Pedro Chávarry: ¿Cuál es la situación de los casos contra el fiscal supremo?

Chávarry, quien inició su carrera como secretario titular del tribunal correccional de Lima en 1980, se convirtió en el décimo quinto Fiscal de la Nación del país desde la creación, en 1981, del Ministerio Público como un organismo constitucional autónomo.

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Fue designado como fiscal supremo adjunto por la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán (quien fue condenada a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito, falsedad genérica, encubrimiento y omisión de denuncia) y en el 2002 el Consejo Nacional de la Magistratura le retiró su confianza, pero fue reincorporado a la carrera judicial en el 2007 tras un acuerdo de solución amistosa con el Estado, ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy por hoy, Chávarry podría volver a perder la confianza de su institución si la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo nacional de la Magistratura) así lo decide debido a las graves acusaciones que pesan en su contra.

Apelación en la Corte Suprema

La función de un fiscal, como lo es Pedro Chávarry Vallejos, es la develar e investigar actos ilícitos cometidos por terceros. Sin embargo, según la investigación fiscal que lleva adelante la fiscal suprema Bersabeth Revilla, el exfiscal de la Nación no habría cumplido con su rol y por el contrario, habría tratado de ocultar información vinculada a la investigación que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

Además, como actos accesorios del encubrimiento, a consideración de la fiscalía, removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, en diciembre del 2018; y solicitó información sobre el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht con la finalidad de obstaculizar el convenio.

En noviembre del 2019, Revilla solicitó a la Corte Suprema que se suspenda en sus funciones Chávarry y se le retiren todas las prerrogativas que tiene como magistrado supremo. Esto, a fin de evitar que pueda obstruir la investigación en su contra.

Es mismo mes, el fiscal supremo logró que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le dé la razón, ganando así una tutela de derecho que archivó esta investigación considerando que los hechos imputados no constituían encubrimiento real.

En febrero de este año, la Sala Especial de Apelaciones de la Corte Suprema, presidido por la jueza Elvia Barrios, escuchó los alegatos del Ministerio Público que apeló la decisión de primera instancia.

“Las conductas imputadas al investigado Pedro Chávarry, sí tenía la potencialidad de afectar la administración de justicia por cuanto estaban dirigidas a obstaculizar el acuerdo de colaboración eficaz que iba a suscribir el Equipo Especial y la pronta identificación de las huellas del delito que se podría identificar con este acuerdo especial”, dijo el fiscal supremo adjunto provisional, César Zanabria.

El pedido para que la Fiscalía de la Nación continúe investigando a Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real, está pendiente de resolverse.

Crimen y Cuellos Blancos

En setiembre del 2019, Chávarry Vallejos fue formalmente incluido como investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por el presunto delito de organización criminal, en la investigación que realiza el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. En el mismo documento, también se incluía por el mismo delito al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza.

A consideración del fiscal Sánchez, los Cuellos Blancos del Puerto, no tenía una estructura criminal clásica, es decir que no operaba al mando de una sola cabeza. Por el contrario, este grupo criminal se encontraba integrada por “puntos nodales” que hacen la vez de varias cabezas y que se relacionaban entre sí.

Fue así que dicho grupo delictivo pudo operar en diversos estamentos del Estado el Ministerio Público, el Poder Judicial, el ex Consejo Nacional de la Magistratura y la Corte Superior del Callao, en conjunción con abogados y empresarios.

Es en uno de estos puntos nodales, a criterio del fiscal Sánchez Velarde, que se ubicaría a los fiscales supremos; entre ellos Pedro Chávarry.

Por ello, la organización criminal habría buscado mantener el control del Ministerio Público, cuando Chávarry fue electo fiscal de la Nación, en 2018.

“Luego de la elección del fiscal Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, Walter Ríos (investigado por el caso Los Cuellos Blancos) estuvo alegre y le manifestó que ya tenían el poder”, relató el testigo 2111-2018 al fiscal Sánchez.

Así como dicho testigo, hasta el momento, el fiscal Sánchez Velarde ha reunido tanto documentos como declaraciones de colaboradores eficaces que han ido brindando información sobre el presunto rol que habría cumplido el exfiscal de la Nación.

A ello se suma, las conversaciones que Pedro Chávarry mantuo con el exjuez supremo, César Hinostroza, quien también ha sido incluido y es investigado como una de las cabezas de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Las pesquisas contra Chávarry y otros altos integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, aún continúan en el despacho del fiscal Sánchez.

Acusación pendiente

De otro lado, el fiscal supremo también tiene pendiente que el Congreso de la República resuelva si admite o no la denuncia constitucional que, en mayo del 2019, presentó en su contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, por la irrupción en las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos, perpetradas a inicios de año.

El caso se vincula a la irrupción de unas oficinas que habían sido lacradas tras el allanamiento que realizó el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez a las oficinas de la Fiscalía de la Nación, durante la gestión de Chávarry.

Según imágenes mostradas por El Comercio, el fiscal supremo estuvo presente el sábado 5 de enero, cuando su ex asesora Rosa Venegas ingresó a las oficinas que habían sido lacradas.

Esta denuncia, que debía ser analizada en el Congreso, quedó pendiente tras la disolución del Parlamento el 30 de setiembre del 2019.

Medidas disciplinarias

El escenario que se le proyecta al fiscal Pedro Chávarry, no solo abarca las acciones penales, sino también disciplinarias. El 21 de febrero último, la Junta Nacional de Justicia abrió un proceso “disciplinario inmediato” al exfiscal de la Nación y otros altos funcionarios implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Entre los documentos con los que viene trabajando la JNJ, se encuentra el informe que la Fiscalía de la Nación remitió sobre Chávarry, respecto al comportamiento que tuvo el magistrado supremo, cuando estuvo a cargo de la Fiscalía de la Nación (junio 2018-enero 2019).

El plazo final para que se conozca si se les aplicará alguna medida sancionadora es de 60 días.

Según el artículo 72 del reglamento de procedimientos disciplinarios de la JNJ, la sanción podría llegar hasta la destitución, si se comprueba una actuación irregular con prueba evidente.

Todos estos casos tendrán que esperar hasta que se levante la emergencia por el coronavirus.

Chavarry: cuestionamientos no tienen “ni pies, ni cabeza”

En reiteradas ocasiones el fiscal Pedro Chávarry ha negado pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y que “nunca ha tenido vinculación con ellos”.

“La historia de Los Cuellos Blancos la han creado, porque lo han mezclado actos ilícitos delictivos, quizá graves del Callao, con un grupo de jueces y fiscales supremo; que cada uno responderá por sus actos”, dijo en una entrevista a RPP.

Sobre la denuncia que se interpuso por la remoción de los fiscales Vela y Pérez, en su oportunidad, Chávarry la calificó como una “patraña” y que el caso en su contra no tenía “ni pies ni cabeza”.

Fue en una de sus últimas apariciones, en agosto del 2019, Chávarry se defendió de las imputaciones en su contra por encubrimiento real ante el Poder Judicial.

“Entrar en detalles sobre los motivos por los cuales dejé sin efecto la designación del fiscal Vela y fiscal Pérez sería redundar en los temas, pues es facultad del Ministerio Público, en este caso del fiscal de la Nación, el de dejar sin efecto una designación. Una designación que fui yo quien lo hizo, confiando en las personas, pero que; en el momento que le retiré dicha confianza es que opté por dejar sin efecto, no destituirlo; y que ellos regresen a sus plazas de origen”, alegó.