Reprimir el desliz autoritario, la columna de Jaime de Althaus

Hay eventos, en lo que estamos viviendo, que parecen tener la dinámica de una revolución. Se supone que es contra la corrupción pero también contra los políticos, contra ciertos políticos.

Como ocurre con las revoluciones, este movimiento encarna hondos reclamos de justicia y purificación moral pero también comete abusos y cobra víctimas inocentes –como ocurre con algunas decisiones de la dupla Pérez-Concepción Carhuancho– y puede transgredir el orden constitucional dejándose llevar por la tentación autoritaria. De lo que se trata es de encauzarlo dentro de la legalidad y hacia el logro de su cometido, que es limpiar el sistema de justicia y Estado en general y en todos sus niveles de la masiva corrupción existente, de modo que no se agote en la demonización y criminalización de una opción política que ni siquiera ha sido gobierno.

Es claro, por ejemplo, que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que suspende el ejercicio de las funciones del fiscal de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos encargándolas a una junta transitoria, colisiona con el artículo 158 de la Constitución que establece: “El Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura tres años…”. Solo se puede cambiar esa norma, aunque sea transitoriamente, mediante una disposición transitoria en la propia Constitución. Un gobierno democrático no puede intervenir un organismo constitucionalmente autónomo.

La enmienda constitucional en dos legislaturas inmediatas tendría los votos necesarios ahora que Keiko Fujimori ha pedido a su bancada apoyar el proyecto. Por ley orgánica, en cambio, sí se podría ampliar el número de integrantes de la junta (propone Azabache), o disponer que se elija al más antiguo (sugiere Ghersi). Lo más probable, sin embargo, es que Pedro Chávarry renuncie, luego de haber quedado completamente aislado.

El riesgo mayor de la desacertada y luego revocada decisión de Chávarry era que se frustrara el acuerdo con Odebrecht y las revelaciones que vendrían con los interrogatorios. Ese riesgo ha sido conjurado. El país necesita conocer toda la verdad de los sobornos cometidos (que no es lo mismo que donaciones de campaña, que no son delito, donde el problema ha estado en la mentira) y castigarlos.

Pero la tarea más compleja y laboriosa será la construcción, por fin, de un Estado de derecho y una administración pública meritocrática, transparente y ágil que expulse la corrupción de sus procedimientos. Pues es la corrupción generalizada la que asfixia a los ciudadanos y empresas y se apropia de nuestro dinero. La reforma del sistema judicial no se agota en las siete leyes que están esperando en el Congreso, sino en una reforma sustancial de la Corte Suprema, en una reingeniería profunda con transparencia total y evaluaciones de desempeño de los jueces y fiscales. Y en la depuración de la policía. Y la reforma del Estado incluye no solo ahondar la simplificación administrativa y normativa y la digitalización del Estado, sino revisar las atribuciones de los gobiernos subnacionales, con frecuencia antros de corrupción.

Si encauzamos bien esta revolución, tendremos otro país en unos años.