La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior contra el Crimen Organizado rechazó el pedido de la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP), que solicitó apartar al juez Víctor Zúñiga Urday de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht.
“Declarar infundada la recusación planteada por la defensa técnica de Keiko Fujimori Higuchi en contra del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, Víctor Zúñiga, en la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado por organización criminal, en agravio del Estado peruano”, se dispuso en la resolución a la que accedió El Comercio.
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Giulliana Loza, defensa de Fujimori Higuchi, cuestionó que el juez habría “adelantado pronunciamiento” respecto a la supuesta comisión del ilícito investigado al resolver un pedido de ampliación de prisión preventiva del investigado Pier Figari, investigado junto a su patrocinada.
Esto debido a que cuestionaba una concepción de “debilitación” o “fortaleza” de la imputación del caso que viene siendo investigado. Ello porque se entendería que el juez adelantó opinión “e infirió que el representante del Ministerio Público demostraría cómo es que la imputación se ha fortalecido en contra de los investigados, entre ellos mi patrocinada Keiko Fujimori Higuchi”. Por tanto, el juez de primera instancia “ha perdido imparcialidad”.
No obstante, el colegiado superior sostuvo que de la frase del magistrado no se advierte una afirmación sobre el fortalecimiento de la imputación contra su patrocinada. “En ese sentido el Colegiado concluye que no se puede descontextualizar un verbo que está mal redactado con indicación de futuro, cuando la frase nos ubica a una acción que ocurrió en el pasado. Este extremo deviene infundado”, consideraron.
En breve diálogo con El Comercio, la abogada Giulliana Loza, defensa de Fujimori Higuchi, sostuvo que aún no analizan si apelarán la decisión o no.
Fujimori Higuchi es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal debido a presuntos aportes ilícitos que habría recibido de parte de la empresa Odebrecht para las campañas electorales del 2011 y 2016.
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