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El congresista José Arriola, vocero de la bancada de Acción Popular, ha sido señalado por recortes de sueldo a trabajadores de su despacho. La fiscalía, en el allanamiento a su domicilio el pasado 24 de marzo, halló declaraciones juradas firmadas por empleados para “donar” parte de sus remuneraciones.
El dominical Cuarto Poder reveló que, de acuerdo con lo consignado en esos documentos, estas asignaciones serían voluntarias. El día del allanamiento la fiscalía halló en el domicilio de Arriola cuantiosas sumas de dinero en efectivo: US$ 71.959 y S/ 33.570.
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El congresista ha rechazado que se haya entregado dinero en efectivo, sino que se trataría de entrega de productos que ellos mismo adquieren. Esto, agregó, se destina a labores sociales en zonas de escasos recursos.
De esta forma, el congresista Arriola es el sétimo en ser acusado de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho. Situación similar se ha revelado en los casos de Magaly Ruíz, Rosío Torres, María Acuña (ambas de Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), María Cordero (Fuerza Popular) y Katy Ugarte (no agrupada).
El Comercio intentó comunicarse con integrantes de la bancada de Acción Popular para conocer la posición que asumirá el grupo parlamentario al respecto, pues Arriola mantiene la vocería. Sin embargo, ninguno de los voceros alternos respondió.
La bancada permanece en silencio
Solo la congresista Karol Paredes, en diálogo con este Diario, opinó que Arriola debería “ponerse a un costado como vocero” y “generar condiciones para el trabajo de investigación en ese proceso”.
Paredes, quien es también presidenta de la Comisión de Ética y parte de la bancada de Acción Popular, adelantó que este lunes 8 de mayo pedirán, en la sesión, la ampliación de la agenda para solicitar el inicio de una indagación preliminar a Arriola por este caso.
El lunes, tras conocerse las recientes revelaciones respecto al legislador, la congresista Paredes dijo a este Diario que la bancada no se había comunicado para dialogar sobre esta nueva polémica que implica a integrantes del grupo parlamentario.
"Ningún correligionario debería estar dañando al imagen de la organización política, de la bancada y de nuestra institución como Congreso".
Karol Paredes. Congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética.
“Hasta el día de hoy [lunes] no hemos tenido ninguna comunicación. No sé si [Arriola] se haya comunicado con algunos”, refirió.
Sin embargo, consideró que el partido podría tomar alguna decisión respecto a la militancia de Arriola. “[Sobre] la militancia es una decisión que debería tomarlo el comité ejecutivo nacional y disciplina [del partido], deberían actuar como corresponde. Ningún correligionario debería estar dañando al imagen de la organización política, de la bancada y de nuestra institución como Congreso”, añadió.
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El Comercio intentó comunicarse con el congresista José Arriola, pero no recibimos respuesta. En un mensaje firmado por el legislador reiteró su posición respecto al destino de los fondos: “Esta ayuda y apoyo social es posible desde hace 24 años (empecé en el año 1999 al ingresar a la Municipalidad de Ate) por el aporte personal solidario y desprendido y el de mi equipo, ya que se trata de recursos privados voluntarios (no ha sido constante), descartándose cualquier idea de usufructo personal”, se lee en el comunicado difundido por su equipo de prensa.
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Piden su salida de Acción Popular
En la dirigencia de Acción Popular este último caso, que se suma a los cuestionamientos hacia quienes son señalados como ‘Los Niños’, ha generado rechazo y pedidos de separación.
Mesías Guevara, expresidente de Acción Popular, fue enfático al decir, en diálogo con El Comercio, que “el partido no espera nada positivo de esta bancada” en referencia a las decisiones que pueden tomar respecto al rol que sigue cumpliendo Arriola como vocero.
“No esperamos una acción política y cívica. Al contrario, han apoyado que el Congreso se convierta en una máquina trituradora de la institucionalidad del país”, añadió Guevara, pues consideró que el grupo parlamentario debería separarlo “y el congresista renunciar al partido”, además de separarlo de la vocería.
“Con esas prácticas lo que ha hecho es enlodar la imagen del partido. Seguimos cayendo, esperemos no tocar fondo. Pero estos hechos perjudican al partido”, insistió Guevara.
De otro lado, indicó que desde la organización política son pocas las decisiones que se pueden tomar al no haber una dirigencia conformada. “En el partido estamos en una crisis institucional. No tenemos órganos pertinentes, como el tribunal de disciplina. De existir eso, hace rato hubiésemos tomado esa decisión. Lo que le queda al congresista, si tiene aprecio al partido, debería ser renunciar, pero dudo que lo tenga”, cuestionó.
En tanto, Víctor Andrés García Belaunde coincidió en que el congresista Arriola debería, en primer lugar, removerlo de la vocería titular. “No puede ser vocero una persona que extorsiona a sus trabajadores y que recorta sus sueldos, les hace firmar declaraciones juradas bajo presión para que no pierdan sus puestos. Las necesidades son altas y quieren seguir trabajando aunque sea por menos. Están cuidando su trabajo y están bajo amenaza”, consideró en conversación con El Comercio.
