La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hizo que el legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, retire sus palabras por haber afirmado que el expresidente de la República, Alberto Fujimori “fue corrupto”, pese a que cuenta con una condena por delitos contra la administración pública.
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El incidente inició cuando Martínez, durante el debate por la interpelación del ministro Íber Maraví, acusó a los exmandatarios Alberto Fujimori y Martín Vizcarra de ser corruptos y de contribuir al desprestigio del Congreso.
“Muchos dicen que el Congreso no sirve, pero sí sirve. Lamentablemente, los corruptos desde el 92, con Fujimori, desde la época de Vizcarra, que usan ese juego contra los intereses del verdadero pueblo peruano, les pido que trabajemos con unidad”, refirió.
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Esta situación generó el reclamo de la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, quien pidió que “mantenga el respeto” pues la sesión estaba dedicada a debatir sobre el caso de Maraví. La respuesta del legislador acciopopulista fue inmediata: “No voy a responder porque es una dama y le tengo respeto, pero lo que he dicho lo siento en el corazón, nos guste o no nos guste a algunos, [Alberto] Fujimori fue corrupto y está demostrado, por algo está en la cárcel”, dijo.
Este impase generó que la titular del Legislativo tomara la palabra y, luego de que se diera lectura al reglamento del Congreso, pidió a Martínez que retire todo lo que había dicho. “Estamos en otro tema, que es el de la interpelación, simplemente lo único que queremos es que retire las palabras para seguir con la sesión”.
Finalmente, Martínez aceptó el pedido: “Retiro todo lo que he dicho”.
Alberto Fujimori fue condenado por corrupción
El expresidente Fujimori fue condenado por múltiples delitos. Además de aquellos relacionados con derechos humanos, recibió condena por haber utilizado fondos públicos para pagar US$15 millones a Vladimiro Montesinos bajo la figura de CTS.
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También fue sentenciado a 6 años de cárcel por los delitos de peculado doloso (mal uso de fondos públicos) y violación del secreto de las comunicaciones por la compra de congresistas tránsfugas, pago a medios de comunicación y espionaje telefónico.
Finalmente, en enero del 2015, el exmandatario fue condenado a 8 años de cárcel por el financiamiento de los diarios chicha con fondos de las Fuerzas Armadas y del servicio de inteligencia, con el fin de que apoyaran su re-reelección. Esta fue la última sentencia que se dictó contra él.
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