Organizaciones políticas deudoras: todavía no pagan más de S/3.5 millones en multas a ONPE

La lista de movimientos regionales y partidos políticos con inscripción vigente, que mantienen multas pendientes de pago a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la integran 10 organizaciones políticas de alcance nacional y local. El mayor tipo de sanción impuesta es por no haber presentado informes financieros anuales de diferentes periodos.

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, el monto total que se encuentra en etapa de cobro a estas organizaciones es S/3′642.100.

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Son dos etapas las que preceden el momento en que una multa es consentida o ejecutoriada: una instructora y otra sancionadora. Cuando concluyen, si la organización presenta una apelación, esta es dirigida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El monto especificado corresponde a las multas consentidas. Es decir, las que deben ser pagadas, explicaron fuentes de este Diario.

El partido político que hasta la fecha acumula la mayor deuda es Alianza para el Progreso (APP). Los registros precisan que la multa que sigue pendiente asciende a S/2′267.440 por exceso de aportaciones.

El caso data de junio del 2011, cuando la ONPE inició un procedimiento sancionador en contra de APP por la infracción al artículo 30 -financiamiento privado- de la Ley de Partidos Políticos (Ley N°28094). Ahí se indica que el partido había recibido de la Universidad César Vallejo dos aportes que superaron el límite permitido durante el 2010. El exceso, indican, habría sido de S/226.744. Luego de ello, se emitió la multa señalada.

El partido presentó una reconsideración el 2011. Posteriormente, en un nuevo informe de marzo del 2012, la ONPE indicó que los aportes de la universidad durante el 2010 ascendieron a S/1′155.544, excediendo en S/939.544 el tope máximo. Aunque la multa se elevó a más de 9 millones de soles tras esta impugnación, se indicó que esta última aplicación sería indebida. Por tanto, en enero del 2015 el JNE estableció como sanción la primera cifra de más de S/2 millones de multa.

Sin embargo, el caso fue llevado hasta instancias judiciales. En mayo del 2015, APP interpuso una demanda de impugnación en contra del JNE. Tres años después, a través de la resolución N°13 del 22 de marzo del 2018, el Tercer Juzgado Permanente Contencioso Administrativo resolvió en primera instancia declarar infundada la demanda de APP. Adicionalmente, el 14 de octubre del 2019 la Segunda Sala Contenciosa Administrativa confirmó esta decisión. Finalmente, el 27 de julio del 2021, el Tercer Juzgado Permanente Contencioso Administrativo declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto en agosto de ese año por APP. Hasta la fecha, el caso no ha sido cerrado y la deuda siguen figurando como pendiente.

Luis Camino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, comentó a este Diario que el organismo electoral sigue a la espera de que continúe el proceso que corresponde, pues aunque el caso aún no está resuelto, el fallo en primera instancia fue a favor de la ONPE.

“El 29 de diciembre del 2022, han concedido la apelación a la organización política. Por tanto, en estos momentos se encuentra a la espera”, detalló Camino.

Por su parte, Luis Valdez, secretario general de APP, señaló también que estas sanciones mantienen un proceso judicial, sin una resolución definitiva. Además, “exhortó” a la ONPE a que “lejos de perseguir o intervenir económicamente a los partidos políticos, debería estar ayudando en su crecimiento institucional”.

Añadió, en conversación con El Comercio, que las agrupaciones políticas afrontan problemas económicos “como para seguir en esta persecución”. Afirmó que APP continuará hasta las últimas instancias, pues mantienen la posición de que, en este caso, hubo una interpretación errónea.

“[El aporte] nunca fue de la universidad al partido directamente, hubo una mala interpretación. Una cosa es que los accionistas que tienen utilidades puedan disponer de esas, es otra cosa totalmente distinta. De lo que se trató en su momento fue el aporte de una persona privada hacia el partido, dinero que fue lícito. Eso no puede generar una persecución”, reiteró Valdez.

Entre los partidos políticos con pagos pendientes también se encuentran: Acción Popular, Avanza País y Fuerza Popular [ver cuadro].

En el primer caso, las sanciones suman S/570.400 y corresponden a infracciones como no haber presentado los Informes Financieros Anuales (IFA) del partido correspondientes a los años 2019 y 2020, así como la no presentación de la información financiera de la campaña electoral de las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

La presentación de los IFA implica transparentar los fondos o recursos obtenidos por las organizaciones políticas, así como el uso que se ha dado a los mismos. Esto implica la prevención de la infiltración de aportes de financiamiento de fuente prohibida.

Al respecto, el personero de Acción Popular, Fernando Arias Stella, dijo a El Comercio que en el partido “están evaluando la posibilidad de apelar [las multas], respecto a las tres” que figuran en los datos alcanzados a este Diario.

