Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular | Foto: El Comercio / Archivo
Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular | Foto: El Comercio / Archivo
/ Renzo Salazar
Redacción EC

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, pidió la renuncia del presidente Pedro Castillo, pero precisó que el mandato parlamentario es de cinco años y no puede recortarse, salvo que se dé una disolución del Congreso.

En declaraciones a Canal N, el legislador fujimorista señaló que existen casos excepcionales, como lo ocurrido en el año 2000, en la que se recortó el mandato.

La salida es que se vaya el señor Pedro Castillo. Él debería reconocer su incapacidad para gobernar y renunciar para que sea una anécdota corta del país. [¿Se va el presidente y también el Congreso?] La Constitución es clara, no hay ninguna forma de revocar el mandato parlamentario, no hay otra forma de revocar el cargo fuera de la disolución del Congreso”, aseveró.

“Si llegamos a un límite de un gran impase, siempre cabe una reflexión, como la que se dio cuando se dio la salida del presidente Fujimori. Hay que entender que el Congreso es soberano, el Congreso, siendo poco popular, es donde están los representantes”, agregó.

En cuanto a la moción de censura presentada contra el ministro de Salud, Hernán Condori, Guerra García aseguró que esta iniciativa se basa en que su designación forma parte de una repartija de cargos públicos.

Cuando ha querido hacer visita a hospitales, el ministro ha tenido el rechazo del personal de Salud. Se quiere quedar en el cargo para poder decir que fue ministro, y por eso se aferran a los cargos. Este no es un Gabinete elegido sino de repartija, armado por el Gabinete en la sombra, dando a una cuota de Perú Libre y a Juntos por el Perú”, dijo.

La moción presentada registra 33 firmas necesarias para su presentación en la mesa de partes del Congreso, principalmente de Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú.

La moción vincula a Condori con “una serie de denuncias por inconductas funcionales, presuntos actos de corrupción, actos contra la ética en el ejercicio profesional, que pueden derivar en atentados contra la salud pública”.

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