A pedido del fiscal Marcial Páucar, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva de 18 meses contra cinco implicados en el caso. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

Un ex trabajador de Lual Contratistas, sindicada por la fiscalía como una de las empresas de fachada que utilizaba el llamado ‘club de la construcción’ para “lavar dinero ilícito”, entregó a El Comercio las copias de diez facturas emitidas por esa compañía.

La fuente afirma que trabajó para el hoy prófugo Rodolfo Prialé de la Peña, presunto operador del ‘club’ y nexo con Carlos García Alcázar, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y único detenido. Para ambos, el Poder Judicial ha ordenado 18 meses de prisión preventiva.

Los comprobantes fueron expedidos a cuatro constructoras y dos consorcios señalados como integrantes del grupo de empresas que supuestamente concertaban para repartirse, a través de sobornos, la adjudicación de obras públicas.

El testigo refirió a este Diario que los documentos fueron girados por servicios que no se ofrecieron. De acuerdo a la hipótesis fiscal, las facturas se utilizaban para justificar coimas en Provías, unidad adscrita al MTC.

La fiscalía acaba de incorporar los comprobantes entregados por el testigo en la investigación.

“Por una obra podía ser el 2% a 3% del contrato […]. Todas las facturas [de Lual] se emitieron, fueron presentadas y declaradas a la Sunat, pero Lual nunca realizó el trabajo […]. [La empresa] nunca hizo obras. No tiene gastos, no tiene pago de personal por obras”, mencionó la fuente.

Reveló también que la única vez que Lual intentó ejecutar una obra fue entre el 2008 y el 2009 en Trujillo, pero que “no supieron administrarla y tuvieron que devolverla”.

Al ser consultado sobre si una auditoría podría revelar si Lual fue efectivamente una empresa de fachada, el ex trabajador de Lual refirió: “Donde se puede dar cuenta Sunat es en el expediente. Si yo tengo un expediente, justifico mis gastos, la factura que estoy emitiendo, tengo que tener un expediente donde van a figurar planillas, los trabajadores, ingenieros, los cuales no hay”.

El testimonio relatado por esta fuente coincide con la acusación del fiscal Marcial Páucar, que indica: “Los pagos del 2,92% del valor de las obras materia de licitación pública (en Provías/MTC) fueron realizados por las empresas del ‘club’ –directa o indirectamente– a través de contratos ficticios a favor de las empresas de fachada […], entre ellas Lual”.

La noche del miércoles, en la audiencia en la que se ordenó prisión preventiva para cinco implicados en el caso, Páucar presentó otras facturas de Lual halladas en los allanamientos efectuados en más de 40 inmuebles vinculados a la supuesta red.

“De la evaluación de los clientes de Lual Contratistas Generales se ha identificado a integrantes del ‘club’, tales como Cosapi, Mota-Engil S.A., Conalvías, entre otros consorcios”, detalló el fiscal.

Para el penalista Carlos Caro, si la fiscalía comprueba que las facturas fueron emitidas por servicios ficticios y los montos fueron bancarizados, se podría conocer la“ruta del dinero” e identificar quiénes habrían pagado sobornos.

El abogado indicó que con esos documentos se podrían agregar cargos al expediente: cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios. A los sindicados de haber pertenecido al ‘club’ se los investiga por tráfico de influencias, lavado de activos y criminalidad organizada.

-Las facturas de Lual Contratistas-
En 8 comprobantes se mencionan obras licitadas en Provías/MTC. Las facturas fueron giradas por Lual a las constructoras Cosapi, Conalvias, Mota-Engil y Queiroz Galvao, además de los consorcios Vial Tambillo (Cosapi S.A. y Mota Engil Perú S.A.) y Las Vegas (C&M S.A.C. y Aramayo).

Por ejemplo, en la lista figuran los comprobantes 557 y 558, del 7 y 8 de noviembre del 2013, expedidos a Cosapi por un total de S/448.485 son por servicios en la obra “Construcción y mejoramiento de la carretera Camaná, desvío Quilca Matarani-Ilo-Tacna. Tramo Quilca-Matarani”, nombre de la LP 24-2012/MTC/20 obtenida por el Consorcio Vial Quilca Matarani (Obrainsa, OAS, Cosapi) por más de S/55 millones. En su acusación, el fiscal Marcial Páucar mencionó esa licitación como sospechosa.

(Fuente: El Comercio)
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