El infierno, desgraciadamente, queda en el Perú. En Puno, concretamente, a 5.400 metros sobre el nivel del mar, en el centro poblado más alto del mundo, conocido como La Rinconada. Setenta mil personas viven en esta localidad, cuya entrada es un enorme botadero de basura y donde la principal actividad es la minería ilegal. La altura hace difícil respirar, graniza casi todo el año y la temperatura llega a los 25 grados centígrados bajo cero. El agua potable y el alcantarillado no existen y la principal fuente de agua es una laguna contaminada por el mercurio utilizado para la extracción de oro. Las autoridades estiman que en este lugar 4.500 mujeres trabajan en situación de explotación sexual en los 400 prostíbulos los que acuden los mineros. De ellas, unas 1.500 serían menores de edad, la mayoría de las cuales fueron secuestradas en otra ciudad o llevadas con engaños a la zona. Los homicidios brutales, asimismo, tampoco son cosa extraña en La Rinconada. Por poner un solo ejemplo, hace siete meses el cuerpo sin vida de Susy Delgado Quispe, una muchacha de 21 años proveniente de Trujillo, apareció atado de pies y manos en una calle. Susy, quien se dedicaba a la prostitución, fue apuñalada doce veces en el pecho.
El espanto que se vive en La Rinconada, sin embargo, no es ajeno a otros lugares. La Pampa, en Madre de Dios, por poner otro caso, es prácticamente una zona liberada, donde las mafias de la minería ilegal controlan todo lo que sucede en los 15 campamentos mineros de la zona, en los cuales menores de edad son forzadas a prostituirse en los numerosos burdeles. El año pasado, un reportaje de “Cuarto poder” reveló cómo las jóvenes que tratan de escapar son asesinadas a modo de ejemplo para las demás. Las que se enferman a menudo corren la misma suerte cuando sus captores no sienten que sale a cuenta tratarlas. Se estima, además que el 30% de ellas tiene VIH.
La infernal situación de La Rinconada y La Pampa es natural donde la minería ilegal reina. Y es que esta actividad, que depreda el medio ambiente y que hoy día mueve más dinero en el Perú que el narcotráfico, trae de la mano numerosos otros delitos: sicariato, extorsión, trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros.
A pesar de que esta realidad es conocida, la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo (autora del proyecto de control de la prensa y quien fuese denunciada por dos funcionarios públicos de haberlos extorsionado) acaba de plantear un proyecto de ley que, de ser aprobado, excluiría el delito de minería ilegal de la lista de delitos sancionables bajo la ley de crimen organizado. En consecuencia, las autoridades tendrían menos recursos legales para perseguir a sus autores, quienes además recibirían penas menores.
¿Por qué el partido que siempre ha prometido mano dura contra el crimen decide ahora ponerse blando contra las mafias de la minería ilegal? ¿A eso se habrá referido Keiko cuando en campaña viajó a La Rinconada y les prometió por escrito a los mineros, a cambio de su apoyo, “erradicar el abuso de instituciones del Estado”?
Quién creería que las cosas se pueden poner peor incluso en el infierno.
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