El fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, considera que la investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia está entrampada tras una serie de pedidos presentados por la defensa en abril último.
— Ha dicho que el caso de los Humala Heredia está entrampado. ¿Por qué?
El caso está pendiente de una decisión por parte del Poder Judicial, que es la respuesta a una tutela de derechos planteada por la defensa. Esta tutela busca que se actúen una serie de diligencias que se contraponen con la decisión del Ministerio Público de concluir con la investigación preparatoria.
— ¿Y esto no se puede resolver porque la defensa ha recusado a la sala y al juez Richard Concepción?
Así es. En principio el juez decidió no realizar la audiencia de tutela porque estaba recusado. Quien debía resolver la recusación era la segunda sala superior, que también ha sido recusada.
— ¿Qué diligencias adicionales ha pedido la defensa?
Son muchas diligencias, superan las 20. Muchas tienen relación con la reactivación del mecanismo de cooperación internacional [con Brasil]. Es posible que estas diligencias sean facilitadas, pero es un asunto que no está bajo nuestro dominio.
— ¿Están pidiendo que se interrogue o vuelva a interrogar a personas que ya declararon?
Sí. A [Fernando] Migliaccio [tesorero de la División de Operaciones Estructuradas], a Barata nuevamente, diligencias que ya han sido cumplidas con los abogados presentes.
— ¿También documentación? ¿De qué tipo?
Sentencias y otros documentos relacionados con el sigilo que las autoridades brasileñas tienen. En algunos casos [son] reservados y [hacerlos públicos] está fuera de nuestras posibilidades. Por eso pensamos que son diligencias que buscan impedir que concluya la investigación.
— ¿Cree que el propósito es dilatar el proceso para que el fiscal no pueda acusar?
En ejercicio del derecho, está dentro de lo que estima la defensa para sostener la presunción de inocencia. Hay que entender que el fiscal dirige la investigación y es quien tiene la obligación de recabar la prueba de cargo para sustentar la acusación.
— Se cuestiona la demora del fiscal Germán Juárez para presentar su acusación. ¿Ya la tiene lista?
Primero debe concluir la fase de investigación preparatoria. Mientras no suceda, no se puede migrar a la siguiente etapa [de acusación]. El Ministerio Público ha tenido que realizar diligencias muy complejas, dentro del plazo legal. Nuestra planificación fue concluir en abril. No ha sido posible porque están pendientes las decisiones sobre la tutela de derechos.
— ¿Por qué incautar una casa que estaba embargada?
El aseguramiento en el embargo está relacionado con el futuro pago de una reparación civil, el aseguramiento en la incautación es el futuro decomiso. En ambos hay pretensiones de carácter cautelar, pero que no se agotan solamente con el futuro del bien, sino también con el disfrute del mismo.
— Se criticó al juez Concepción Carhuancho por no avisar al fiscal su decisión de dar 30 días a los Humala para desalojar su vivienda.
Al inicio de la diligencia la defensa pidió a la fiscalía facilidades para dejar el inmueble y el abogado César Nakazaki reconoce que el fiscal Juárez les da un plazo hasta las 10 de la noche. Después de eso, el fiscal no tiene conocimiento de ningún otro pedido.
— ¿Pero el juez debió avisar a la fiscalía que estaba a cargo de la incautación?
Lo que hace el juez es notificarle a quien lo había pedido, que era la defensa de los Humala Heredia. Agota todas las posibilidades y esa gestión resulta infructuosa. El Ministerio Público no tenía cómo estar atento de algo que desconocía.
— ¿Qué responde a quienes se preguntan por qué no se dictan este tipo de medidas contra otros políticos a quienes, según Odebrecht, también les dio dinero?
Son casos distintos. El caso de los Humala tiene tres años de investigación fiscal. El caso de la señora [Keiko] Fujimori se inicia a partir de una anotación de Marcelo Odebrecht en setiembre del 2017, pero en pocos meses la fiscalía ha logrado que se incorporen los testimonios de toda la plana mayor de Odebrecht. El caso está en etapa preliminar. No es posible comparar.
— Estaba pendiente la traducción de lo dicho por Jorge Barata.
Esta declaración se llevó a cabo en portugués, a pedido de la defensa de Keiko Fujimori. Luego se tuvo que hacer una transcripción y traducción y eso es un proceso bastante complejo y técnico, pero que ya concluyó. Ahora el fiscal José Domingo Pérez está en condiciones de tomar decisiones que antes no pudo.
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