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La terrorista Maritza Garrido Lecca, quien salió el lunes de la cárcel, fue declarada ayer “persona no grata” por el alcalde de Casma, Joseph Pérez Mimbela, quien dijo esperar que la estadía de la senderista en esa provincia de Áncash sea solamente temporal. Agregó que su presencia puede alarmar a la ciudadanía de su jurisdicción.
“Siendo una persona que ha estado presa por más de 20 años y que ha estado vinculada al terrorismo, como alcalde la declaró persona no grata, su presencia puede generar alarma, que siga su recorrido”, manifestó en declaraciones a la prensa.
El 12 de setiembre de 1992, agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) detuvieron Maritza Garrido Lecca en la casa donde escondía al cabecilla terrorista Abimael Guzmán.
En el 2002 fue condenada a cadena perpetua, pero en un nuevo juicio en el 2005 fue sentenciada a 20 años. Al año siguiente, tras una revisión de su proceso, le dieron 25 años, cumplidos ayer.
Pérez Mimbela también recordó que Casma fue víctima de Sendero Luminoso, agrupación terrorista a la que Garrido Lecca perteneció.
“[Sendero Luminoso] le hizo mucho daño a nuestra patria y sobre todo a nuestra provincia. En Pariacoto mataron a tres curas [los polacos Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski y el italiano Alessandro Dordi] y también cometieron otros atentados en Yautan”, refirió.
El lunes, un grupo de vecinos de Miraflores (Lima) le pidió al alcalde Jorge Muñoz que declare persona no grata a Maritza Garrido Lecca, quien se suponía que iría a vivir a la casa de su madre, en un edificio de la urbanización El Rosedal.
Una carta circula entre los vecinos para que se adhieran con sus firmas. En los próximos días será presentada a la comuna miraflorina.
Muñoz informó el lunes pasado que ha coordinado con el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para que la Policía Nacional “se mantenga vigilante ante cualquier alteración del orden público” en la zona.
Solo tiene prohibido ejercer la docencia
Garrido Lecca dejó la prisión sin haber pagado la reparación civil de S/60 mil que adeuda al Estado.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, señaló que su despacho trabaja para garantizar que se cumpla esta deuda.
Una de las últimas declaraciones públicas de Garrido Lecca fue para la revista chilena “The Clinic”, en el 2013. “Lo hecho, hecho está”, afirmó.
El Decreto Supremo 19-2010-ED es la única disposición legal que establece una prohibición para los condenados por terrorismo: ejercer la docencia en instituciones públicas o privadas.
“No existe otro impedimento”, explica el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo Marcos Ibazeta.
El ex magistrado propuso incidir en declarar una muerte civil en el plano económico para los condenados por terrorismo que no paguen sus reparaciones civiles.
En tanto, el penalista Luis Lamas Puccio planteó que el sistema de inteligencia haga un “seguimiento” para ver si esta persona sigue en actividades terroristas.
A finales del año pasado, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) presentó dos proyectos de ley: la “muerte civil” para condenados por terrorismo y la prohibición de que participen en procesos de elección popular.
Becerril cuestionó que aún no entren a debate en la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por su colega de bancada Úrsula Letona. Sin embargo, dijo que espera que el fujimorismo apoye esta propuesta.
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