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El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que las conversaciones de WhatsApp que dan cuenta de que Luciana León, miembro de la Comisión Permanente, se habría aprovechado de su cargo para gestionar favores o hacer coordinaciones con personal parlamentario y de su seguridad, evidencian prácticas que van en contra del reglamento del Congreso de la República.
“Lo revelado en las conversaciones de Luciana León son prácticas que están reñidas con reglas que ya están establecidas en el Congreso”, afirmó a la agencia Andina.
Agregó que el cargo parlamentario es de alta responsabilidad pública e involucra deberes contenidos en el Reglamento y Código de Ética del Legislativo.
Asimismo, Lanegra destacó que la función legislativa no debe ser usada para intereses privados o para buscar ventajas en el sector público o implicar el uso indebido de recursos materiales y personales, y que será el Ministerio Público el que determine si hay infracciones penales.
Como se recuerda, en las conversaciones no solo se evidencia que la entonces legisladora aprista gestionaba reuniones con ministros de Estado a pedido de su hermano Rómulo León Romero o disponía del personal asignado a su seguridad para realizar compras domésticas, sino también daba consejos al excandidato al Parlamento, Mijael Garrido Lecca, para presuntamente simular los aportes a su campaña.
En seis conversaciones difundidas por “Cuarto Poder”, de fines de marzo e inicios de abril del 2019, Luciana León se comunica con su hermano Rómulo, quien le solicita insistentemente que se reúna con el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para que lo "ayude con el proyecto Quellaveco”.
“Necesito que él [Francisco Ísmodes] hable con Quellaveco. Él tiene que tener relación con ellos así Quellaveco habla con [la empresa] Fluor Chile porque nosotros estamos en la lista de proveedores, pero así hay otros ya no tenemos más alcance”, indica la conversación.
En otro mensaje, Rómulo le pide a Luciana gestionar una entrevista con el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce.
