He sostenido que la grave situación económica y social generada por la pandemia debe terminar generando una suerte de sinceramiento ideológico en las elecciones generales que se vienen, en detrimento de las posiciones de centro. Porque es claro que la recuperación económica requerirá de soluciones que vayan al fondo de los problemas.
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Ante la dura situación económica habrá, simplificando, dos ofertas electorales opuestas: la que sostenga que la única manera de salir es facilitando la inversión, el crecimiento y formalización de los emprendimientos y la generación de empleo por medio de la eliminación de trabas y cargas de todo tipo, junto con un Estado eficiente y reformado que dé un buen servicio de salud para todos; y la que sostenga que la situación es consecuencia del modelo neoliberal y del abuso de las grandes empresas y que por lo tanto hay que redistribuir (y eventualmente expropiar) la riqueza y cambiar el capítulo económico de la Constitución para ampliar el rol empresarial del Estado.
En suma: generar riqueza versus redistribuir la riqueza existente, las dos posiciones clásicas del siglo XX. La segunda sucumbió aplastada en medio de los escombros del muro de Berlín en 1989, pero en el Perú nunca murió. La pandemia le dará nueva vida.
Y obligará a la otra a hablar claro, a explicitar su mensaje, más apropiado que nunca. Por eso es que en este proceso electoral, a diferencia de los anteriores, han surgido tantas candidaturas de derecha o centro derecha liberal (en lo económico): George Forsyth (aunque falta confirmar su propuesta), Keiko Fujimori (que ha retomado la defensa del capítulo económico), Hernando de Soto, Fernando Cillóniz, Máximo San Román, quien fuera el candidato del PPC, Pedro Cateriano, Rafael López Aliaga y eventualmente otros.
Es posible que estas candidaturas proclamen abiertamente la necesidad de eliminar trabas, requisitos y cargas regulatorias insoportables que impiden la recuperación de los empleos y de los emprendimientos de todo tamaño. Y podrán explicar entonces cómo esos cambios tendrán un efecto redistributivo e inclusivo enorme, al incorporar a los peruanos a la ley, a la formalidad y, por lo tanto, al crecimiento sin barreras. Más aún si eso viene acompañado de políticas de consolidación de la propiedad y empoderamiento tecnológico de los sectores populares, y de reforma radical de los servicios públicos.
Es posible, entonces, que este sinceramiento ideológico capture votos para ambas posiciones en detrimento de las candidaturas que planteen discursos más neutrales o de centro (en lo económico).
Esto en el eje económico. Pero también está el eje institucional donde las ofertas de orden y mano dura, potencialmente autoritarias, buscarán captar votos frente a ofertas que propongan afirmar el orden por medio de la institucionalización del país, avanzando de verdad en las reformas política, judicial, del Estado y de la formalidad, donde tiene que haber propuestas claras.
La pandemia obliga a decir las cosas por su nombre. Las grandes crisis obligan a producir grandes cambios, que renueven las capacidades de crecimiento e institucionalización. El próximo presidente debería ser el llamado a realizarlos. Pero la proliferación de candidaturas lo enfrentará a un Congreso también fragmentado. Ojalá pueda formar una coalición de gobierno.
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