Patricia Benavides: ¿Qué cargos y faltas graves evalúa la JNJ en su procedimiento disciplinario inmediato?

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De acuerdo con la resolución que da inicio al proceso disciplinario contra Benavides, a la que tuvo acceso El Comercio, la responsable del caso es la magistrada Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, quien solicitó la medida de suspensión preventiva de la titular del Ministerio Público. Así lo confirmaron fuentes de la junta a El Comercio.

Las mismas fuentes señalaron también que Benavides ya ha sido notificada sobre el pedido de la instructora y que la JNJ programó para el 6 de diciembre la audiencia en se tomará una decisión. Ese mismo día, la fiscal de la Nación podrá brindar sus descargos.

En su requerimiento, Tumialán recuerda que la medida de suspensión preventiva se puede pedir cuando existen fundados elementos de convicción de que el investigado ha incurrido en la comisión de una falta disciplinaria muy grave y cuando resulte indispensable garantizar el normal desarrollo del proceso o impedir la obstaculización del mismo.

La instructora remarca que, en el caso de Benavides, “existen fundados elementos de convicción de la comisión de una causa muy grave”.

La solicitud de Tumialán se produce en el marco del procedimiento disciplinario inmediato que la JNJ sigue contra la titular del Ministerio Público, que podría derivar en su destitución.

Según la resolución que emitió la JNJ, el 28 de noviembre, el proceso se sustenta en las noticias aparecidas el lunes 27 de noviembre de 2023, que dieron cuenta de la detención preliminar de Jaime Villanueva , asesor principal de Benavides, durante el operativo “Valkiria 5″.

Villanueva es investigado por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, Benavides sería la presunta cabeza dicha red criminal que habría direccionado procesos en el Congreso, como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la JNJ.

Para la Junta Nacional de Justicia se trata de “hechos de altísima gravedad” que comprometen “a la máxima autoridad del Ministerio Público”. Según su análisis, de comprobarse, la idoneidad de Benavides como fiscal de la Nación sería seriamente cuestionada debido a que habría “colocado a dicho órgano constitucional en una situación de vulnerabilidad y permeabilidad, socavando su credibilidad, transparencia e imparcialidad”.

Frente a tal situación, dice el documento, “corresponde el inicio de procedimiento disciplinario inmediato contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas, en su condición de Fiscal de la Nación, por los graves hechos que son de conocimiento público”.

Según la JNJ, a la luz de estos hechos, Benavides, en su condición de fiscal de la Nación, “habría incumplido los deberes contenidos” en los numerales 1,2 y 20 del art. 33 de la Ley de la Carrera Fiscal. Estos son: defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la Nación; velar por la defensa de los derechos fundamentales y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal; y guardar en todo momento conducta intachable, respectivamente.

Además, señala que, al haber removido a Marita Barreto del Eficcop, la titular del Ministerio Público habría “incurrido en la prohibición de influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones que no estén a su cargo”.

Asimismo, afirma que los hechos atribuidos a la fiscal de la Nación ponen en “cuestionamiento su observancia del principio de eticidad y probidad para el ejercicio del cargo, componente esencial de la carrera fiscal” y “en duda su trayectoria personal éticamente intachable, necesario para el cumplimiento del perfil de fiscal”.

Agrega que la conducta de Benavides ”habría supuesto la comisión de las faltas muy graves previstas en los numerales 6, 11 y 13 del art. 47 de la Ley de la Carrera Fiscal” como interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros que afecten su objetividad e independencia e incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo.

En el documento también se subraya que la medida cautelar dictada por el Poder Judicial en favor de Benavides, en octubre pasado, que detuvo las investigaciones contra ella en la JNJ, no alcanza a los hechos nuevos.

Como se recuerda, el miércoles Benavides recurrió al Poder Judicial para suspender el proceso disciplinario inmediato que le abrió la JNJ. Para ello, solicitó ampliar una medida cautelar que previamente la benefició al detener las indagaciones que le seguía el mismo órgano.

La jueza que resolverá pedido de la fiscal de la Nación es Jacqueline Tarrillo Meneses, la misma magistrada que ya falló a su favor dos veces otorgándole la medida cautelar que suspendió las indagaciones que la JNJ le abrió.

El pleno de la JNJ remarca que el procedimiento disciplinario inmediato “no implica un adelanto de criterio sino que tiene el propósito de determinar en estricto respeto de la presunción de licitud si los hechos configuran o no una inconducta funcional”.

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Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, la suspensión preventiva de Benavides podría correr peligro con la ampliación de la medida cautelar que la fiscal de la Nación solicitó al Poder Judicial.

“La fiscal de la Nación ha pedido que la medida cautelar se amplíe y que comprenda este proceso, lo cual es una barbaridad porque en la primera demanda planteó este amparo contra dos procesos administrativos disciplinarios [...] Todo dependerá, si llega el 6 y no hay medida cautelar, el pleno [de la JNJ] puede votar e imponerle la suspensión”, afirmó.

Sin embargo, no descartó el otro escenario, en el que el PJ le otorgue la medida cautelar a Benavides. Vargas Valdivia indicó que, si esto sucede, la medida puede ser apelada por la JNJ y si se resuelve a su favor, recién podrán evaluar la suspensión de la fiscal de la Nación.

Explicó que si Benavides es suspendida podría seguir percibiendo parte de su remuneración, debido a que estaría prohibida de ejercer otra actividad que no sea la docencia.

Por su parte, la abogada Beatriz Ramírez explicó que, en la audiencia del 6 de diciembre, Benavides “podrá oralizar su defensa”.

“Lo que ha hecho Benavides es pedir una ampliación, mediante un escrito, con la finalidad de que su caso lo vea la misma jueza. Yo creo que no tiene fundamentos para que se la concedan, pero creo que es posible que se la den. Se trata de una jueza supernumeraria, es decir, no nombrada por la JNJ sino por la Corte Suprema, no tiene estabilidad en el cargo, nada que perder”, explicó.

Para Ramírez, pese que la solicitud de Benavides no cuenta con “elementos jurídicos suficientes”, la jueza “tiene la autoridad” para concederle la medida cautelar.