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El juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó ayer 36 meses de prisión preventiva para el ex magistrado César Hinostroza Pariachi, quien está recluido provisionalmente en un penal en España mientras espera el juicio de extradición.
Así, el Poder Judicial declaró fundado el pedido del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Hinostroza es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal.
Tras esta decisión, el fiscal Fernández podrá complementar el cuadernillo de extradición para que pueda seguir el proceso correspondiente y ser enviado a España en el menor tiempo.
El abogado William Paco Castillo, defensa de Hinostroza, dijo que apelará la medida. Antes de conocerse el pronunciamiento del juez, afirmó que, si le otorgaban comparecencia con restricciones, convencería a su patrocinado para que regrese al Perú.
—El cabecilla—
Durante la audiencia, el fiscal Fernández señaló que está acreditado que el ex juez supremo intervino en la Corte Superior de Justicia del Callao y en la Corte Suprema de Justicia para “mantener hegemonía”.
Agregó que los audios que evidencian actos irregulares y las últimas declaraciones de colaboradores eficaces respaldan la hipótesis de que Hinostroza es el cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
En su resolución, el juez supremo consideró que sí existen suficientes elementos de convicción que sindican a Hinostroza como el número 1 de la organización. Ello con base en las declaraciones del ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos, quien cumple una orden de prisión preventiva y sería el número 2 de la red.
Ríos –dijo el juez– ha declarado ante un fiscal que Hinostroza era el cabecilla y no solo en el ámbito de la corte del Callao.
—Se entrega funcionaria—
Yhenifferd Bustamante Moretti, la funcionaria que, según Migraciones, habría ayudado a Hinostroza a fugar del Perú, se entregó ayer a las autoridades.
Bustamante se presentó ante la sede judicial de Zarumilla, en Tumbes, cuatro días después de conocerse que el ex juez supremo fugó del país.
Ella fue trasladada a la carceleta. La fiscalía investiga a la funcionaria por los presuntos delitos de encubrimiento personal y omisión de funciones.
El Ministerio Público informó que cumplirá una orden de detención preliminar por 72 horas, solicitada por la fiscalía de Zarumilla.
