Ministro Quijandría: “Es errado pensar que los delitos ambientales son delitos sin víctimas”

Mientras millones de peruanos permanecían en sus casas debido a la pandemia, la deforestación en el país avanzaba, incluso más que los años previos. Unas 200 mil hectáreas de bosque fueron deforestadas en 2020, mucho más que el promedio anual en el país.

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Hoy el Perú afronta un desafío ambiental mucho mayor. Luego de que el presidente Francisco Sagasti asumiera el cargo, una de las primeras medidas tomadas por el Ministerio del Ambiente (Minam) fue incrementar la meta nacional de reducción de las emisiones de carbono de 30% hacia 2030 a un 40%. Todo ello con el objetivo de que seamos un país carbono neutral en 2050, es decir, que emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se extraigamos.

A pocos días de dejar el cargo, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, habló con El Comercio sobre su corta gestión en el Gobierno de transición, los retos ambientales que afronta el país y cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno.

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“Ahora toda la atención está puesta en el COVID-19, pero el cambio climático sigue ahí y se sigue agravando”, advierte el titular del Minam.

- El gobierno de transición está por culminar sus funciones en pocos días. ¿Cómo encontró el sector cuando asumió la cartera?

Yo podría dar una figura o una visión mixta: [encontramos el sector] con una serie de avances importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de la construcción de la institucionalidad para los temas de cambio climático. Hay que recordar que en el 2018 se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático. Al año siguiente, en diciembre, se aprobó el reglamento de esa de esa ley y alrededor de eso se ha podido avanzar toda una serie de temas como la conformación de la Comisión de alto nivel de cambio climático, la plataforma indígena, que lo que hacen es generar las condiciones para la implementación posterior de una acción ya más concreta de respuesta frente al cambio climático desde el Ministerio del Ambiente y desde los otros sectores. Había también un avance interesante vinculado al tema de la legislación que regula los plásticos de un solo uso, se había podido aprobar esta ley también en el 2018 y había tenido un proceso de implementación interesante en ese primer año 2018-2019, con una reducción importante del consumo de bolsas de plástico, pero luego vino la pandemia, y eso ha revertido un poco [la situación] como efecto del aumento del delivery y de todos estos requerimientos vinculados a la sanidad.

Por otro lado, hay varias cosas que estaban en proceso y que se han podido culminar. Uno de ellos es la [creación] de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, por ejemplo, que tenía un buen tiempo dando vueltas, y que no terminaba por concretarse. Otro tema que se ha podido complementar es el de los rellenos sanitarios. Había nueve. Nosotros estamos dejando nueve también en este periodo.

[Había] temas que estaban un poco complicados, por ejemplo, teníamos dos de nuestras entidades adscritas, como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) que estaban más de un año sin cabeza porque no hubo la decisión política necesaria para designar personas a la cabeza de esas entidades. Los dos designados tienen un recorrido profesional robusto. Carmen Rosa García en el caso IIAP y Bram Willems en el caso del Inaigem.

- ¿Cuáles cree que deban ser las prioridades del siguiente Gobierno en términos ambientales?

Una línea de trabajo que creo que la siguiente administración debería priorizar tiene que ver con la respuesta frente al cambio climático. Este tema de haber construido o haber avanzado en la construcción de la institucionalidad, haber podido enviar a la Convención de Cambio Climático un nuevo compromiso de reducción de emisiones que aumentó a 40%, haber aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, generan condiciones para poder avanzar en la implementación, una implementación que no debe quedar solamente en el Minam, sino que implica que otros sectores también promuevan algunas políticas que tienen un efecto importante en términos de reducir emisiones o de reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Uno de ellos, por ejemplo, es el sector de Energía y Minas.

“Un tema adicional [que debe ser prioridad para el próximo Gobierno] es el control de la deforestación”

- ¿Cómo se espera llegar a esta meta del 40%? ¿Son suficientes las acciones tomadas por el Estado?

