El balance del año ambiental en el Perú: lo bueno y lo malo del 2019

Al revisar el año ambiental de Perú, la sensación que queda cuando nos detenemos a observar la Amazonía, es que esta sigue siendo ese paciente eterno que padece los mismos males de siempre: mafias que arrasan ilegalmente con los bosques, mineros ilegales que se las ingenian para seguir operando y contaminando, el narcotráfico que gana terreno para cultivos ilícitos de hoja de coca a costa de la depredación de la selva, y la lista es aún más larga.

Uno de los casos más emblemáticos que dejó al descubierto el nivel de organización de las mafias para lavar madera fue el de ‘Los Cumaleros del Oriente’, una red criminal que utilizaba documentación falsa para traficar madera y en la que incluso participaban exfuncionarios públicos de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, todos ellos en funciones hasta fines de 2018. El megaoperativo desplegado por un equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada y División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y 17 fiscales logró la captura de 12 de las 13 personas pertenecientes a la organización criminal, así como el allanamiento de 16 inmuebles, doce de ellos en Ucayali y cuatro en Loreto.

El caso de ‘Los Cumaleros del Oriente’ dejó en evidencia algo que se repetía a todas voces: el tráfico de madera es operado bajo las mismas estrategias del crimen organizado.

La minería ilegal, por otro lado, no deja de estar presente como uno de esos males incontrolables que afecta suelos, ríos y aire. Este año, sin embargo, el Estado ejecutó la ‘Operación Mercurio 2019’, un megaoperativo destinado a recuperar el control en más de 100 mil hectáreas de La Pampa, un área devastada por los ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Si bien este espacio se mantiene bajo el control de la policía y las fuerzas armadas, en los últimos meses se han reportado nuevos puntos de minería ilegal en otros lugares de la región. Se teme que los ilegales estén migrando a otras zonas para seguir operando donde nadie los controla.

Dentro de esta evaluación anual, cabe señalar que hubo avances en materia de regulación ambiental, como la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar el aporte por regulación que recibe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), fondo con el que esta institución financia sus tareas de fiscalización. Pero también retrocesos, sobre todo si volteamos la mirada al mar peruano, pues una vez se cierra el año con la misma deuda pendiente: la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, como lo había ofrecido la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

En suma, este 2019 se cierra con aciertos, errores y deudas pendientes en materia ambiental.

Lee más | Perú: vigilantes comunales enfrentan la minería ilegal en Amarakaeri

Lo malo: el crimen organizado en la Amazonía peruana

La captura de los integrantes de la red criminal denominada ‘Los Cumaleros del Oriente’, dedicados a la tala ilegal y el lavado de madera en las regiones de Loreto y Ucayali, demostró, una vez más, cómo operan las mafias en la Amazonía peruana.

Las redes criminales integradas por funcionarios de los gobiernos regionales, empresarios y personas dedicadas a extraer madera ilegal de los bosques amazónicos operan con total impunidad en por lo menos 13 regiones del país.

La investigación de Mongabay Latam Bosques saqueados: regentes forestales falsificaron más de 1200 expedientes para lavar madera expuso, por ejemplo, cómo los regentes forestales —personas dedicadas a elaborar los expedientes en los bosques para extraer madera— forman parte de estas mafias que se dedican a falsificar información para extraer árboles de lugares prohibidos. En ese camino, áreas naturales protegidas y territorios indígenas quedan expuestos a los planes del crimen organizado.

“Lo que queda en evidencia no solo es la corrupción en relación al tráfico de tierras y los permisos de extracción de recursos naturales, sino las limitaciones de las fiscalías ambientales, pues existe una concurrencia de delitos y casos complejos que merece mayor especialización”, comenta Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo.

La funcionaria comenta que el Ministerio Público en las regiones se ha visto en la necesidad de derivar casos complejos a las fiscalías especializadas en lavado de activos y crimen organizado en Lima, la capital peruana, porque junto al tema ambiental se presentan otros delitos. “Es necesario que el Ministerio Público pueda afrontar delitos ambientales ligados a territorios en los que se presentan la concurrencia de varios delitos. Hay tala ilegal cuya madera termina siendo blanqueada y se comercializa mediante empresas formales”, asegura Abanto.

En esta depredación de los bosques peruanos también aparece el narcotráfico. Un reportaje de Mongabay Latam en la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la región Huánuco, dio cuenta de cómo avanzan las invasiones y los cultivos ilegales de coca en los territorios indígenas.

“Ha sido un año de muchos retos para la Amazonía, con más proyectos priorizados que no incorporan criterios ambientales y sociales y que van a desencadenar una serie de impactos graves. A ello se suma la minería ilegal, la contaminación de los ríos amazónicos, los derrames de petróleo, y la tala ilegal. Los riesgos son reales y no hay un plan de soluciones preciso para enfrentarlos”, manifiesta Vanessa Cueto, Coordinadora del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En esta espiral de crimen organizado que se está implantando en la Amazonía peruana, aparecen también las amenazas contra los defensores ambientales. En abril, Cristian Java Ríos, un joven de 22 años y monitor ambiental de la comunidad nativa La Petrolera, en Loreto, fue asesinado por madereros ilegales. Tres meses después, Julio Crisanto López, vigilante del bosque Macuya, un centro de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali, corrió con la misma suerte.

Lee más | Líderes asesinados, deforestación y limitaciones a la participación: las deudas ambientales de Colombia en 2019

Lo bueno: protección de ecosistemas frágiles

Una noticia alentadora ha llegado casi al cierre del año. El último fin de semana, mediante un decreto supremo, el gobierno peruano estableció el Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

Esta área reservada, la primera creada en Lima destinada a proteger un ecosistema tan frágil comprende 13 475 hectáreas que se distribuyen entre los distritos de Ancón, Carabayllo, Independencia, Rímac, La Molina, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

Esta extensa área reservada ha sido creada para proteger cinco ecosistemas de lomas que están a punto de desaparecer en la capital peruana. Sin embargo, aún existen otras 14 lomas que no forman parte de esta nueva área protegida.

“Las principales amenazas son las invasiones y el crecimiento urbano desmedido”, sostiene Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Una muestra de cómo se están destruyendo estos ecosistemas son las Lomas de Amancaes, que desde hace casi diez años es afectada por las invasiones constantes que van acabando con la flora y fauna que albergan sus colinas. Solo en el 2018 se reportaron dos grandes invasiones —en enero y en julio— que han acorralado más a las taras, vizcachas y tomates silvestres que crecen libremente en estas pendientes.

Haydeé Cerrón, presidenta de la Asociación Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes (PAFLA), es una de las más fervientes defensoras de estas montañas y trabaja desde hace más de cinco años en su conservación. Para ella, la noticia de la creación del ACR Lomas de Lima ha sido “la recompensa a su esfuerzo para salvarlas de su desaparición”.

En camino está la creación del Área de Conservación Regional Ausangate, en Cusco, un ecosistema con nevados y lagunas destinado a proteger la Cordillera del Vilcanota y masa glaciar del nevado Quelccaya, el glaciar tropical más extenso del mundo.

Por ahora, la definición de esta ACR del Cusco está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros y lista para su aprobación. Si el gabinete lo decide, antes de que termine el año, el Perú podría sumar una nueva área protegida a las más de 22 millones de hectáreas que ya tienen esta denominación.

Una versión ampliada del reportaje de Yvette Sierra Praeli fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en el Perú, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.