La fiscalía buscó que se dicte un impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por seis meses.  (Foto: GEC)
La fiscalía buscó que se dicte un impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por seis meses. (Foto: GEC)
Redacción EC

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido fiscal de impedimento de salida del país para la ex primera dama y otros 26 investigados por el Caso del gasoducto sur peruano.

El magistrado tomó la misma decisión respecto a Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes Rodríguez y René Cornejo, exministros del gobierno de Ollanta Humala. También sobre los exfuncionarios Edgar Ramírez Cadenillas y Gustavo Navarro.

El 26 de setiembre, la fiscal Geovanna Mori solicitó impedimento de salida del país para por un plazo de seis meses ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción. Se investiga la presunta existencia de un pacto colusorio en las concesiones del proyecto.

Según la tesis del Ministerio Público, el gobierno del expresidente Ollanta Humala habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht.

Resolución judicial sobre Caso Gasoducto
Resolución judicial sobre Caso Gasoducto

En su resolución, el juez Sánchez Balbuena señala que las razones de la fiscalía, respecto a que la medida resulta indispensable para la investigación del caso, no se justifican. El Ministerio Público, por ejemplo, indicó que la presencia de los investigados era necesaria para las diligencias sobre dispositivos electrónicos confiscados o para el deslacrado de documentación incautada por la indagación.

“A criterio del suscrito, las razones expuestas por el Ministerio Público, que pretenden justificar que la medida resulta indispensable para la indagación de la verdad, no tiene asidero puesto que de ellas no se aprecia la necesidad de que permanezcan arraigados a nuestro país; además, que no se ha analizado de manera individual por cada investigado”, indica uno de los puntos del documento.

El juez también se pronunció sobre el posible riesgo de fuga que el MP incluyó en su solicitud. “El requerimiento fiscal, a pesar de invocar los alcances del mencionado pronunciamiento judicial [en referencia a un acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre el tema], no ha cumplido con señalar el peligro que representaría la conducta procesal de cada uno de los investigados, de manera individualizada, que justifique la imposición de la medida”, mencionó.

También señala que, pese “al registro de numerosas salidas del país por parte de los investigados, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema viene sosteniendo que ello por sí solo no puede constituir un indicio válido para inferir un peligro de fuga”.

El abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, se mostró de acuerdo con la resolución y pidió “que se investigue lo que se tenga que investigar pero con reglas claras”.

“La pretensión de la fiscalía está formulada de manera genérica, sin especificar imputaciones, sin aterrizar en hechos fácticos, concretos y, en esos términos, afectar el derecho al libre tránsito no resultaba conveniente”, añadió.

Por la investigación, el pasado 9 de julio, miembros del equipo especial Lava Jato, encabezados por la fiscal Geovana Mori, realizaron un operativo de allanamiento en la vivienda de Nadine Heredia.

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