[Las acciones] sí alcanzan para lograr ese 40% de reducciones al 2030, si es que se llegan a implementar todas. El tema es que haya la voluntad política desde los diferentes sectores para avanzar en la implementación de estas medias ambientales. En el Perú tenemos un paquete de compromisos bastante robusto en términos del análisis económico, del análisis de factibilidad financiera, del análisis de disponibilidad presupuestal, a diferencia de otros países que pueden haber ofrecido mayores niveles de reducción. En el caso nuestro hemos sido muy puntillosos en términos de decir: ‘A ver, ¿puedo llegar al 40 por ciento? Puedo llegar. Sí se puede’. El 30% está sujeto al esfuerzo nacional con los recursos que se tienen ahora o que ya se sabe que vienen de aquí al 2030, tanto públicos y como privados, y el 10% adicional en función del éxito que tenga el país en conseguir nueva inversión, por ejemplo, que podría estar vinculada a proyectos de restauración ecológica o nueva inversión vinculada a la promoción de energías renovables. Nosotros hemos hecho, con apoyo del BID [Banco Interamericano de Desarrollo], un estudio técnico para calcular los costos y beneficios que implicaría la carbono neutralidad al 2050 con esta parada previa en el 2030 de reducción al 40%, y lo que hemos encontrado es que el resultado final serían beneficios para el país por 140 mil millones de dólares. Si apostamos por las medidas que se requieren para para lograr la carbono neutralidad en 2050, el beneficio es positivo para el país, porque adicionalmente la reducción de las emisiones, hay un proceso de transformación estructural de determinadas industrias, con la incorporación de energías renovables, la electromovilidad, la restauración, el manejo sostenible de bosque, la gestión de residuos sólidos, que no solamente se quedan en el efecto de reducir la emisión, sino que van a tener un efecto positivo, van a generar un círculo virtuoso de actividad económica alrededor de esta nueva forma de hacer las cosas.

También está el avance de la deforestación…

Un tema adicional [que debe ser prioridad para el próximo Gobierno] es el control de la deforestación. La deforestación en el último año, en el 2020, ha tenido un crecimiento importante respecto al nivel promedio que teníamos en los tres años anteriores. Tenemos un crecimiento de casi del 30% respecto del 2017, que se encontraba en 145 y 150.000 hectáreas [de bosque]. El año 2020 tenemos 200.000 hectáreas perdidas de bosque en el país. Ese es un tema que hay que ponerle mucho ojo, porque además tienen implicaciones, no solamente en el tema ambiental, sino también está en muchos casos vinculados a la puesta en riesgo de la vida de defensores ambientales, defensores ambientales que enfrentan problemas con los traficantes de tierra, con los que hacen extracción ilegal de madera u oro. Entonces, hay que ver cómo mejorar el control territorial del Estado en determinadas zonas del país. Algunas zonas son particularmente complejas: la frontera entre Huanuco y Ucayali es la zona de mayor intensidad en pérdida de bosque en los últimos años. Es la zona donde hemos tenido, además, los últimos problemas respecto de la pérdida de la vida de personas defensores ambientales.

Delitos ambientales

- Mencionaba la pérdida de bosque primario. ¿Cuáles son las medidas concretas que se llevaron a cabo para afrontar la deforestación en el país y qué está por hacerse?

Hay bastante por hacer. Hay algunas acciones que se han llevado adelante en términos de generar algunos espacios para mejorar la coordinación entre entidades que tienen que estar muy alineadas en la mirada de estos temas, y no ver, simplemente, que el problema de la pérdida de bosques, por ejemplo, en esta zona de frontera que señalaba es un problema o del Ministerio del Ambiente o del servicio forestal, sino que es un problema que está vinculado a justicia, a seguridad ciudadana, a derechos humanos, y por tanto requiere, pues, una intervención conjunta del Estado: del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, por supuesto. Entonces, se ha creado una comisión de delitos ambientales que lo que busca es, primero, generar espacios de discusión sobre cuáles son los problemas grandes que están vinculados a la temática ambiental, pero que tienen índole delictiva, y cómo mejorar esta acción, en primer lugar, del Poder Ejecutivo, o sea, como los ministerios nos organizamos y cómo mejoramos nuestra coordinación con los otros actores que tienen que intervenir como la Fiscalía, como el Poder Judicial, que tienen que empezar a dejar de lado esa idea errada de que los delitos ambientales son delitos sin víctimas… se pierde el bosque, se afectan los pajaritos, pero no, vemos que hay personas que han muerto en el último año por delitos vinculados a temas de tráfico ilegal de tierras, vinculados a estos problemas de la economía ilegal asociada a temas ambientales. Entonces, no son delitos menores, no son delitos sin víctimas.

- Usted ha hecho hincapié en el tema de los delitos ambientales. A inicios de año se dejó sin efecto una sentencia contra la empresa Tamshiyacu por deforestación y luego incluso se suspendió incluso la multa de la OEFA. ¿Esto no deja un mal precedente?

Sin duda, esta decisión tomada por el Poder Judicial de Loreto es un mal precedente, porque lo que podría mostrar es la figura: bueno yo daño el ambiente y después apruebo un plan de adecuación ambiental y medio que reparo algunos de los daños y ya está… como generó empleo, entonces estoy exonerado del requerimiento del impacto ambiental, y lo que tenemos que tener claro es que los actores exitosos en los mercados del futuro, en la economía del futuro, son los que incorporan de manera explícita el tema ambiental, no los que buscan esconderlo, los que buscan evitarlo, como ha ocurrido en este caso específico y en otros. Van a salir del mercado y claro, obviamente puede ser que ganen una batalla judicial, pero en el mediano plazo van a perder la guerra real comercial, o sea, no van a tener futuro. Esto es simplemente intentar retrasar algo que es inevitable: la incorporación explícita del atributo ambiental como parte de la calidad del producto.

