Defensor del Pueblo sobre reformas del Congreso: “presentan insalvables vicios de inconstitucionalidad”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió este martes una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, en el que expresa su “profunda preocupación” por las reformas constitucionales aprobadas el último domingo por el pleno. Las modificaciones se refieren a la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la inmunidad de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y del defensor del Pueblo.

“Debo expresar mi más profunda preocupación debido a que el proyecto aprobado presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales”, inicia el documento.

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Asimismo, exhortó al Legislativo a volver a evaluar esta iniciativa, pues consideró que -de ser aprobada en segunda votación- “inexorablemente” será declarada inconstitucional.

“Exhortamos al Congreso a reevaluar la iniciativa votada, pues de ser aprobada en segunda legislatura el proyecto de reforma constitucional, inexorablemente será declarado inconstitucional con la consecuente debilidad institucional”, afirma.

En la carta, Walter Gutiérrez dijo que para la aprobación de una reforma constitucional es necesario cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución y el Reglamento del Congreso, por lo que cuestiona que no haya sido sometida a un análisis técnico.

“Era indispensable que la propuesta dirigida a reformar cinco disposiciones constitucionales, que comprometen el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, fuese sometida a un análisis técnico en las comisiones parlamentarias. Esto último hubiese garantizado la participación de la sociedad civil e instituciones públicas”, detalla.

El defensor incide en que el proyecto aprobado “ha transgredido el principio deliberativo”, el cual es uno de los pilares del sistema democrático.

“De acuerdo con este principio, para la legitimidad de una norma no basta que se tengan los votos suficientes para aprobarla, sino que ella sea producto de exhaustivas deliberaciones”, resalta.

Además, expresó su preocupación por la “incompatibilidad de la norma” con la esencia de las funciones de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Asegura que el principal recurso de esta institución es “la opinión contenida en sus informes, reportes y recomendaciones”.

Finalmente, Walter Gutiérrez se pronunció sobre la modificación que establece que el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. Consideró que esto debilita las garantías de estabilidad en el régimen político. Por ello, dijo que las iniciativas que debían impulsarse desde el Parlamento para concretar la reforma política han sido “desnaturalizadas” y “opacadas” por un “conflicto” entre el Ejecutivo y el Legislativo, “dejando de lado el deber de mutua colaboración”.

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