La jueza María de los Ángeles Álvarez decidirá en las próximas semanas sobre la solicitud de la empresa.
La jueza María de los Ángeles Álvarez decidirá en las próximas semanas sobre la solicitud de la empresa.
María Isabel Álvarez

La constructora solicitó el lunes pasado ante la jueza María Álvarez Camacho que se ejecute la sentencia que validó el acuerdo de colaboración eficaz que firmó con el equipo especial y la procuraduría ad hoc, luego de la controversia generada por el pedido de reembolso de dinero por la hidroeléctrica .

Hace una semana, la magistrada dirigió una audiencia reservada en la que evaluó la solicitud de la empresa, presentada a fines de agosto, con el objetivo de que sea liberado el excedente de la venta de Chaglla, que asciende a S/524 millones. No se trató de un pedido para aclarar una cláusula, sino más bien una solicitud a la jueza para que se cumpla con la sentencia que ella emitió.

Según pudo conocer El Comercio, durante la diligencia que duró tres horas, el fiscal José Domingo Pérez y el procurador Jorge Ramírez ratificaron ante la jueza su posición de eximir a la empresa de la aplicación de la Ley 30737, un beneficio incluido en la sentencia de colaboración y que hasta el momento no ha sido ejecutado por el Ministerio de Justicia.

La inaplicación de esa norma permitiría que el monto sea entregado a Odebrecht.

–Preguntas y respuestas–

Ante la jueza Álvarez, el fiscal Pérez presentó las actas de las últimas diligencias en Brasil con Jorge Barata, donde se deja constancia de que no se pudo acceder al total de la información sobre presuntos actos de corrupción, “producto del incumplimiento del Estado peruano”.

Además, el fiscal le mostró a la magistrada los acuerdos de colaboración preparatorios que ya se han suscrito con Odebrecht, donde reconoce su culpabilidad en nuevas obras.

Fuentes judiciales también indicaron que la fiscalía reiteró que no existen investigaciones en curso a la empresa. Pérez le recordó a la jueza que en los 781 tomos del acuerdo de colaboración eficaz se incluyó un listado con las investigaciones en todo el país, y que en ninguna había sido incluida Odebrecht. Señaló que incluso el caso del gasoducto sur ya había sido informado al juzgado.

Esa fue la respuesta de Pérez luego de que la jueza le preguntara sobre el proceso de colaboración con Odebrecht, desde que emitió la sentencia con la que aprobó el acuerdo en junio pasado.

En tanto, al procurador Ramírez la magistrada le consultó sobre su posición en torno al pedido de la empresa, y este ratificó su postura a favor de la liberación del dinero para que la constructora tenga liquidez y continúe colaborando con la justicia. Al abogado de Odebrecht, José Allemant, la jueza le preguntó sobre la situación financiera de la compañía.

Se plantearon una serie de preguntas y respuestas que ayudarán a la magistrada a decidir sobre el pedido de la empresa.

El pronunciamiento que emita la jueza Álvarez determinará si el Ministerio de Justicia reembolsa o no los S/524 millones a Odebrecht, un monto que la firma considera necesario para permanecer en el país y seguir colaborando con las investigaciones.


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