- Usted ha mencionado a los mercados, pero también hay efectos sobre la gente y el ambiente. ¿Cuánto se ha avanzado sobre el tema de remediación del impacto ambiental [reparación del daño causado]? Hay muchas empresas que no han avanzado en esto y tal vez el Estado también ha estado fallando en ello.

Hay allí un tema complejo de normatividad y de legislación distinta en función de los sectores. Tenemos algunos ejemplos que empiezan a mostrar que las cosas se pueden hacer; tenemos esta restauración que se ha hecho de cerca de 700 hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata que fue afectada por la minería ilegal en el 2016, y que ahora se recuperó por completo. Se va a hacer el monitoreo, el acompañamiento, para que se pueda mantener. ¿Qué otros ejemplos interesantes hay de cosas que podrían empezar a cambiar la tendencia [en cuanto a remediación]? Hemos podido, finalmente, después de mucho trabajo, romper el cascarón impermeable que tenían los recursos de Sedapal, por el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos que se adaptaban acumulando en una cuenta y que habían llegado a ser cerca de 80 millones de soles. Recordemos que Sedapal cobra un 1% de la tarifa de agua para un fondo especial para recuperar o conservar cabeceras de cuenca o zonas de producción de agua, y hemos podido iniciar durante esta gestión la implementación del primer proyecto de recuperación de un bofedal, un humedal de altura en la cuenca del río Santa Eulalia. Entonces, hay una dinámica allí, que esperemos se replique en toda la zona de la concesión de Sedapal, y que así se pueda mejorar en la provisión de agua de calidad y en cantidad mayor para Lima, por ejemplo. Y, finalmente, se ha logrado avanzar también en la aprobación de los primeros proyectos de remediación ambiental vinculados a la zona de cuatro cuencas, áreas afectadas por actividad de hidrocarburos durante cerca de 40 años. Allí se ha aplicado un mecanismo bastante interesante de traslado de recursos desde el Ministerio de Energía y Mina al Fondo Nacional Ambiental, que es una entidad mixta público-privada, que, por tanto, tiene mayor flexibilidad para la utilización de los recursos para poder empezar a recuperar estos daños ambientes que se han generado por efecto de la actividad productiva petrolera en estas zonas de la Amazonía norte del Perú. No hay mucha experiencia en el Perú de remediación concreta, pero para este esfuerzo se ha contado con apoyo de expertos de otros países casos, muchos ingenieros venezolanos, por ejemplo, que tienen experiencia en recuperación de tierras afectadas por petróleo y que han ofrecido su asesoría, con lo cual rompemos un poco el mito sobre la migración venezolana: hay capacidad de profesionales que el país pueda aprovechar.

Defensores ambientales asesinados

- Ministro, usted mencionó el tema del asesinato de los defensores ambientales. En lo que va de la pandemia son siete los asesinatos. En su informe de gestión mencionaba que se han establecido medidas para garantizar la prevención protección y acceso a la justicia de los defensores ambientales. ¿Cuáles son estas acciones concretas?

Se ha podido establecer, finalmente, un protocolo multisectorial de intervención, porque lo que teníamos, y eso hay que reconocerlo como una limitación, no digamos del Gobierno sino del Estado peruano, porque es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo en términos de la oportunidad y de la eficiencia de la respuesta frente, por ejemplo, a las solicitudes de garantías que ponían los defensores ambientales, porque en todos estos casos, estos siete casos que usted señala, hubo una advertencia de parte de estos defensores de que los estaban amenazando, no es que a nadie lo tomó completamente por sorpresa que a estas personas -sobre todo en el ámbito local- les ocurriera finalmente la tragedia que les sucedió. Nosotros hemos establecido un protocolo que permite que las entidades que están vinculadas a este tema tengan muy claro qué cosa tiene que hacer cada una, y cuál es la secuencia de intervención para que no haya el ‘peloteo’. Ese tipo de cosas, cuando uno está tratando con un tema de seguridad física de las personas, no puede tardar, tiene que poder haber una capacidad de respuesta inmediata. Parte de ese proceso, por ejemplo, ha sido el establecimiento de personas de enlace por parte del Ministerio de Justicia en algunas regiones. Como yo señalaba anteriormente, por ejemplo, por esta situación particular que vemos en Huánuco y en Ucayali, la primera región en la cual el Ministerio de Justicia ha puesto una persona de coordinación con un enfoque, además, intercultural por el hecho de que estos defensores ambientales que han sido afectados son indígenas, la persona que pusieron como coordinadores es una persona de origen indígena para que sea el punto de entrada de las denuncia, de las demandas, de las solicitudes, y eso pueda activar la respuesta de los diferentes ministerios. Todo ello para que no haya un retraso en esta capacidad de responder frente a estos. El tema es que cada uno cumpla el rol que le corresponde de manera oportuna.

