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La semana pasada comentaba que uno de los grandes límites en el combate al COVID-19 reside en las carencias de nuestro Estado. Tenemos cierta autonomía y capacidad para diseñar y financiar políticas, pero graves problemas de implementación. Afloran problemas de coordinación entre entidades del mismo gobierno y entre niveles de gobierno; precisamente por ello hubo necesidad de crear un comando de operaciones COVID-19, problema que también ha sido elocuente con la atención a la población retornante desde las grandes ciudades a sus regiones de origen.
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Al mismo tiempo resulta que tenemos recursos para comprar diversos suministros, pero estas adquisiciones se demoran, se cancelan, y peor aún, afloran serios problemas de corrupción. En este marco, los funcionarios públicos temen tomar decisiones, enfrentados a lógicas de control que funcionan para bloquear procesos que deberían ser más rápidos, pero no para desincentivar prácticas corruptas. Además, ha sido elocuente el drama de no contar con información, bases de datos, registros de la población que nos permitan conocer sus necesidades y hacerle llegar la ayuda que necesita. Hablé por eso de un Estado necrosado.
Hoy hablamos con razón de la necesidad de un nuevo pacto social o de un nuevo acuerdo nacional, por un Estado que garantice el ejercicio de derechos y el acceso a servicios básicos para todos los peruanos. Ciertamente necesitamos establecer nuevas prioridades, acompañadas de una asignación presupuestal correspondiente. Pero sin una profunda reforma del Estado, la eficacia a la que aspiramos será imposible. Esa es también una de las lecciones de la crisis que sufrimos.
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¿Qué hacer? Para empezar, retomar la reforma del servicio civil, establecer una carrera pública meritocrática, que cubra el conjunto del sector público, incluyendo gobiernos regionales y municipales, al menos los más grandes; ampliando sus alcances, reduciendo el número de cargos de confianza. Mejores funcionarios facilitarán las capacidades de coordinación entre instituciones, donde debe haber orientaciones, liderazgo y responsabilidades claras; priorizando la salud, la educación, la creación de sistemas de información, la inclusión financiera de toda la ciudadanía.
De otro lado, urge retomar la discusión sobre la descentralización del país. Es claro que el gobierno nacional no será capaz de llegar hasta el último rincón del territorio, pero al mismo tiempo tenemos una extrema fragmentación y “feudalización” del territorio. Así, donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para estar más presente es precisamente donde la capacidad institucional es más precaria. Necesitamos un nuevo esquema. Al mismo tiempo, urge atender la mejora en la representación política a nivel subnacional. Algo hemos discutido sobre partidos nacionales y el Congreso, pero muy poco sobre movimientos regionales, consejos regionales, concejos municipales. En la Comisión de Reforma Política hicimos una propuesta al respecto, que podría servir como punto de partida.
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