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La defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó ayer un recurso de casación a fin de que la Corte Suprema del Poder Judicial anule la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra, debido a la investigación preparatoria que se le sigue por el caso de Odebrecht.
Fujimori está recluida en el penal de anexo de mujeres, en Chorrillos, desde hace dos meses y 19 días. El 4 de enero, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional confirmó esta orden de prisión.
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Giulliana Loza, abogada de la ex candidata presidencial, afirmó que su objetivo “es lograr que la Corte Suprema nos dé la razón vía casación”.
—Argumentos—
Loza explicó a El Comercio que en el recurso de casación se cuestionan seis puntos de la resolución que confirmó la prisión preventiva de Fujimori.
Uno de ellos tiene que ver con la “inobservancia de normas procesales relacionados a los elementos de obstaculización a la justicia”.
Otro punto controvertido, sostuvo Loza, es “una indebida motivación de la resolución vinculada al peligro procesal y con la naturaleza de lo que se debe considerar un testigo protegido”.
El recurso fue presentado ante la Segunda Sala de Apelaciones, que deberá elevarlo a una de las salas de la Corte Suprema.
La abogada indicó que en la solicitud no se cuestiona la falta de imparcialidad del juez Richard Concepción Carhuancho, quien fue recusado por el ex secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama, investigado junto a Fujimori.
No obstante, opinó que es correcta la resolución emitida por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, que apartó al juez Concepción del caso de su patrocinada.
—Piden inhibición—
A través de otro escrito, Loza solicitó a la jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que se inhiba de conocer la investigación preparatoria en contra de Fujimori.
Arias fue designada a través del sistema aleatorio del Poder Judicial en reemplazo del juez Concepción para que asuma el caso contra la lideresa de Fuerza Popular.
En el documento presentado la tarde de ayer en el despacho de la magistrada, Loza reveló que años atrás su estudio de abogados asistió legalmente a Arias en un proceso judicial ya concluido.
“Nuestra pretensión tiene por objetivo evitar especulaciones que pudieran poner en cuestión su imparcialidad, honorabilidad y el correcto desempeño en el ejercicio del debido proceso”, destaca el escrito.
En el documento, Loza también aseguró que su estudio recién asumió la defensa de Fujimori en diciembre del 2017.
Un mes antes, en noviembre de ese año, Arias resolvió a favor de Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella un pedido para que culmine su investigación preliminar por el Caso Cocteles.
Si la magistrada Arias acepta el pedido de la lideresa de Fuerza Popular y se inhibe de conocer el caso, este deberá ser enviado a uno de los dos juzgados que quedan habilitados.
Uno de ellos es el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Santos Benites.
También podría recaer en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que aún no cuenta con un juez designado tras la suspensión de su titular Ángel Mendívil.
