Procuraduría denunció a Keiko Fujimori por presunto tráfico de influencias ante la Fiscalía de la Nación

El procurador anticorrupción Amado Enco denunció penalmente ante la Fiscalía de la Nación a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, así como a los miembros del Congreso disuelto, Miguel Torres Morales y Héctor Becerril Rodríguez, por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según la denuncia, a la que accedió El Comercio, la procuraduría sostiene que Fujimori Higuchi habría intentado buscar las influencias del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi -en su condición de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria- con la finalidad de revertir la investigación fiscal por presunto lavado de activos que afronta por presuntos aportes ilícitos.

Ello, debido a que, en el 2018, cuando el magistrado supremo aún estaba en funciones como presidente de dicho tribunal, se encontraba conociendo el recurso de casación Nro. 528-2018, interpuesto por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella.

A través de la casación, como se recuerda, se buscaba dejar sin efecto la decisión fiscal para adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado y de esta manera anular el plazo de ampliación de la investigación.

Según la denuncia, la excandidata presidencial habría solicitado a Miguel Torres y Héctor Becerril, en su calidad de congresistas de la República por Fuerza Popular, interceder a su favor ante Hinostroza Pariachi.

Por ello, la denuncia fue interpuesta contra Fujimori Higuchi en calidad de instigadora, mientras que Torres y Becerril fueron incluidos en calidad de autores del presunto delito.

“De los hechos se desprende que, presuntamente, Keiko Sofía Fujimori Higuchi habría determinado a Héctor Becerril Rodríguez y Miguel Ángel Torres, ambos en si condición de Congresistas de la República en el momento de los hechos, a fin de que patrocinen intereses a su favor ante el exjuez supremo de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, magistrado supremo que se encontraba conociendo el recurso de casación Nro 528-2018, en el proceso seguido contra Mark Vito y Keiko Fujimori, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado”, se indica en el documento.

-Hechos que pueden corroborarlo-

Para la procuraduría, la hipótesis de su denuncia se corroboraría con las declaraciones del empresario Antonio Camayo, aspirante a colaborador eficaz develado, quien “reconoció que intercedió por la lideresa de Fuerza Popular para que se contacte con el exjuez supremo César Hinostroza”.

Ello se sostiene con la comunicación telefónica del 8 de marzo del 2018, donde Camayo usa el apelativo “Señora K” para referirse a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y que es investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. “La conversación sostenida entre ambos protagonistas habría sido con la finalidad de coordinar una reunión en la casa de Antonio Camayo, entre la señora Keiko Fujimori y el entonces juez supremo César Hinostroza”, indica el procurador Enco.

Además, está la declaración del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien declaró ante la fiscalía que Fujimori Higuchi pidió a inicios de mayo del 2018 que se contactara con Hinostroza para que ella sostenga una reunión con el magistrado. Agregó Salaverry que la lideresa de su expartido, días después, le dijo que Becerril y Torres se encargarían de hablar con el exjuez supremo.

A ello se suma el audio del 1 de agosto del 2018, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se escucha la comunicación entre Becerril e Hinostroza.

Cabe recordar que el 4 de junio del 2018, la entonces la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César Hinostroza, declaró “bien concedido” los recursos de casación de Fujimori y su esposo Mark Vito.

Posteriormente, tras la difusión de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, dicho tribunal supremo fue desactivado.

La denuncia, según el documento presentado por Amado Enco, se interpuso “con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado por los daños causados en contra de la administración pública en el denominado Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los casos de corrupción más emblemático en el sistema judicial”.

Giulliana Loza, abogado de Keiko Fujimori, indicó a El Comercio que aún no había sido notificada con la denuncia. Agregó que es una denuncia “que no procede”, pues “no hay nada” de contenido penal.

También tratamos de recoger la versión de Becerril y Torres, pero no obtuvimos respuesta.

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