Mensaje de Vizcarra debió incluir más acciones claras de lucha anticorrupción, según especialistas

Especialistas en derecho constitucional y penal, consultados por El Comercio, analizaron el mensaje del presidente Martín Vizcarra sobre reforma de justicia y lucha contra la corrupción, y consideraron que le faltó acciones claras.

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Vizcarra, en su mensaje por Fiestas Patrias, reseñó, entre otros aspectos, la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la actuación de esta frente al caso Los Cuellos Blancos (que dispuso la suspensión de los fiscales y jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Martín Hurtado). También hizo un llamado al Congreso de la República para trabajar en conjunto y evitar la impunidad vinculada al sector político.

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“La ciudadanía necesita estar liderada por políticos que no solo sean un ejemplo de honradez, sino también de idoneidad en el ejercicio del cargo”, dijo.

Finalmente, anunció que la reforma del sistema de justicia, sería uno de los cinco puntos del Pacto Perú, que propuso a los sectores políticos y sociales, de cara al Bicenternario.

-Ideas correctas, pero medidas más radicales-

Para el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, debe reconocerse la importancia de que el presidente Martín Vizcarra, se haya referido a la lucha contra la corrupción y la relación que tienen ésta con la integridad, como son los aspectos de reforma política y judicial.

“Eso es importante porque es el desafío más grande, no solo del gobierno del presidente Vizcarra; sino un desafío histórico. Ese desafío histórico ha sido ya diagnosticado por el famoso libro de Alfonzo Quiroz ‘Historia de la corrupción en el Perú’ y otros (…) estos aspectos son centrales; y se refieren a una corrupción que no se puede vencer todavía, que es endémica y estructural”, señaló.

Dicha corrupción, explicó se divide en dos: El abuso de poder, vinculado a la reforma política. “Porque el abuso de poder es un escenario en el cual nuestros políticos, en toda la historia republicana, pero sobre todo a raíz del caso Lava Jato, han hecho uso de manera impune”, dijo.

Lo segundo -prosguió- es el tema de la impunidad, y eso lo relacionó a la importante tarea de la reforma judicial, donde muchas veces los actos de abuso de poder no pagan factura.

“Me parece correcto que haya sido mencionado en el mensaje del presidente porque a lo largo de la historia republicana; y presente, lo que hay es una traición permanente a la patria; y esto lo hemos visto desde la recuperación de la democracia (2001) en adelante. Todos los presidentes, todos traicionaron a la integridad de la República”, remarcó.

Tras lo bueno del discurso, Maldonado advierte que “hubiera sido muy importante que Vizcarra se haya referido a las acciones en el ámbito de la prevención de la (lucha contra) corrupción”.

Por ejemplo, explicó Maldonado, fortalecer la Contraloría General de la República, pues si se tiene un diagnóstico de que el Estado está siendo atacado en su integridad, por manifestaciones políticas; léase delincuencia de poder, criminales de cuello blancos o ‘power crimes’ (crímenes de poder), donde este genera impunidad, “lo que hay es fortalece las medidas de prevención”.

“Sea la gran corrupción, pero también la corrupción menuda. Por ejemplo estos clanes familiares vinculados a la Policía que hacen negocio con el Estado, los alcaldes que se quedan con las canastas de apoyo humanitario (…) todo eso demuestra un escenario de corrupción, donde recuperar el dinero del Estado es casi imposible ¿Cuánto dura un proceso en el Poder Judicial?”, cuestionó el exprocurador.

Por ello, lamentó que pese a que el sistema judicial ha hecho avances, con gente notable, aún persistan personas cuestionadas en su interior.

“Lo que hay que hacer es fortalecer la prevención y eso el Poder Ejecutivo puede hacerlo y para eso, incluso, no requiere una cirugía fuerte del Estado y es lo que falta”, señaló.

Sostuvo entonces que, la Contraloría General debe entrar con “mano fuerte” no solo en la administración de los recursos centrales; sino también regionales, e impedir que “que cualquier señorón que se crea en una región, gasten dinero en tonterías”.

“Lo que estamos hablando son los aspectos más saltantes de la lucha contra la corrupción, pero no son los únicos. Plantear una reforma política que señale ciertos requisitos que se refieran a sentencias condenatorias, en el contexto actual, es insuficiente. ¿Cómo se prueba que es insuficiente? Porque el actual Congreso permite la presencia que son in insulto a la integridad, allí está el excontralor Edgar Alarcón y otros; la reforma política en esta línea demanda reformas más radicales y no basta solo con sentencias condenatorias”, demandó.

