Congreso gasta S/240 mil al mes en personal de legisladores denunciados por recortar sueldos

Se trata de Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), María Cordero (Fuerza Popular) y Katy Ugarte (no agrupada). Ellas son investigadas por concusión en la Fiscalía de la Nación.

Las legisladoras tienen siete trabajadores cada una: dos técnicos, un asistente, un auxiliar, un coordinador, un asesor II y un asesor principal.

A ellas se ha sumado el parlamentario José Arriola (Acción Popular), quien es investigado en la fiscalía por otro caso, el de ‘Los Niños’. Según reveló “Cuarto poder” el último domingo, trabajadores autorizaron “donar” parte de sus salarios supuestamente de manera voluntaria para labores sociales.

MIRA: “¡Vamos al cajero de una vez!”: Audios comprometen a congresista María Cordero en recorte de sueldos

El parlamentario acciopopulista cuenta con dos coordinadores, dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un asesor.

No obstante, los salarios que reciben los trabajadores de las cinco congresistas citadas y de Arriola, sin contar bonos y otros pagos, suman alrededor de S/ 240 mil.

Además, está el caso de María Acuña (Alianza para el Progreso), quien aún no enfrenta una investigación fiscal, pero la Comisión de Ética indaga si también incurrió en recortes de salarios de su personal de confianza.

Esto percibe cada trabajador en promedio:

Según ha denunciado un extrabajador del Parlamento bajo el mando de María Cordero, ella le descontaba el 50% de su salario, y luego de algunas meses, pretendió recortarle hasta el 75%.

Las legisladoras denunciadas por recorte de sueldos siguen desempeñando sus actividades con relativa normalidad.

Por ejemplo, Juárez dijo a El Comercio que mantiene el personal asignado por el Congreso, pues “la presunción de recorte de sueldos está en proceso de investigación [y] no estoy impedida de realizar mi actividades parlamentarias”.

Precisó que Miguel Chafloque, investigado por presuntamente ser su cómplice, ya no trabaja en su despacho desde el pasado 15 de marzo.

El contralor general de la República, Nelson Shack, aseguró la semana pasada que su institución no puede intervenir en los casos de recorte de sueldos.

“Desde la perspectiva legal y constitucional que tiene la Contraloría, ese es un manejo de recursos que no son públicos porque cuando ‘mochas’ sueldo a un trabajador, ese sueldo ya no es recurso público sino privado. Por lo tanto, la Contraloría no tiene competencia para intervenir ahí”, dijo a RPP.

No obstante, los abogados Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi, especialistas en derecho constitucional, coincidieron en que la contraloría sí está facultada para intervenir.

“A mi juicio, quien tiene que intervenir es la Fiscalía de la Nación primero, pues son delitos. La Contraloría también puede intervenir porque ese dinero es público y tiene como fin el pagar los sueldos de los trabajadores. Un uso distinto exigido por un funcionario publico (congresista) es desvirtuar su fin”, dijo Urbina a El Comercio.

Rospigliosi añadió que la declaración del contralor “es absolutamente insólita”. “Los congresistas y los trabajadores del Congreso son pagados con recursos públicos. Si un congresista en lugar de legislar, fiscalizar y representar se dedica a cercenar el sueldo de los trabajadores, está cometiendo un acto indebido con recursos públicos. Por ende, corresponde que el contralor haga una acción de control”.

MIRA: Congresistas de siete bancadas demandan renuncia del ministro de Justicia por llamadas con “Los Cuellos Blancos”

El pasado 10 de abril, la fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Katy Ugarte como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros a trabajadores de su despacho. Luego, el 14 de abril hizo lo propio contra María Cordero, y al día siguiente contra Heidy Juárez.

Así ha respondido la fiscalía de la Nación:

En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe de calificación de una denuncia contra Magaly Ruiz el pasado 10 de abril. Pero aún está pendiente la investigación, que la legisladora sea citada a audiencia para dar sus descargos, que se elabore un informe final y se someta a debate y votación.

Además, el Congreso suele encarpetar durante varios meses los informes de Ética que llegan hasta el pleno, la última instancia parlamentaria. Por ejemplo, se tardó más de siete meses para debatir dos informes que recomendaban suspender a Luis Cordero y Enrique Wong, y solo aprobó sancionar a este último.

En opinión de Rospigliosi, también especialista en asuntos parlamentarios, el proceso contra las congresistas acusadas de recortar sueldo “está muy lento porque está pisando callos en las bancadas. [...] Y además en el Perú, los congresistas se agarran con uñas y dientes al escaño”.

Mientras tanto, la legisladora Ruiz aún cuenta con siete trabajadores en su despacho. Al menos hasta febrero pasado, una de sus trabajadoras era Camila Mantilla Heredia, la novia de su hijo, como reveló “Punto Final”.

Ruíz se mantiene cobrando un bono por gastos logísticos en la semana de representación. Recientemente viajó a La Libertad como parte de sus funciones parlamentarias. Hasta la publicación de este informe no fue posible ubicarla.

En tanto, Rosío Torres viajó a Loreto por actividades parlamentarias, nueve días después de que se revelara que al menos cinco empleados o exempleados de su despacho depositaron parte de sus salarios a dos cuentas bancarias a nombre de su sobrino.

Luego de la denuncia en su contra, la legisladora fue retirada de la Comisión de Ética, pero se mantiene como titular en el Consejo Directivo y otros grupos, confirmaron fuentes de Alianza para el Progreso a El Comercio, a diferencia de su colega María Cordero, separada de todas las comisiones por otro caso de recorte de sueldos.

Estos son los grupos que integra Rosío Torres:

El pasado 10 de abril, Ética aprobó por unanimidad iniciar indagación preliminar contra Torres, quien hasta el momento niega haber recortado los salarios de sus trabajadores.

En tanto, Katy Ugarte viajó a Cusco por la semana de representación. Por esas funciones, los legisladores reciben un bono de S/ 2.800.

Recientemente, “Cuarto poder” reveló conversaciones de trabajadores del despacho de Ugarte en las que lamentan tener que aportar dinero para pagar a medios de prensa de Cusco por difundir noticias destinadas a mejorar la imagen de esta.

La parlamentaria cuenta con siete trabajadores en su despacho y se mantiene como titular de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo e Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

Por su parte, María Cordero, aunque fue separada de todas las comisiones que integraba, se mantiene en funciones con personal a su cargo y el bono de representación.

MIRA: Daniel Maurate: ¿El ministro de Justicia está en la cuerda floja por llamadas con “Los Cuellos Blancos”?

La Comisión Permanente aprobó el miércoles pasado dar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar un informe final de la denuncia contra la legisladora.

Por último, Heidy Juárez estuvo en Piura la semana pasada.

Según un informe de “Hildebrandt en sus trece”, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que Juárez exigía pagos mediante su asesor principal.