Perú: la reactivación forestal en Loreto se ejecuta en medio del caos y demandas judiciales

El 2 mayo de 2020, el gobierno peruano emitió un decreto supremo que aprobaba la reanudación de las actividades económicas organizadas en cuatro fases. El planeta vivía la primera ola de la pandemia por el coronavirus y casi todos los países del mundo habían paralizado sus actividades como parte de la cuarentena dispuesta por los gobiernos para frenar los contagios. El Perú también estaba detenido desde el 16 de marzo.

Según esa norma, algunas actividades económicas se iniciarían ese mismo mes, el sector forestal se incluyó en esa primera fase. Un par de meses después, en julio de 2020, el Gobierno Regional (GORE) de Loreto lanzó el programa de reactivación regional del sector forestal. Lo hizo desde las instalaciones de la empresa Inversiones La Oroza, una compañía cuestionada, como informó Mongabay Latam en ese momento.

El programa de reactivación forestal de la Gerencia de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre (Gerfor) del Gobierno Regional (GORE) de Loreto incluyó 169 concesiones forestales, entregadas entre los años 2003 y 2019, para que formen parte de la puesta en marcha de la recuperación económica de la región en el sector ligado a la madera.

Sin embargo, de inmediato surgió un problema: de las 169 concesiones forestales incluidas en el proyecto de reactivación económica, 37 estaban superpuestas a territorios en trámite de titulación o pedido de ampliación de comunidades nativas, así como de zonas solicitadas y en trámite como reservas indígenas de pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

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Una demanda contra el gobierno regional

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) realizó un análisis comparativo entre el mapa entregado por el Gobierno Regional de Loreto y la información cartográfica del Centro de Información y Planificación Territorial de Orpio (Cripto) para determinar los lugares donde se superponen estas concesiones.

El análisis permitió visualizar que del total de concesiones superpuestas, 15 corresponden a territorios de comunidades nativas en proceso de titulación y ampliación, y 22 están sobre territorios de reservas indígenas solicitadas.

Esta evaluación permitió verificar que ocho de las concesiones se ubican dentro del territorio de la reserva indígena Yavarí Tapiche y cuatro en la Yavarí Mirim, así mismo diez se superponen con Atacuari, una reserva solicitada en el año 2020.

«Se ha verificado que estas concesiones [forestales] se superponen a las reservas de pueblos indígenas en aislamiento. Por eso, con Orpio, hemos presentado una demanda de amparo contra esta reactivación pues existe una amenaza inminente. Estamos adelantándonos a los hechos», señala Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien está a cargo de la demanda constitucional de amparo que ha presentado la organización indígena contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre y el Gobierno Regional de Loreto.

En esta demanda, presentada el 17 de julio 2020 ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte de Loreto, Orpio solicita que no se reactiven las concesiones forestales que se superponen a las reservas indígenas solicitadas y en trámite de creación. Para Quispe, se trata de un proceso urgente porque esta en juego la vida e integridad de los pueblos en aislamiento, sin embargo, agrega, aún están a la espera de que se realice la audiencia en el Poder Judicial.

La antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, señala que la reactivación del sector forestal en Loreto se está haciendo de manera poco transparente, pues la solicitud de información sobre las concesiones superpuestas en territorios indígenas, presentada por Orpio en julio de 2020, ha sido respondida recién en noviembre de 2020. «Esta reactivación económica vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas», agrega la antropóloga en referencia al problema surgido con las concesiones y recuerda que no es la primera vez que se ha presentado una demanda contra el gobierno regional por concesiones entregadas de manera irregular.

«Actualmente hay 110 concesiones aptas para el proceso de reactivación», dice Kenjy Terán, titular de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre del GORE Loreto. Según el funcionario, su sector ha realizado una evaluación de las 169 concesiones que se incluyeron como parte de la reactivación forestal en Loreto y ha dejado fuera del programa a 59 concesiones que «tenían problemas de saneamiento legal», entre ellas las que se superponen con los territorios de los pueblos indígenas.

Sin embargo, para que las concesiones sean anuladas o dejadas sin efecto, explica Terán, es necesario que antes el Ministerio de Cultura (Mincul) culmine los procesos de categorización de esas reservas indígenas. El Mincul y la Defensoría del Pueblo han solicitado en más de una oportunidad la anulación de las concesiones, pero el GORE de Loreto demanda que primero las reservas sean oficializadas.

«El Ministerio de Cultura solicita la anulación de las concesiones, pero se tiene que compensar esas tierras que fueron otorgadas antes de que entre en vigencia la norma», dice el funcionario forestal.

Kenjy Terán se refiere a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento, así como a un decreto supremo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del año 2015. Estas normativas establecen que no se deben otorgar títulos habilitantes en áreas destinadas a reservas territoriales para pueblos en aislamiento y tampoco en aquellas que están en trámite. Pero como parte de las concesiones fueron otorgadas antes de la entrada en vigencia de las normas, el funcionario insiste en una compensación aún para aquellas a las que no les corresponde.

Para el titular de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre del GORE Loreto, la anulación de las concesiones sin una compensación podría exponer al gobierno regional a una demanda. «Sería fácil anularlo por ser irregular, pero el titular de la concesión puede denunciarnos y solicitar indemnización», asegura el funcionario.