“El covid es una expresión del desbalance ambiental, del desbalance con la naturaleza que hemos tenido”

- ¿Cuál es el avance que considera más significativo en estos ocho meses de labor y cuál es el gran reto que tenemos como país de cara a enfrentar la crisis ambiental?

Yo diría que una de las grandes lecciones durante la gestión es el tema de poder haber logrado un diálogo transversal, horizontal, con los otros sectores en el Poder Ejecutivo, y poder establecerlo también con actores de sociedad civil. La lucha contra la deforestación, la respuesta frente al cambio climático, dejan de ser entendidos como temas de preocupación solo de los ambientalistas, y empiezan a ser puestos en cuestión como condiciones para mantener la competitividad en el largo plazo. Creo que ahí se ha dado un paso interesante en la posibilidad de romper ciertos atavismos que han existido en algunos ministerios y con algunas empresas con las cuales hemos estado promoviendo, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia, con los cuales estamos trabajando los temas como la Huella de Carbono Perú. Yo creo que, a pesar de ese avance, todavía nos falta mucho, nos falta profundizar más en estos temas. Lo podemos resumir en este lema de cierre de gestión que estamos impulsando: mejora el ambiente mejora el Perú. No hay que pensar en una mejora en el ambiente como algo que está desligado de generar condiciones para que el país siga creciendo, sino entender que un ambiente sano es lo único que garantiza que ese crecimiento económico se mantenga en el tiempo. Y el tema es que tenemos que entender esta situación actual del COVID-19 como una oportunidad de ‘entrenamiento’ frente a cosas como el cambio climático, que no se ha ido, porque, claro, ahora toda la atención está puesta en el covid, la reactivación y todo, pero el cambio climático sigue ahí y se sigue agravando. Finalmente, el covid es una expresión del desbalance ambiental, del desbalance con la naturaleza que hemos tenido. El covid surge de la degradación de los ecosistemas, del aumento de la interacción de las personas con la fauna silvestre y, por tanto, del aumento de las enfermedades zoonóticas. Entonces, la naturaleza nos ha mandado un mensaje.

- ¿Usted no teme que este afán, que es obviamente natural, de querer recuperar la economía, que en muchos casos está basada en carbono, finalmente termine por afectar lo poco que se ha avanzado en el tema ambiental en el país?

Ese riesgo existe. De hecho, hay un estudio reciente de la Universidad de Oxford que analiza los paquetes de reactivación [económica], por ejemplo, y ven en qué medida los paquetes de reactivación están alineados con el cumplimiento de metas ambientales, y muestra que hay una divergencia grande. Lo más fácil de pensar es un subsidio económico [a la población y empresas], una entrega sin condiciones, para que la economía se mueva. Nosotros hemos podido tener algunos algunos logros, no gigantescos, pero interesantes en términos de condicionar algunos de esos apoyos: en uno de estos paquetes que salieron de reactivación pudimos hacer que aquellas personas que iban a utilizar alguno de estos de estos fondos de reactivación tuvieran un premio si es que optaban por adquirir un vehículo eléctrico o híbrido en vez de uno convencional. Entonces, ellos tienen acceso a una tasa de depreciación más acelerada, por lo cual se hacen más atractivos. Ese tipo de medidas son las que tenemos que profundizar porque te permiten mover la economía y asegurar el ambiente al mismo tiempo. Nosotros desde hace buen tiempo venimos diciendo que a reactivación tiene que ser verde porque, de otro modo, no va a ser una reactivación en realidad; lo que va a ser es que va a generar, pues, un espejismo de resolución del problema, pero va a ser una vuelta en círculo, para regresar al mismo punto en cinco o en 10 años. Hay que tener mucha más discusión y mucha más difusión, mucho más espacio de debate a nivel nacional sobre cómo nos vamos a energizar al futuro. ¿Vamos a seguir apostando por los pozos petroleros en el país o vamos a tomar la decisión de ir por la diversificación de nuestra matriz energética?, ¿vamos a apostar fuerte por los autos eléctricos, por las ciclovías y la posibilidad de transporte alternativo o vamos a seguir promoviendo esta política no escrita de cómprate un carro y mientras más consumidor eres, mejor? Son esas las discusiones que hay que llevar adelante. Esperemos que la nueva administración tenga el espacio para hacerlo. Recordemos que los cinco años que hemos pasado han sido muy movidos, el ambiente político no estaba muy estable, y a pesar de eso se ha podido avanzar algunas cosas.

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