Shack: Contraloría no realizará una investigación adicional sobre el caso Chinchero

El contralor general de la República, Nelson Shack, aseguró este miércoles que la entidad explicó que la entidad que preside no abrirá una investigación adicional sobre la suscripción de la adenda del aeropuerto de Chinchero porque esto depende del Ministerio Público.

Reveló que cuando el asumió el cargo en el 2017 "ya no había" documentación sobre este caso, puesto que había sido intervenida por el Ministerio Público.

"He llegado a la contraloría y documentación sobre el tema de Chinchero ya no había, pero eso es parte del proceso fiscal, está bien. Nuestro trabajo termina con la emisión del informe. Antes de que yo llegara a la contraloría, la fiscalía intervino la contraloría y retiró todos los expedientes de Chinchero, todo", sostuvo en su intervención en la Comisión de Fiscalización.

"La fiscalía en materia penal en sus investigaciones puede usar como insumo el informe de la contraloría y puede comprender a más funcionarios o a más personas. Por eso que el titular de la acción penal es la fiscalía y no a la contraloría. Ante la pregunta de si se iniciará una investigación adicional sobre la suscripción de esta adenda, con esto he respondido", señaló.

Shack detalló que la contraloría solo analiza la responsabilidad administrativa en un hecho específico y aseveró que, una vez iniciada la investigación del caso Chinchero por el Ministerio Público a su entidad le corrrespondía brindarle toda la información correspondiente a los fiscales a cargo del caso.

"En el caso de la adenda del contrato de Chinchero se hizo la auditoría respectiva, se identificaron una serie de responsabilidades de orden administrativo. Ese expediente ya estaba en manos de la fiscalía y se estaban haciendo las investigaciones, entonces, lo que le correspondía al sistema de control es solamente analizar el tema administrativo y darle toda la información a la fiscalía", manifestó.

"Los ministros y los altos dignatarios no tienen responsabilidad administrativa práctica porque tienen antejuicio y ese antejuicio se activa cuando hay problemas penales, no problemas administrativos. Cualquier posibilidad administrativa de un alto dignatario es ilustrativa, no tiene efecto", explicó.

Como se recuerda, el 23 de mayo del 2017 la Contraloría General de la República, entonces a cargo de Edgar Alarcón, entregó un informe que confirmaba irregularidades en la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, y detallaba que habían 10 funcionarios públicos con responsabilidad penal.

En ese momento, se descartó que entre los responsables penales estuvieran los entonces titulares del Ministerio de Trasnportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vizcarra y Alfredo Thorne respectivamente.