Nadine no la tendrá ‘barata’, la columna de Cecilia Valenzuela

Hoy culmina el plazo de la investigación fiscal del caso del gasoducto del sur en el que solo están comprendidos Edgard Ramírez Cadenillas, el presidente del Comité de Proseguridad Energética de Pro Inversión desde mayo del 2014, encargado de asignar la buena pro de la obra, y Claudia Hokama Kuwae, la representante del consorcio Gasoducto Sur Peruano, el consorcio que Odebrecht formó para ganar la licitación.

Los demás responsables han logrado, hasta el momento, escabullirse, o han visto refundir sus nombres en otros expedientes a causa de la duplicidad de la investigación iniciada por la fiscalía. Los abogados de los estudios Delmar Ugarte y Echecopar, por ejemplo, han apelado al derecho a la reserva para no declarar, con lo que aún la fiscalía no ha podido probar que el informe legal que firmaron para avalar la expulsión del otro consorcio fue redactado horas después de que los ministros que formaban el consejo directivo de Pro Inversión tomaran la decisión política de dejar a Sempra-Techint fuera del juego y a Odebrecht como postor único.

Si el fiscal superior César Zanabria, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, no unifica la investigación del caso del gasoducto y la remite a la segunda fiscalía provincial, que ha venido investigando desde el 2014, la coima más grande cobrada en el Perú no será castigada.

El colaborador eficaz 01-3D2FPCECF dijo el 26 de setiembre de este año que Nadine Heredia planificó la variación del proyecto a favor de Odebrecht, y que a inicios del 2012 influyó para que Pro Inversión iniciara los estudios para ampliar la capacidad del ducto y aumentar así el costo del proyecto. Lo concreto es que a fines del 2012 la bancada nacionalista aprobó la ley de seguridad energética que modificaba el proyecto inicial del gasoducto del sur.

Según el mismo testigo, Jorge Barata, el mandamás de Odebrecht en Lima, coordinaba directamente con Heredia los detalles para perfilar las bases de la licitación; el testigo afirma que en octubre del 2013 Barata le pidió a Heredia aplazar la convocatoria para la licitación, hecho que ocurrió y que los funcionarios de Pro Inversión podrían, fácilmente, confirmar.

En su declaración, el testigo destaca la coincidencia entre la designación del ministro Eleodoro Mayorga y el cambio del presidente del comité de Pro Inversión encargado de otorgar la buena pro del proyecto. Según el testigo codificado por la fiscalía, Ramírez Cadenillas fue nombrado a solicitud de Jorge Barata y las coordinaciones entre Ramírez, Barata y Heredia concluyeron en el desembarco del consorcio competidor de Odebrecht el último fin de semana de junio del 2014.

Y así fue, entre el viernes 27 y el lunes 30 de junio del 2014 los funcionarios de Pro Inversión, los ministros de Estado que integraban el consejo directivo de Pro Inversión y los abogados vinculados al proyecto del gasoducto se reunieron y despacharon en horas inopinadas hasta conseguir el pretexto para entregar a Odebrecht la obra de infraestructura más grande y millonaria, siete mil trescientos millones de dólares, que se haya otorgado en el Perú.

Con contadas excepciones, el ánimo en la fiscalía anticorrupción está muy venido a menos. Los fiscales que investigan los temas derivados del Caso Lava Jato no han iniciado, siquiera, las conversaciones necesarias para celebrar un acuerdo de colaboración eficaz con los gerentes de las constructoras brasileñas que operaron en nuestro país los últimos años.

Uno de ellos ve muy difícil que Jorge Barata, por ejemplo, delate a los políticos peruanos a los que corrompió. Eso podría ocasionarle una requisitoria en el Perú y eso no le conviene, dijo.

¿Qué espera el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para tomar cartas en el asunto?

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