Pleno del Congreso rechazó proyectos para deshacinar penales por COVID-19

El pleno del Congreso rechazó este sábado el texto sustitutorio que propone medidas para el deshacinamiento de los penales, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19). Este recogía los proyectos presentados por el Ejecutivo y el Poder Judicial.

La congresista Leslye Lazo (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Justicia, indicó este sábado durante la presentación del dictamen que es responsabilidad de Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ejecutivo, “y no de este Congreso”, proteger la salud de los reos que han cometido delitos graves (narcotráfico, corrupción, entre otros). Además, aseguró que por su proyecto ellos “no van a salir”, pues hay delitos exceptuados.

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Pese a ello y a que el documento recibió numerosos comentarios en la víspera, el texto sustitutorio obtuvo solo 16 votos a favor, 49 en contra y 59 abstenciones. Ante esto, el presidente del Congreso, Manuel Merino, precisó que el asunto quedaría “sin resolver” porque el número de abstenciones era más alto que el de votos en contra, por lo que debería verse en otro pleno.

Sin embargo, una reconsideración aprobada por mayoría conminó al pleno a votar el texto sustitutorio nuevamente, obteniéndose, esta vez, 22 votos a favor, 83 en contra y 20 abstenciones.

Luego, el pleno sometió el dictamen en minoría de la congresista María Teresa Cabrera (Podemos Perú), el cual establecía que los beneficios solo apliquen para los casos de prisión preventiva por delitos con penas de hasta seis años. Finalmente, dicha propuesta fue rechazada por 110 votos en contra y 15 abstenciones.

La jornada estuvo marcada por diversas trabas, las mismas que transcurrieron desde constantes pedidos -en simultáneo- para que los dictámenes se sometan al voto raudamente, así como problemas por parte de las bancadas para la contabilización de los votos de sus integrantes. Hubo momentos, incluso, en los que se filtró el audio de comentarios inapropiados durante el debate, lo cual generó alusiones y airados reclamos.

Sin acuerdos

El viernes, el pleno no había logrado alcanzar un consenso en torno al documento elaborado por la Comisión de Justicia. Hacia la medianoche, el texto sustitutorio pasó a un cuarto intermedio.

La reanudación del debate estaba planeada para las 5 de la tarde del sábado; sin embargo, la sesión recién se inició después de hora y media. Fuentes parlamentarias explicaron a El Comercio que la demora se debió a que la Comisión de Justicia, presidida por la congresista de Acción Popular Leslye Lazo, estaba “mejorando” el texto sustitutorio que debatirían.

El texto sustitutorio proponía que el cese de la prisión preventiva procederá cuando los internos hayan cumplido la mitad del plazo de la medida restrictiva dictada. Si los solicitantes tienen antecedentes penales, tendrán que haber cumplido dos terceras partes.

Además, el texto indicaba que el cese de la prisión preventiva tendría lugar cuando se trate de mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, o de adultos mayores de 65 años. También cuando sea un interno al que se le ha dispuesto la prolongación o adecuación de la medida restrictiva, o con una discapacidad certificada por el Conadis.

Respecto a los reos con sentencia, se proponía que se acepte la remisión condicional de la pena cuando se hayan cumplido dos tercios de esta, se trate de presos mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, madres gestantes o con hijos menores de 3 años o personas con discapacidad acreditada.

Según la propuesta, la remisión condicional de la pena no afectaría el pago de la reparación civil de los condenados.

Por otro lado, exceptuaba la revisión de la prisión preventiva para los delitos de terrorismo, contra la vida el cuerpo y la salud, la libertad, el patrimonio, la administración pública, los poderes del Estado y el orden constitucional, la violencia contra las mujeres, el lavado de activos, entre otros.

Por primera vez, desde que fue instalado hace dos meses, el Congreso ha debatido un dictamen producido por una de sus comisiones. Todos los proyectos antes vistos por el pleno –a lo largo de cuatro sesiones– habían sido exonerados de dicho trámite.

Hasta el viernes, el texto producido por la Comisión de Justicia generó polémica y no alcanzó el consenso de la mayoría del Parlamento. Lazo lo había sustentado pasadas las 11 de la noche.

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