La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso escuchó este viernes al fiscal supremo adjunto Luzgardo Ramiro González, quien sustentó la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la irrupción a una oficina lacradas durante una diligencia en el Ministerio Público, en enero del 2019.
Según afirmó el fiscal, los cargos contra Chávarry es por haber planificado y ordenado el ingreso ilegal a una oficina lacrada del Ministerio Público en el marco de una investigación contra la la excongresista Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular (FP).
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Dicha vinculación, indicó, se habría demostrado con el chat de la botica y el apoyo de FP para que pueda permanecer en el cargo de Fiscal de la Nación.
Por ello, el fiscal José Domingo Pérez -que investiga a Fujimori y FP- allanó las oficinas de la Fiscalía de la Nación el 4 de enero del 2019. Tras dejar lacrada una oficina del exasesor Manuel Duarte Castro, regresó el 5 de enero y encontró vulnerados los sellos del lacrado.
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De la investigación, agregó el fiscal, quedó registrado en videos que Chávarry había acudido a la Fiscalía de la Nación el día que se produjo el deslacrado irregular y se registró que su asesora Rosa Venegas, retiró documentos de la oficina lacrada.
“Se deslacró ilegalmente la oficina para sustraer documentos para frustrar la investigación fiscal”, puntualizó González Rodríguez.
En esa línea, el representante del Ministerio Público sostuvo que a Chávarry se le imputan los delitos de atentado contra la conservación de objeto y el encubrimiento real, es decir la desaparición de documentos.
“Nos ratificamos en el contenido de la denuncia incluida la tipificación penal, que corresponde al Ministerio Público, por los que solicito que esta denuncia sea declarada procedente y se siga con el trámite parlamentario”, demandó el fiscal.
Pese a las interrupciones por falta de quórum y fallas técnicas, a sesión continúa su desarrollo con la escucha de los alegatos de defensa del fiscal supremo suspendido Pedro Chávarry.
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