la posibilidad de acudir a la Corte IDH”, concluyó Ferrero. Con esa apreciación coincidió el internacionalista Ernesto Velit. “No es que estén a su disposición esos organismos internacionales, sino que previamente hay instancias judiciales internas que deben ser consultadas”, acotó.

De otro lado, Velit consideró “sumamente difícil” que presidentes de gobiernos extranjeros quieran pronunciarse en torno a una decisión de la justicia peruana. En cierta forma, agregó, ello incluso podría considerarse una intromisión.

En ese sentido, el especialista manifestó que si bien el entorno de Keiko Fujimori puede viajar a realizar las consultas ante gobiernos extranjeros, los espacios en el derecho internacional están bien delimitados.

“Creo que los gobiernos extranjeros se van a cuidar mucho porque la amistad internacional se pone en juego cuando se hacen este tipo de consultas sobre situaciones muy complejas. Y se cuidarán mucho de no emitir ni ensayar opiniones que puedan determinar algún rozamiento o colisión con el gobierno de donde procede la consulta”, apuntó en diálogo con este Diario.

Bajo esos términos, dijo estar casi seguro de que un gobierno extranjero se resistirá a pronunciarse.

“En el derecho internacional, en el orden internacional, en las amistades, compromisos y tratados que existen entre los países, hay límites bien delimitados sobre en qué se debe opinar y en qué no. Es un tema muy delicado, porque corresponde a un poder. Ni siquiera otro poder de nuestro propio país, el Ejecutivo o Legislativo, se atreven a pronunciarse sobre una decisión tomada por el Poder Judicial. Menos lo puede hacer un gobierno extranjero”, concluyó Velit.

A juicio del internacionalista Óscar Vidarte, un presidente o gobierno sí podría pronunciarse sobre el caso de Keiko Fujimori y ello, apuntó, no implicaría una intervención. Esta, precisó, no se da solo con una declaración de apoyo a un candidato o político, sino que se genera cuando, además, se busca condicionar o generar consecuencias sobre la soberanía de un páis.

Como ejemplo, recordó lo ocurrido durante la campaña presidencial del 2006, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez afirmó: "Si por obra de demonio, el señor [Alan] García llega a ser elegido presidente del Perú, voy a retirar mi embajador del Perú, proque con un presidente así Venezuela no va a tener relaciones con el Perú". El hecho provocó una crisis diplomática que derivó en el retiro de los embajadores de sendos países.

Por tanto, Vidarte expresó que si bien un eventual apoyo a Keiko Fujimori jurídicamente no implica un ilícito internacional, sí sería políticamente incorrecto. “No veo qué países de la región vayan a poner en riesgo la relación con el Perú, a no ser que quiera, más que a gobiernos, acercarse a grupos políticos de otros países. Ahí podría encontrar algún tipo de apoyo. Pero en gobiernos o presidentes de la región, no veo que un país quiera arriesgar su relación política con el Perú para defender a Fujimori”, dijo.

Advirtió que, además de la CIDH, Keiko Fujimori podría acudir también a los sistemas de derechos humanos de la ONU y la Unión Europea. “La teoría de la conspiración política no se sostiene en ningún lado. El gobierno puede decir que esta elección ha sido transparente, hubo gente de la Unión Europea, de la OEA. El Tribunal Constitucional libremente ha dicho que la disolución del Congreso es legal. Hablar de persecución política como lo habla Fujimori, difícilmente un gobierno u organismo internacional va a terminar apoyando eso. Pero el simple hecho de que el Perú esté en boca de otros países u organismos ya genera un malestar. Pero no creo que eso tenga un impacto en favorecer la causa de Keiko Fujimori”, finalizó.

—La posición de gobierno—

Consultado este miércoles sobre las pretensiones de Fujimori, el primer ministro Vicente Zeballos rechazó cualquier insinuación que pretenda relacionar al Ejecutivo con decisiones autónomas del Poder Judicial y el Ministerio Público. Acotó que el gobierno no tiene influencia en esas instituciones. “Sobre la posibilidad de ir a fueros internacionales, es posible. Sin embargo, hay procedimientos establecidos”, indicó.

Al respecto, detalló que en el procedimiento ordinario se llega hasta la Corte Suprema y uno excepcional, que es el hábeas corpus con el que se acude al Tribunal Constitucional. “Y con el Tribunal Constitucional se agota la instancia interna. Después de ello se puede llegar a la justicia internacional, que no es el caso. Estamos ante el procedimiento ordinario, que es la primera instancia”, dijo.

Sin embargo, añadió que Keiko Fujimori está en la libertad de acudir a cualquier fuero, “en tanto y en cuanto los procedimientos así lo permitan”.

“Es inaceptable que se diga que el Poder Ejecutivo ha tenido algún nivel de interferencia tanto en el Poder Judicial, como en el Ministerio Público. La señora Keiko Fujimori puede hacer valer sus derechos en las instancias nacionales e internacionales de acuerdo a los procedimientos legales establecidos en nuestro país”, finalizó por su parte la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.