Otro partido político que ha sido sancionado por la ONPE es Avanza País. La multa impuesta por S/ 114.080, pendiente de cobro, se debió a que la agrupación no presentó el IFA del 2019. Miguel Yagi, personero del partido, explicó que han presentado una acción contencioso administrativa debido a que este incumplimiento -que debió darse el 2020- fue por el fallecimiento del presidente, el tesorero y el personero legal titular de Avanza País durante la pandemia.

Fuerza Popular es otra de las organizaciones políticas de alcance nacional que es parte de esta lista de multas por cobrar. En su caso, el monto de S/98.350 corresponde a dos multas por no haber presentado el IFA del 2020 y no tener una cuenta en el sistema financiero.

Al respecto, Miguel Torres, portavoz del partido, precisó que estas multas han sido impugnadas conforme a ley. En el caso de las cuentas bancarias, “ha quedado acreditado que las entidades del sistema financiero no han querido abrir cuentas a Fuerza Popular. Cabe mencionar que la SBS ha indicado que tomará acciones sobre este particular porque los bancos deben cumplir con la ley”.

Añadió que “confían” que cuando el JNE revise las apelaciones les den la razón. “En todo caso esto es un tema legal que seguirá su curso y estamos convencidos de que se reconocerá que no cometimos ninguna infracción”, concluyó.

Entre las otras organizaciones deudoras figuran movimientos regionales como Cajamarca Siempre Verde, agrupación con la cual Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, llegó a la alcaldía de Cajamarca. Fueron dos las sanciones impuestas a la organización por no presentar las IFA del 2019 y 2020. En total, figura una sanción de S/285.200.

Santos Guevara, fundador del partido, comentó a El Comercio que impugnarán la última sanción impuesta. “La actual gestión no tiene conocimiento de esa sanción (anterior), a esa fecha (para el IFA 2019). Quien tenía la administración fraudulenta era Joaquín Ramírez y Raúl Pinedo”, comentó Santos Guevara, quien añadió que ambos se “adueñaron” del partido de manera irregular.

El funcionario de la ONPE indicó que una de las vías para canalizar estas multas es la Procuraduría Pública.

“En el caso de organizaciones políticas con inscripción vigente, cuando la ONPE hace la gestión de cobranza a través de Procuraduría Pública o la Gerencia de Administración, cuando estos se declaran insolventes es una causal de que se les suspenda la inscripción en el JNE”, añadió Luis Camino.

Asimismo, luego del debido proceso en instancias como el JNE o incluso judiciales, si esta última se resuelve a favor de la ONPE, pueden solicitar el pago de la multa para que se efectivice a través de diferentes acciones, “que puede ser embargo de las cuentas corrientes de la organización política. En caso la organización política no pueda solventar o demuestre insolvencia económica, no poder cancelarla, la ONPE puede dar un plazo de 12 meses y vencido eso se comunica al ROP para que suspenda su inscripción”.

Casi 13 millones de soles en multas estarían prescritos, de acuerdo con los datos obtenidos por El Comercio. Esto debido a que las organizaciones políticas que en su momento fueron sancionadas han perdido su inscripción. En algunos casos, si bien estas organizaciones no cuentan con cuentas una vez cancelada su inscripción, pueden contar con bienes.

El subgerente de Verificación y Control de la ONPE precisó que se “una vez que se cancela el partido político se extingue la deuda. Es una de las causales de extinción de deuda en el caso de un partido político que tenga una sanción”.

Este sería, por ejemplo, el caso del Movimiento Independiente Chimpum Callao, fundado por Alex Kouri. Según los datos a los que accedió este Diario, tenían tres deudas por los siguientes montos: S/259.439,31; S/531.570,58 y S/285.200.

Sin embargo, en este caso el 6 de setiembre del 2021 el Sexto Juzgado Especializado en el Callao declaró fundada la demanda interpuesta por la ONPE contra Chimpum Callao, que ordena el pago de la multa por S/259.439,31; impuesta por no haber presentado el IFA del 2017.

Finalmente, el 23 de junio del 2022 este Juzgado declaró consentida la sentencia de setiembre del 2021. A la fecha, se encuentra pendiente que el Juzgado notifique el consentimiento de la sentencia y se requiera el pago.

En cuanto a la multa por S/531.570,58; el 7 de diciembre del 2022 el Quinto Juzgado del Callao también declaró fundada la demanda interpuesta por la ONPE y se ordenó a Chimpum Callao pagar el referido monto. Aún se encuentra pendiente que el Juzgado consienta la sentencia y requiera el pago.

Entre otros datos a los que accedió El Comercio se precisa que 16 organizaciones políticas sí han cumplido con pagar las multas impuestas por la ONPE. El monto total del pago fue S/2′503.553,24 por sanciones correspondientes a la no presentación de los IFA de los años 2016, 2017, 2018, 2021 y 2020.