En cuanto a las decisiones que pueda tomar la bancada, García Belaunde comentó que este grupo está también desprestigiado por el vínculo que hay, de un sector de ellos, al Caso ‘Los Niños’.
“La bancada no tiene mucha autoridad moral para imponer nada, pero deberían separarlo de la vocería”, indicó.
Al igual que Guevara, explicó que desde el partido no se puede asumir acciones concretas respecto a Arriola, pues podría ocurrir lo mismo que se dio con los congresistas señalados como ‘Los Niños’, que desconocieron su suspensión de la organización al no haber una dirigencia reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“El partido está sin autoridades porque los últimos cuatro años de elecciones partidarias el JNE no las ha reconocido. Tenemos una quinta elección el otro domingo 7 de mayo. Esperemos que en estas salga alguien elegido y sea reconocido por el JNE. Si es así, el problema se puede empezar a solucionar con un nuevo comité de disciplina que los va a expulsar de todas maneras. Esperemos que suceda. Si no sucede, hemos visto que ‘Los Niños’ están suspendidos por una y expulsados por otra. Pero ninguna fue aceptada por el JNE y ellos se agarran de este detalle para no aceptar las sanciones impuestas”, explicó García Belaunde.
Finalmente, opinó que este caso sigue siendo “una gran decepción”. “Espero que se pronuncien los que no están metidos en este tipo de cuestionamientos. Pero pareciera que, si nadie se pronuncia, es porque todos se van a convertir en cómplices de estas actitudes”, concluyó.
La congresista Magaly Ruiz solicitó licencia temporal a su grupo parlamentario, APP, luego de que el comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraban S/ 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Ruiz. Según el dominical “Punto final”, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de cupos argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada. APP la retiró de la Comisión de Ética y de Protección a la Infancia.
El semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló, a mediados de marzo, que cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo de trabajo, Heidy Juárez, exigía pagos a través del asesor de su despacho Miguel Chafloque. Las personas afectadas señalaron que Chafloque les pedía pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1.000 y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial. Ella será investigada de oficio por la Comisión de Ética para determinar si proceden sanciones por estos supuestos cobros ilícitos.
La Comisión de Ética inició indagaciones preliminares contra la congresista María Cordero Jon Tay, denunciada por haber recortado sueldos a trabajadores del Poder Legislativo. Un ex trabajador parlamentario reveló cómo Cordero exigía que le entregue el 50% de su sueldo, y luego un 75% del total de su remuneración, que ascendía a 9 mil soles, bajo la excusa de que necesitaba el dinero para pagar compromisos de la campaña electoral. “Vamos al cajero entonces. No sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito (el dinero). Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron. Ya, vamos al cajero de una vez”, se oye a Cordero Jon Tay en un audio.
La Comisión de Ética del Congreso inició una indagación preliminar de oficio a la legisladora Rosio Torres (APP) por el presunto recorte de los sueldos de sus trabajadores. El dominical “Punto Final” reveló que al menos cinco trabajadores del despacho de Torres depositaron parte de sus salarios a dos cuentas bancarias a nombre del sobrino de la congresista, Juan Daniel Pérez Guerra. El registro de los movimientos de una de las cuentas de Pérez muestra que al menos siete retiros ocurrieron a solo cinco cuadras de dos direcciones que la legisladora reportó en Lima durante el 2021 y el 2022, uno en la avenida Olavegoya y otro en la calle Huáscar, en el distrito de Jesús María, según el dominical. Otros retiros ocurrieron en Iquitos cuando la congresista se encontraba en esa ciudad cumpliendo con la semana de representación parlamentaria, el 21, 22 y 24 de febrero del 2022 y el 26, 27 y el 29 de septiembre de ese mismo año.
La Comisión de Ética aprobó iniciar una indagación preliminar a la legisladora Katy Ugarte por el recorte del sueldo de sus trabajadores. Además, la fiscalía abrió investigación preliminar en su contra. Un informe del dominical “Cuarto Poder” reveló que trabajadores de su despacho dtuvieron recortes de sus sueldos para pagar publicaciones en prensa que mejoren la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco. De acuerdo a conversaciones entre trabajadores a los que tuvo acceso el programa, los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 mensuales.
La Comisión de Ética aprobó iniciar una indagación preliminar en contra de la legisladora María Acuña Peralta (APP) por presuntamente haber recortado las remuneraciones de sus trabajadores de confianza. Un reportaje de WillaxTV mostró el testimonio de un abogado, identificado como Carlos Herrera, quien indicó que la parlamentaria María Acuña pagó su sueldo, cuando era jefe de su despacho en Chiclayo, con el recorte del salario de otra trabajadora suya.
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