Susana Villarán: las claves de la orden de allanamiento a su casa

El equipo especial del Ministerio Público encargado de investigar el Caso Lava Jato llevó a cabo dos nuevos allanamientos, esta vez dirigidos a las casas de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y su ex hombre de confianza y quien fuera gerente general de la comuna en su gestión, José Miguel Castro.

El Poder Judicial admitió el pedido de allanamiento a estos dos inmuebles que formuló previamente el fiscal Hamilton Castro. El documento incluye diversos aspectos clave para el caso que tiene el Ministerio Público contra Susana Villarán y José Miguel Castro, los cuales resumimos aquí en 5 puntos.

1. Objetos del allanamiento

La fiscalía solicitó allanar dos viviendas. La primera de ellas es la de Susana Villarán, ubicada en la calle San Martín, en Miraflores.

La segunda casa es la de José Miguel Castro, ubicada en la calle Francisco del Castillo, también en Miraflores. A ambos ex funcionarios se les atribuyen los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

De acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que preside el juez Manuel Chuyo, la autorización para el allanamiento es de 24 horas desde el inicio de la diligencia.

2. Elementos de convicción

Para sustentar el pedido de allanamiento, la fiscalía procede a enumerar diversos elementos de convicción. El primero de ellos, la reunión que se llevó a cabo en el primer semestre del 2013 en medio del proceso de revocatoria contra Susana Villarán, entre José Miguel Castro y Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú. Según las pesquisas, el ex gerente municipal contactó al empresario en las oficinas de la constructora, primero vía telefónica, y luego en persona en una cita que se habría realizado en la Municipalidad de Lima.

En dicha reunión, Castro habría pedido a Barata un apoyo de US$3 millones a favor de la campaña del No a la revocatoria. Días después, la propia Susana Villarán habría llamado a Barata para reiterar el pedido. Fue así como presuntamente lograron convencer al empresario brasileño, ya que Odebrecht tenía diversos proyectos de "interés" con la Municipalidad de Lima, como Rutas de Lima.

Un segundo momento de la negociación fue por iniciativa de Jorge Barata, quien coordinó una visita a José Miguel Castro en la comuna limeña. Ahí le confirmó el aporte que sería depositado, una parte, en diversas cuentas bancarias, y otra parte entregada en efectivo. También indicó que US$2 millones irían a manos de Valdemir Garreta para pagar los servicios del publicista Luis Favre. Todos estos fondos fueron entregados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (Caja 2).

También incluyen el testimonio de un testigo que confirma el pago de US$2 millones a favor del No, junto con un aporte de US$1 millón que habría sido el apoyo por parte de la constructora brasileña OAS.

3. Documentos firmados

La fiscalía también considera como elementos importantes en el proceso los documentos firmados por la Municipalidad de Lima durante la campaña del No.

Los más importantes son la firma del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, luego llamado Rutas de Lima, con Odebrecht, así como la firma de la ampliación del plazo de concesión de 30 a 40 años con OAS para el proyecto Línea Amarilla (entonces Vía Parque Rímac).

También registran las visitas de personas vinculadas a ambas constructoras brasileñas durante la campaña del No a la sede municipal.

El Ministerio Público ha encontrado irregularidades también en el reporte de ingresos y egresos que declaró la campaña del No. El equipo legal de la campaña solo declaró un ingreso de S/1'614.321,50 y un egreso de S/1'612.322.

Sin embargo, la fiscalía ha podido verificar que los ingresos reales fueron por una suma de US$4 millones y los egresos llegaron a superar los US$3 millones. Esta diferencia, según la hipótesis fiscal, se escondió a través de personas que luego negarían haber realizado aportes al No.

4. Motivos suficientes para allanar

El Ministerio Público considera que hay motivos razonables para pensar que podrán incautar en estos allanamientos "cosas relevantes para la investigación" como vouchers, depósitos electrónicos, documentos de compra y venta de bienes, escrituras públicas y demás objetos posiblemente vinculados al delito.

También consideran que el allanamiento de estas dos casas es proporcional ante los elementos de convicción arriba expuestos.

5. Organización criminal

La fiscalía, para obtener el visto bueno del Poder Judicial, acudió a un juzgado dedicado a casos de corrupción de funcionarios. El documento señala que el caso de Susana Villarán y José Miguel Castro se enmarca en este sentido porque serían delitos cometidos en el marco de una "organización criminal" con repercusión a nivel nacional e internacional y porque tiene elementos de un proceso complejo.

"Esto en virtud a la participación de la empresa brasileña Odebrecht, la misma que al interior de su organización empresarial creó una estructura delictiva para corromper de manera sistémica y organizada a funcionarios públicos, partidos políticos, entre otros", se lee en el documento que aprueba los allanamientos.