Keiko Fujimori: suspenden cuarto día de audiencia por pedido de prisión

Por cuarto día consecutivo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Richard Concepción Carhuancho, revisó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otras diez personas de su entorno por el presunto delito de lavado de activos.

La sesión se inició a las 10:15 a.m. con la presencia del fiscal José Domingo Pérez, Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz de Vega, entre otros investigados.

Durante la jornada, el juez Richard Concepción Carhuancho escuchó al fiscal José Domingo Pérez y a la defensa legal del asesor Pier Figari, a cargo del abogado Humberto Abanto. 

Tras un receso de dos horas, la sesión se reanudó aproximadamente a las 3:45 p.m., para finalizar sobre las 6:15 p.m.

A su salida de la Sala Penal Nacional, la lideresa de Fuerza Popular indicó que se ha acreditado que no hay ningún elemento de convicción contra Pier Figari. "Rechazo este calificativo [organización criminal] contra nuestro partido", afirmó.

Pier Figari indicó que, pese a que el fiscal José Domingo Pérez presentó 194 elementos de convicción, ninguno lo vincula a presuntos hechos delictivos.

Durante su intervención en la audiencia, el fiscal Pérez refirió que Pier Figari, así como Ana Herz y Vicente Silva Checa, son parte de la "cúpula de poder" de Fuerza Popular.

"La defensa dirá 'necesitamos corroboración'. Yo les diré: ¿Acaso no es suficiente que, en Tarapoto, en distintos depósitos, se realizan aportaciones hasta por US$100 mil para Fuerza 2011? ¿Ángela Bautista Zeremelco no ha indicado por disposición de quién lo ha hecho?”, expuso.

—La audiencia del viernes—
El abogado Vicente Silva Checa, de 68 años, fue “el asesor en la sombra” que habría tomado decisiones en la cúpula de la presunta organización criminal encabezada por Keiko Fujimori cuando ella dirigía Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), con la finalidad de lavar el dinero ilícito que habría entregado Odebrecht durante la campaña electoral del 2011.

Esa fue la imputación que realizó este viernes el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, para sustentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Silva Checa y otras diez personas, entre ellas Keiko Fujimori.

“Participó en la toma de decisiones y las asesorías que realizó desde el momento que recibió el dinero (de Odebrecht y de los cocteles), las coordinaciones para convertirlo a través de aportes (fraccionamiento y ‘pitufeo’) y el ocultamiento”, manifestó Pérez durante su argumentación en el tercer día de audiencia.

En los dos primeros días de audiencia, realizados el miércoles y jueves, solo se analizó el caso de Keiko Fujimori.

Según el fiscal, en el estatuto del partido Silva Checa no figuraba como parte de la estructura partidaria; sin embargo, dijo que tenía poder de decisión dentro de este. Esto, sostuvo Pérez, demostraría que el abogado era el hombre que “se mantenía en la sombra”, aplicando prácticas vinculadas al ex asesor fujimorista Vladimiro Montesinos. Recordó que Silva Checa fue procesado por la compraventa del Cable Canal de Noticias junto a Montesinos. Afirmó que no fue condenado, pero porque su caso prescribió.

El fiscal también indicó que testigos protegidos han identificado a Silva Checa como parte del núcleo de la presunta organización criminal, “indicando que los que tomaban las decisiones son Keiko [Fujimori], Ana [Herz], Pier [Figari] y Vicente [Silva Checa]”.

Las declaraciones de los testigos sobre las asesorías a la organización, agregó Pérez, fueron corroboradas con los documentos sobre el Caso Lava Jato y las investigaciones fiscales a Keiko Fujimori, incautados durante el allanamiento de la casa del abogado. El fiscal además dijo que en la casa de Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori, se encontraron documentos sobre denuncias al presidente Martín Vizcarra.

Tras argumentar sobre el peligro de obstaculización de la justicia, Pérez dijo que el delito de lavado de activos que se imputa al abogado tiene una pena alta, y que a eso se suman los constantes viajes al exterior que hace, según su registro migratorio, lo que pone en evidencia un peligro de fuga.

—Sin pruebas—
Julio Espinoza, abogado de Silva Checa, cuestionó que su patrocinado haya sido incluido en una investigación preparatoria y se pida prisión preventiva para él “de manera express”. Indicó que, a diferencia de otros investigados, a Silva Checa no se le dio la oportunidad de defenderse durante la investigación preliminar.

En otro momento, Espinoza criticó que la fiscalía no especificara qué modalidad del delito de lavado de activos le imputa a Silva Checa.

Asimismo, negó que los documentos hallados en el domicilio de Silva Checa sean suyos. Recordó que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, reconoció que la documentación era de ella. Agregó que tampoco eran de su defendido los documentos sobre Vizcarra hallados en la casa de Paucará.

“¿Qué elementos nos ha dado el fiscal para sustentar el delito de conversión? ¿Qué vincula los documentos de procesos del presidente Vizcarra con el delito de lavado de activos?”, cuestionó.

Recordó que, según la sentencia del Tribunal Constitucional del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se exige la corroboración de lo que declaren los testigos protegidos. En esa línea, anunció que planteará “una excepción de improcedencia de acción” contra la investigación, para que así se anule la indagación a Silva Checa.

En la audiencia estuvo Keiko Fujimori, quien negó que Silva Checa tenga vínculo alguno con FP. “Él no es mi asesor, él no es militante del partido, en algún momento mi abogada le ha hecho consultas legales y punto”, dijo a la prensa.

—El MP y La Botica—
Durante la audiencia, el fiscal Pérez denunció que, pese a las amenazas en su contra descritas en el chat de Telegram La Botica, de los congresistas de Fuerza Popular, hasta ahora ninguna autoridad del Ministerio Público se ha pronunciado en su defensa.

En una conversación del chat, del 17 de octubre del 2018, la congresista Leyla Chihuán escribió: “¿Podríamos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos. ¿Quién puede?”.

“Ante esta amenaza, de que ‘con esto lo matamos’, ¿alguna autoridad en el Ministerio Público ha requerido, ha iniciado alguna investigación? [...] No señor”, dijo.

Indicó que esa inacción es porque –y se remitió a las declaraciones de los testigos protegidos de su investigación– “las instituciones las están copando, las instituciones lamentablemente están siendo capturadas”, en referencia a la presunta organización criminal que, sostiene, había dentro de FP.

En otro momento, cuestionó que Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, haya cobrado por asesorías que hizo al Congreso durante la presidencia de Luis Galarreta.

Pérez dijo que espera que la fiscal superior coordinadora anticorrupción, Lourdes Téllez, solicite informes al Congreso sobre la contratación de Abanto, realizada por Luis Mejía Lecca, funcionario del Parlamento y asesor de Fuerza Popular investigado por el fiscal.

Téllez es la fiscal que emplazó a Pérez a que informe sobre el trabajo que realiza su esposa en Perú Compras.