En ese sentido, sostuvo que incluir la reforma de justicia en el Pacto Perú, es una medida que –”sí debería ser más desarrollada y explicada”, pero que; sin embargo, representa un remozamiento del alicaído Acuerdo Nacional, que hoy es un instrumento muerto.

“Lo que quiero decir es que el estándar que hay que adoptar para enfrentar con coherencia un discurso que señala la importancia por la integridad, exigen medidas más radicales de las que estamos hablando”, concluyó.

-Falta aterrizar ideas-

Una visión más critica expresó el especialista el temas constitucionales, Luciano López, quien indicó que el discurso tuvo pocos anuncios “tangibles” y que en el rubro de justicia y lucha contra la corrupción fueron más “argumentos aspiracionales”.

“Del sistema de justicia no hubo nada relevante, no escuché una propuesta tangible”, aseveró.

Según López, los puntos más resaltantes pasaron por la unificación del Sistema de Salud y el fortalecimiento de Indecopi, que a su consideración debería tener la categoría de un órgano autónomo y eso pasa por una reforma constitucional.

“Del sistema de justicia no escuché nada relevante. De propuesta tangible a nivel de reforma fueron las dos que te mencioné (…) prácticamente ha sido un recuento y de cosas aspiracionales, pero no le he escuchado ninguna propuesta sobre justicia”, advirtió el constitucionalista.

Sobre el Pacto Perú, que tendrá como uno de los ejes la reforma de Justicia, López señaló que no se ha explicado si esto reemplazará al Acuerdo Nacional.

“La gran pregunta es, ¿entonces se va a reemplazar el Acuerdo Nacional o van han trabajar sobre la plataforma del Acuerdo Nacional?. Porque hay una mesa y no se usa, que es el famoso Acuerdo Nacional, pero entonces el Pacto Perú lo reemplaza. Hay dicho cosas, pero no ha aterrizado”, concluyó López.

-Más que comisiones, fortalecer las instituciones-

Martín Soto Florián, director del Grupo Valentín Paniagua, indicó que la finalidad del mandatario de anunciar que “la reforma judicial y política están encaminadas para construir instituciones sólidas” y convocar al Pacto Perú, para continuar con un compromiso pendiente, “es noble”. No obstante, resaltó que el camino ha tenido abandonos y fallas que deben ser evaluados por su impacto en la gobernabilidad y en los servicios que la ciudadanía recibe.

“La reforma de la justicia así como la lucha contra la corrupción han sido constantes en la retórica del presidente, y su impronta reflejó un giro, pero aparecen hoy como pendientes en este Mensaje. Ello puede deberse, entre otras razones, a la falta de una institucionalidad para hacer frente a la tarea”, sostuvo.

Por ello, explicó que más allá de la buena intención y el sentido de urgencia, se tiene que analizar los antecedentes de los pactos o mesas de trabajo.

Recordó el caso de la Comisión Wagner, donde se trató de un proceso de reforma que fue tercerizado a un grupo de expertos “y que no tuvo el acompañamiento necesario para profundizar en su implementación”. Por tanto, no fue un proceso con capacidad de diálogo político y que no involucró a la ciudadanía con la discusión pública.

“Tercerizar procesos políticos que deberían de discurrir por canales institucionales produce impacto en la agenda mediática, pero debilita los espacios existentes. Llámese el Acuerdo Nacional, Comisión de Alto Nivel

Anticorrupción (en PCM), Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (en Minjus), tenemos espacios que requieren fortalecerse y convocar comisiones ad hoc, no lo hace”, consideró Soto Florián.

En esa línea, remarcó que desde el 2016 a la fecha, se han tenido comisiones que hacen lo mejor que pueden, en el tiempo que disponen; que se han ocupado de ver la reforma de justicia, la lucha anticorrupción y la reforma política, dejando de lado, por ejemplo, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, de cuyo cumplimiento se podría conocer más.

“En el tema integridad y anticorrupción, todavía no tenemos un sistema que converse y articule el trabajo, se requiere fortalecer la poca institucionalidad del Sistema y sus mecanismos de coordinación (PCM, Minjus, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, Contraloría, Defensoría, PNP, Inpe, Mininter, INEI) ; corregir la falta de data y evidencia en el diseño de políticas públicas; y desarrollar en serio un enfoque preventivo”, detalló.

En conclusión, Soto señaló que hay avances, como los pasos que viene dando la Junta Nacional de Justicia, en relación a los procesos a diversos fiscales y jueces supremos, pero se requiere mayor acompañamiento y coordinación al más alto nivel.

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