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Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
El Poder Ejecutivo ha advertido con insistencia que las semanas venideras serán “muy difíciles,” pues se espera que el pico de contagios por el COVID-19 se alcance hacia el 21-23 de abril (otros expertos han indicado que ello se produciría en la última semana de este mes o a inicios de mayo). Quizá la declaración que mejor ejemplifica esta dura circunstancia provino del ministro de Salud, Víctor Zamora, al anunciar la creación de un comando humanitario de levantamiento de cadáveres.
Declaraciones sin duda crudas, pero en medio de esta difícil coyuntura es preferible la transparencia a que nuestras autoridades edulcoren la realidad.
Políticamente, el gobierno afronta esta nueva etapa con algunos flancos adicionales. Si bien es cierto que la capacidad de desestabilización del Congreso de la República se ha visto seriamente disminuida ante los lamentables casos de contagios de legisladores y trabajadores del Parlamento (lo que origina que se paralicen los impertinentes plenos presenciales que venía organizando la representación nacional en contra de las disposiciones de aislamiento social), las críticas desde el frente regional, usualmente un aliado del presidente Vizcarra, empiezan a escucharse con más fuerza.
Los primeros en protestar fueron los gobernadores de la Mancomunidad del Sur, que en un exceso de susceptibilidad rechazaron las declaraciones que la responsable del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, realizó la semana pasada en Arequipa (exigiendo que se eviten “declaraciones que parecen imposiciones”).
A este hecho siguió un contundente pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, que imputó al Ejecutivo haberse demorado en la transferencia de recursos presupuestales a las autoridades regionales y adolecido de previsión para adquirir insumos y equipamiento necesarios para afrontar la emergencia nacional. Los gobernadores, asimismo, respaldaron a sus pares de Loreto, Lambayeque y Arequipa desplazados del manejo de la crisis sanitaria en sus regiones por el Comando COVID-19.
Por otro lado, las restricciones adicionales impuestas a la circulación de personas a inicios de la semana pasada (‘pico y placa’ por sexos más aislamiento social total el Jueves y Viernes Santo) y el aparente efecto contraproducente apreciado en las aglomeraciones en los mercados de todos los estratos socioeconómicos han desatado una serie de cuestionamientos en la opinión pública a esta estrategia, restando autoridad al llamado comité de prospectiva y desnudando la necesidad de que ciertas medidas se revisen (horarios de atención en bancos, mercados y farmacias, por ejemplo).
Más importante aún, si bien el gobierno ha corregido el ‘pico y placa’ por sexos, una derivación de este episodio ha sido la constatación de que por momentos sobran voceros en el Ejecutivo y de que algunos de los colaboradores que ha convocado no saben guardar la reserva mínima de las recomendaciones que en teoría deberían alcanzar en privado al presidente y al Consejo de Ministros.
Entrando al pico de la pandemia, entonces, sería conveniente que el gobierno propicie una mejor articulación con los gobiernos subnacionales y cohesione sus esfuerzos comunicacionales para evitar mensajes contradictorios y excesos de protagonismo.
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