Mediante una comunicación escrita, el Ministerio de Cultura informó a Mongabay Latam que de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su reglamento,”está prohibido el otorgamiento de títulos habilitantes de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en áreas de reservas indígenas y territoriales, y en áreas en trámite para el establecimiento de reservas indígenas”.

Debido a ello —indica el comunicado— el Ministerio de Cultura ha solicitado al Gobierno Regional de Loreto, en reiteradas oportunidades, la nulidad de los títulos habilitantes otorgados en áreas de solicitudes de reservas indígenas. En ese sentido, Cultura precisa que la anulación de las concesiones está en manos del GORE de Loreto por ser la autoridad forestal de la región.

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La larga espera de las reservas indígenas

Entre las concesiones que se superponen a la propuesta de reserva indígena Yavarí Mirín figura un título habilitante entregado a Inversiones La Oroza, empresa investigada por tráfico ilegal de productos forestales maderables desde el año 2015, cuando durante la Operación Amazonas, esta compañía y otras diez empresas madereras fueron intervenidas con carga de procedencia ilegal que estaban siendo enviadas al exterior.

Al respecto, el gerente de la empresa, Luis Ascensio dijo a Mongabay Latam que la concesión ha sido devuelta al Estado. «Actualmente no tenemos ninguna concesión superpuesta», aseguró.

Asimismo, en una carta que envió Orpio a diversas instituciones públicas y organismos internacionales presentó un reclamo específico contra Inversiones El Forastero EIRL, luego de una publicación del gobierno regional en sus redes sociales en la que se observa a Terán en las instalaciones del aserradero de la misma empresa. En el documento Orpio señala que esta empresa también tiene tres concesiones sobre la reserva indígena solicitada Yavarí Tapiche.

En ambos casos, Terán asegura que las concesiones no están consideradas dentro del plan de reactivación del gobierno regional. «Las concesiones de El Forastero las estamos excluyendo porque están caducas», asegura el funcionario.

Los reclamos para la anulación de concesiones dentro de territorios PIACI no son recientes. Entre 2016 y 2017, el gobierno regional de entonces entregó 43 concesiones forestales en los territorios solicitados para las reservas indígenas Yavarí Tapiche y Yavarí Mirim, pese a que en ese momento estaba vigente la prohibición de otorgar títulos habilitantes forestales en las áreas en trámite para el establecimiento de reservas territoriales.

Consultado sobre los pedidos de nulidad de las concesiones por parte del Ministerio de Cultura, Terán se respalda en que aún no se define la creación de las reservas indígenas.

El Ministerio de Cultura ha precisado que para la reserva Yavarí Tapiche se acaba de aprobar el Estudio Adicional de Categorización (EAC) y su delimitación definitiva. En este caso —precisa Cultura— se está analizando la posible afectación de derechos colectivos de pueblos indígenas para emitir el decreto supremo que define su categorización. En el caso de Yavarí Mirín, Cultura indica que en febrero se reanudó el segundo trabajo de campo para el estudio adicional de categorización, luego de que se suspendiera por la emergencia sanitaria.

«Es primordial que el gobierno nacional cree las reservas indígenas para pueblos en aislamiento, y mientras dure este tramite, el gobierno regional debe abstenerse de entregar títulos habilitantes, no solo concesiones forestales, sino lotes petroleros e implementar mecanismos de protección», señala la abogada Maritza Quispe de IDL.

La antropóloga Beatriz Huertas dice que «es frustrante» la lentitud con la que se realizan los procesos de definición de las reservas indígenas. También cuestiona la falta de solución de los procesos judiciales, pues mientras se espera que estos avancen, «las numerosas concesiones forestales ilegales siguen operando».

Zoila Merino, miembro de la directiva de Orpio, reclama por la demora del Ministerio de Cultura para aprobar la categorización de los territorios donde viven los PIACI. «Las empresas no están operando, pero tampoco hay solución definitiva. El gobierno regional no da solución», asegura.

Las solicitudes para la titulación de territorios indígenas también tiene los mismos retrasos.

«Es frustrante, el estado vulnera la ley para favorecer a empresas madereras. Algunas [concesiones] estaban inactivas y las han ayudado para que se vuelvan a reactivar», dice Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua), sobre las 15 concesiones forestales consideradas en el programa de reactivación económica de la región Loreto que se superponen en territorios de comunidades, la mayoría en la cuenca del río Napo.

El gerente regional del sector, Kenjy Terán, asegura que los casos de las concesiones ubicadas sobre comunidades nativas están prácticamente resueltos, debido a que en algunos casos la superposición «era de pocas hectáreas que han sido excluidas» y en el caso de las solicitudes de ampliación de comunidades se está evaluando si realmente corresponde la extensión que piden.

Terán, además, agrega que para compensar la exclusión de casi 60 concesiones de la lista inicial de la reactivación, se ha empezado un plan para incluir los bosques de las comunidades nativas en los programas de reactivación económica. «Eso dependerá de la decisión de cada comunidad o federación», precisa Zoila Merino, de Orpio, sobre la propuesta del gobierno regional para el manejo de sus bosques.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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