(Editorial) Padres, directores y ataduras

La desalentadora noticia sobre el último puesto en la prueba PISA no fue una sorpresa. La última evaluación censal de estudiantes de segundo grado, después de todo, ya había comprobado que el rendimiento de los estudiantes estaba casi estancado en comprensión lectora e incluso había retrocedido ligeramente en razonamiento matemático, esto después de algunas pequeñas mejoras durante los últimos años del gobierno anterior.

Lo ocurrido ya es historia conocida. El gobierno actual suspendió la aplicación de la ley de carrera magisterial que había logrado incorporar a más de 50 mil maestros a un proceso meritocrático y voluntario, para reemplazarla por una nueva carrera obligatoria para todos pero que todavía no ha dado su primer paso. Asimismo, el concurso para directores y subdirectores previsto para octubre del año pasado tuvo que ser suspendido en dos ocasiones por el ministro Jaime Saavedra porque no estaba bien organizado. El ministerio ha anunciado que recién se realizará en el segundo trimestre del 2014 para asegurar que funcione sin fallas y no haya cuestionamientos. Entre una y otra cosa, para ese entonces habremos perdido casi tres años de reforma.

Ya que estamos postergando la reanudación del camino meritocrático hasta casi mediados del presente año, habría que hacer que el tiempo perdido sea compensado, por lo menos en parte, con una reforma más seria. Una manera de lograr esto sería delegar en los directores atribuciones amplias para tomar decisiones en todos los aspectos de la gestión escolar. Y es que, hoy en día, ellos son directores solamente de nombre, pues en la práctica no cuentan con autonomía para adoptar los cambios pedagógicos y curriculares que su escuela necesita, no tienen facultades para elegir qué profesores contratar, ni pueden despedir a los maestros que tienen un desempeño pobre. Además, tampoco pueden sancionar a los alumnos indisciplinados ni ajustar el horario a las necesidades de los estudiantes de la zona. Y, menos aun, pueden contratar como docentes a profesionales que no sean pedagogos, a pesar de que muchos académicos de diversas especialidades podrían hacer una estupenda labor si se incorporaran a las aulas.

Los directores, en buena cuenta, tienen las manos atadas en todos estos aspectos porque las decisiones sobre la gestión de las escuelas estatales son compartidas por el colegio, la Unidad de Gestión Educativa Local, la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación. Es decir, la enseñanza, como tantas otras cosas importantes en nuestro país, ha quedado atrapada en la enorme burocracia peruana y bajo una planificación centralizada que obliga a todas las escuelas a compartir el mismo esquema de fracaso.

Por otro lado, el empoderamiento de los directores debería venir acompañado del empoderamiento de los padres de familia. Esto se podría lograr a través de diversas medidas complementarias. Primero, difundiendo los resultados de las evaluaciones de rendimiento de estudiantes de cada colegio. Eso permitiría a los padres medir la evolución de la calidad de la enseñanza en la institución de sus hijos e incluso compararla con escuelas similares. Segundo, implementando un sistema de subsidio a la demanda. Es decir, que el financiamiento de los colegios no se les entregue a ellos directamente, sino que se ponga en manos de los padres a través de “bonos educativos” que servirían para que ellos paguen directamente a las escuelas. De esta forma, los recursos públicos y los alumnos se dirigirían a los colegios cuyos directores consigan mejores resultados.

Finalmente, sería el momento de ensayar nuevos modelos de gestión. Se podría, por ejemplo, concesionar la operación de redes de centros educativos a empresas o instituciones dentro del modelo de Fe y Alegría, cuyos colegios, siendo públicos, exhiben rendimientos muy superiores al promedio.

El Perú necesita romper el statu quo y experimentar nuevas ideas. De poco servirá el nombramiento por concurso de 15 mil directores si es que sus manos siguen atadas y si los padres de familia no tienen, en la práctica, el derecho de buscar la mejor educación para sus hijos.