¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
En su libro El espejo enterrado, Carlos Fuentes aborda el debate del eterno problema de la identidad cultural latinoamericana. Un problema que comienza por el dilema de conocerse y desconocerse a uno mismo por medio del espejo, objeto mítico y real que nos confronta con nosotros mismos y con nuestros temores más profundos.
En materia de conectividad, es preferible evadirnos de los retos de la digitalización, no reconocer los esfuerzos públicos y someter a un escrutinio asfixiante y destructivo las iniciativas que puedan conectar y generar inclusión digital a más ciudadanos en Perú.
Vernos en el espejo y no reconocernos en el esfuerzo público y privado por conectar a más personas nos invita a vernos terribles, desagradables, corruptos y lacerantes con la sociedad.
El esfuerzo más honesto se transforma en la más terrible y desagradable imagen por ignorancia o mala fe. La imaginación nace y el escándalo se reproduce. Esto sucede de forma epidémica en Perú, ahora mismo.
En los últimos días, imágenes mías e hipótesis narrativas se han vinculado a mi persona en medios de comunicación de Perú. Eso refleja el vibrante derecho a la información y la libertad de expresión que se vive en este entrañable país. También refleja su ímpetu democrático y la búsqueda de la institucionalidad de la República y la transparencia. Lo celebro.
Por esa razón, le he solicitado al periódico El Comercio, investigador primario de este tema, la oportunidad de participar de este ejercicio, precisar mi posición, contribuir con datos a la información de este suceso y aportar al derecho a la verdad. No he tenido ni tengo ninguna relación profesional con nadie en Perú. Solo la he visitado en 2 ocasiones, los últimos 10 años. Dicho esto, comienzo:
¿Por qué la conectividad? No hay herramienta más poderosa para igualar a los ciudadanos y transformar la sociedad que Internet y los servicios de telecomunicaciones. Quien se mantiene conectado, preserva su libertad de expresión, derecho a la información, acceso a la información pública, salud, educación y seguridad pública. Los derechos humanos se habilitan con una conexión a Internet.
Cuando uno está conectado, entra de lleno a la economía digital y puede evolucionar a una economía más moderna, efectiva e inmediata. La conectividad fortalece la democracia, las instituciones de la República y, dentro de ellas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. He sido profesor de derecho a la información, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y éste es un valor vital que defiendo y que la conectividad garantiza.
El encuentro con la ministra. Desde mi posición académica, de analista y como abogado de derecho a la información y de la tecnología, era una incógnita la conectividad en Perú.
Hubo cinco viceministros en menos de dos años y mientras toda América Latina había terminado su proceso de asignación de espectro 4G, Perú todavía no. Mientras Chile, Brasil, República Dominicana y México lanzaban 5G en sus territorios, Perú apenas lanzaba 4G con un retraso épico.
La sorpresa fue que una joven, brillante economista y académica, tomó el reto. Eso llamó la atención de todos en América Latina. Sin conocernos, ambos coincidimos en la intención y concretamos un encuentro.
¿De qué se habla con una académica y ministra disruptiva en su país? Del derecho de acceso a Internet como derecho fundamental, de la habilitación de derechos humanos en el mundo digital y de economía digital, con un enfoque académico, epistémico y multidisciplinario. Yo le llamo “Derecho Digital”. De inclusión y transformación digital, desde un enfoque novedoso para la investigación. Esto tuvo máxima visibilidad en redes esa noche.
De eso se habla con estos líderes emergentes. Tengo el privilegio de dedicar mi vida a escribir sobre política, regulación y derechos digitales; es mi privilegio aprender de disruptores y líderes haciendo que las cosas sucedan.
¿Qué ha hecho Perú? En los últimos 10 años, Perú incorporó nuevos operadores móviles como Entel y Bitel, generó competencia e inversión en el sector. Sus datos son estos: 87% de usuarios de Internet. Velocidad de banda ancha móvil: 18.18 Mbps y de banda ancha fija, 81.60 Mbps (Speedtest). Cobertura de banda ancha de 95% y 119% de conexiones móviles. Movistar tiene una espléndida iniciativa social con 3.5 millones de usuarios en áreas rurales mediante Internet para Todos; Bitel fue el líder en la reciente licitación 4G, quiere competir. Claro sostiene su filosofía de invertir y reinvertir. Entel es un operador disruptivo que crece. Perú tiene todo para mejorar su conectividad.
