Como ya es conocido, las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo han presentado un proyecto de control de medios. De ser aprobado, por un lado, a cualquier persona a la que se le abra una investigación por corrupción se le privaría de su calidad de accionista, director, gerente, editor o alto funcionario de un medio de comunicación. Por otro lado, crearía un organismo regulado por el MTC para garantizar la “información neutral, objetiva e interesada”. En otras palabras, de convertirse en ley, el proyecto permitiría que se calle a cualquier medio incómodo con una simple denuncia maliciosa a sus dueños o trabajadores y, asimismo, que un ministerio determine qué contenidos válidamente se puede informar a la ciudadanía. No le faltó razón a Gonzalo Zegarra, ex presidente del Consejo de la Prensa Peruana, cuando señaló que “es la norma ideal que hubiera querido Vladimiro Montesinos […] para neutralizar los medios”.
Ante la ola de críticas que generó esta iniciativa, Luz Salgado intentó zanjar la discusión con una sentencia que nos ha llevado a preguntarnos si, quizá, la presidenta del Congreso padece de alguna variedad severa de amnesia. La figura histórica del fujimorismo dijo: “Nosotros siempre hemos respetado la libertad de expresión y no creo que el proyecto contenga algo que pueda aminorarla”.
¿Será efectivamente un problema de memoria el que impide a la señora Salgado recordar que durante el gobierno de Alberto Fujimori se montó una bien aceitada organización dedicada a comprar con fondos públicos las líneas editoriales de varios de los principales medios de comunicación, a perseguir a las voces incómodas de la prensa y a usar los diarios chicha para difamar a los opositores de Fujimori y Montesinos? ¿O será, más bien, que simplemente manejamos definiciones distintas de la palabra respeto?
Pero no nos detengamos solo en la señora Salgado, pues perderíamos la oportunidad de ver en qué invierten su tiempo algunos de sus compañeros de bancada. Como por ejemplo los señores Modesto Figueroa y Luis Galarreta, quienes junto con otros congresistas de Fuerza Popular han presentado un nuevo proyecto de ley que esta vez busca modificar las reglas mediante las que el Estado contrata publicidad. Así, buscan evitar que –el proyecto lo indica con nombre y apellido– empresas como RPP, Latina o este Diario sigan obteniendo los contratos publicitarios que hoy obtienen bajo el argumento –al cual ninguna prueba asiste– de que detrás de tales contratos habría corrupción. Una iniciativa que alguien podría interpretar como un intento por acogotar mediante sus ingresos publicitarios a los medios que alumbran ahí donde a algunos les conviene que haya oscuridad.
¿A qué se debe esta suma de desafortunadas iniciativas? Quizá es solo resultado de un monumental desatino, aunque no podemos descartar la posibilidad de que enfrentemos un plan mayor para silenciar a quienes cuentan lo que al fujimorismo no le conviene. Es complicado saberlo. Pero es también difícil dejar de pensar en ese viejo adagio que reza que la cabra, al final del día, tira al monte.
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Otra iniciativa fujimorista busca regular publicidad del Estado ► https://t.co/rI1Lj2hvAt Por @martinhidalgo pic.twitter.com/lreK74xn5b— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 25 de marzo de 2017