¿Es suficiente? No. La calidad de las redes es baja, porque poco más de 50% son 4G y el ancho de banda es de los más bajos de la región. Han ocurrido ciertas acciones de política pública fallidas, como dificultades para conectar las zonas rurales en Perú. Una red troncal de fibra óptica subutilizada. Constantes sanciones y multas a los operadores, suspensión de ventas de chips, retraso en la licitación de espectro 4G y falta de una hoja de ruta 5G.
Por si fuera poco, la Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó elevar la velocidad mínima garantizada de los servicios de Internet para que se contraten al 70%, respecto del actual 40%. Una buena idea, sin entender el problema: sin una licitación de espectro que garantice esa calidad, sin facilidades de despliegue de fibra óptica, radiobases y sin desregulación. Esta ley es una quimera. Sólo 5G necesitará 10 veces más fibra y 10 veces más radiobases.
La cumbre en Shanghai. Entonces, ¿por qué una reunión de política pública y regulación en el Mobile World Congress Shanghai? Igual que en Barcelona, el encuentro entre autoridades es una tradición, nada nuevo y vital para aprender de una sociedad digital en transición. Fue para que los legisladores conocieran experiencias exitosas de otros países líderes en la región como Brasil, México y Chile. Que conocieran el diseño institucional de órganos robustos y de nueva política pública. A Perú le falta un regulador poderoso y robusto, que planee su espectro, que sea competente en competencia económica y contenidos audiovisuales y una ley actualizada de infraestructura digital.
De eso se tratan estos encuentros. Todas las autoridades deberían de ir. El mundo digital está en transición y sus instituciones reguladoras, también. De 18 países iberoamericanos, sólo en Perú se ve mal que sus legisladores asisten a eventos globales y aprendan de las mejores prácticas internacionales, pero celebro la transparencia de las formas.
La actuación a título personal de estos legisladores en esos viajes, su aprendizaje o no; las oportunidades que construyan, así como sus hojas de vida, son su responsabilidad exclusiva, y su actuación pública, también. A actuaciones fuera de la ley, la fuerza de la ley y la transparencia. Ahí acaba toda explicación.
Coordenadas contra la corrupción en un mundo digital. No hay sociedad ni derechos digitales sin redes robustas de telecomunicaciones. Sin redes no hay servicios, ni ciudades inteligentes, ni seguridad pública, educación, salud, energía ni industria. 5G habilitará estas economías verticales. Para atraer inversiones y desarrollo tecnológico, donde Perú incluso sea un líder, deben existir redes e inclusión digital. Eso no sucede. Perú no puede ser un atractivo para las empresas tecnológicas sin redes y sin ciudadanos conectados.
Por cierto, veo difícil la compra de tecnología para redes privadas de seguridad pública, industria, “energía” y puertos, sin 5G, y esa licitación está lejos. Para los que aseveran la promoción de negocios ilícitos, primero deben imaginar redes robustas con anchos de banda poderosos, como Chile, que tiene la banda ancha fija más rápida del mundo. Primero conecten, después imaginen las aplicaciones y, al final, los escenarios de corrupción.
Perú cuenta con una generación espléndida de analistas que ya estructuran algo que denomino la “escuela peruana de pensadores digitales”. Mujeres y hombres notables que pueden aportar opiniones vitales al diseño de la nueva política pública del siglo XXI que es la digital.
Le agradezco a El Comercio este espacio, lo felicito por comenzar y liderar esta investigación. Su generosidad es expresión de su rigor periodístico.
La infraestructura digital es un servicio público que garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información, por lo tanto, es universal para todos. No hay verdadero derecho a la información sin infraestructura digital. La imagen de nosotros ante el espejo y ante la sociedad no debe ser la de la injusticia ante la marginación digital. No queremos un espejo enterrado, evadiendo la realidad, sustituyéndola con imaginación, difamando públicamente y ocultando la falta de inclusión digital para todos los peruanos.
