Hace 30 años: el episodio militar que buscó derrocar a Fujimori 7 meses después del autogolpe del 5 de abril de 1992 | CRONOLOGÍA

Asimismo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó que se había detenido a “cuatro militares en retiro”, y describía así los hechos: “En la madrugada del día de hoy, un minúsculo grupo de oficiales del Ejército, encabezados por los generales de división, en situación de retiro, Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Luis Palomino Rodríguez, y el comandante Marcos Zárate Rota (…) pretendieron tomar la Comandancia General del Ejército y Palacio de Gobierno con el propósito de apresar al comandante general del Ejército y asesinar al jefe del Estado”.

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El comunicado indicaba también que los insubordinados buscaban impedir “la realización del proceso electoral para el Congreso Constituyente Democrático”. Los calificaba de “golpistas”, sin ninguna idea democrática por delante, sino más bien como un grupo que buscaba su propio beneficio. El documento aseguraba que estos elementos ya estaban detenidos y que serían juzgados “por la comisión de delitos previstos y penados en la legislación vigente”. Indicaban, finalmente, que el país estaba en calma y que esa intentona golpista no había tenido eco en otras zonas del país. El entonces autodenominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” garantizaba así los pasos para lograr una “auténtica democracia en el Perú”.

En el transcurso de los días, el jefe de este grupo de insurrectos, el general (r) Jaime Salinas Sedó, se pudo comunicar con El Comercio para negar que haya habido algún “plan de acción” para atentar contra la vida del presidente Alberto Fujimori. Ellos querían, básicamente -declararía el general Salinas-, recobrar el Estado de Derecho en el Perú, que fue alterado por el golpe del 5 de abril de ese año, y por supuesto el retorno a la democracia representativa, que había desaparecido al disolverse el Congreso de la República. Buscaban, dijeron después, darle el poder al vicepresidente Máximo San Román.

Aquí les presentamos la cronología de esos candentes hechos que remecieron el país hace tres décadas exactamente, y el proceso judicial contra los responsables y su amnistía final.

(13/11/1992)

Hacia las dos de la madrugada empezó a ejecutarse el acto de insubordinación contra el régimen de Alberto Fujimori, en una acción que lideraron los generales EP (r) Jaime Salinas Sedó y José Pastor Vives. La noche anterior, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) habría detectado el movimiento y el gobierno denunció a los “cabecillas”. Los insurrectos fueron encerrados en el cuartel San Felipe, en el Callao.

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(13/11/1992)

Cuando eran las 2.30 am., el presidente Alberto Fujimori y su familia se trasladaron al Cuartel General del Ejército, siendo resguardados por aproximadamente 15 vehículos de seguridad. Allí se reunió hasta las primeras horas del día con los ministros de Defensa, general Víctor Malca Villanueva, y del Interior, general Juan Briones Dávila, así como con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, además de otros ministros, quienes lo pusieron al tanto de la situación.

(13/11/1992)

Alrededor de 250 soldados y una docena de tanquetas formaron un férreo cordón alrededor del Palacio de Gobierno y sus calles adyacentes, cortando el tránsito vehicular y peatonal. En tanto, en las primeras horas del día, por toda Lima circularon olas de rumores sobre los hechos.

(13/11/1992)

A las 11.45 am, llegó en una caravana el auto presidencial. Se logró ver al presidente Fujimori “con el rostro cansado, pero sereno”, describió El Comercio. Hasta entonces su paradero había sido un misterio, pues se le trató de ubicar en todas las bases militares en donde se suponía estaba. Ya en el Patio de Honor, el mandatario se detuvo por unos segundos en las escaleras para saludar con los brazos en alto a los niños que, como era usual, habían concurrido para presenciar el tradicional ‘Cambio de guardia’.

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(14/11/1992)

Un total de 25 oficiales del Ejército, en situación de retiro y en actividad, fueron detenidos por las fuerzas del orden, como consecuencia del frustrado ‘golpe militar’, informó el propio presidente Fujimori, quien reveló que el propósito de la intentona era asesinarlo, postergar las elecciones para el CCD por un año y realizar una campaña de desprestigio a su régimen.

(14/11/1992)

Entre los oficiales detenidos, además de los generales de División (r) Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Luis Palomino Rodríguez y el Comandante (r) Marcos Zárate Rota -este último sometido al Consejo de Investigación por presunta vinculación con el narcotráfico- se encontraban los generales (r) Ernesto Obando Salas y Manuel Obando Salas, quienes fueron los nexos con la parte activa del Ejército para los efectos del ‘golpe militar’.

(14/11/1992)

Por encargo expreso de la familia del general de División Jaime Salinas Sedó, el doctor Alberto Borea Odría asumió su defensa profesional así como del hijo Jaime Salinas López-Torres, también involucrado en el caso.

(16/11/1992)

El presidente Alberto Fujimori ratificó al general EP José Valdivia Dueñas en el cargo de jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto.

(19/11/1992)

El Vigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, a cargo del doctor Moisés Ayra Peña, declaró improcedentes las acciones de Hábeas Corpus presentadas por los generales EP Manuel y Ernesto Obando Salas y José Pastor Vives, protagonistas del intento insurreccional del 13N. Se confirmó también el apoyo del vicealmirante Augusto Vargas Prada.

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(25/11/1992)

El general (r) Jaime Salinas Sedó, sindicado por el gobierno fujimorista como el principal cabecilla de la fracasada asonada golpista del 13N, declaró que el motivo principal de la insurrección antigobierno fue “tratar de conseguir la restauración de la democracia en el país”.

(11/12/1992)

En horas de la madrugada, cuatro militares implicados en el intento golpista del 13N, los mayores (EP) César Alberto Cáceres Haro y Salvador Carmona Bernasconi, el comandante EP (r) Enrique Aguilar del Alcázar y el coronel Juan Ramón Noblecilla, pasaron del cuartel San Felipe al cuartel policial Los Cibeles, en el Rímac; de allí pasarían al penal Miguel Castro Castro (Canto Grande), por disposición del Consejo Supremo de Justicia Militar.

(12/12/1992)

El mismo Consejo Supremo de Justicia Militar también decidió trasladar al penal Castro Castro al propio general (r) Jaime Salinas Sedó, junto a los otros cuatro oficiales golpistas.

(19/12/1992)

El Comercio publicó una entrevista en exclusiva con Salinas Sedó desde el penal de Canto Grande. Allí el general en retiro se defendió de la acusación del SIN y el gobierno de tener un plan para asesinar al presidente Fujimori: “Hasta hoy no me enseñan el famoso ‘plan de ejecución’ que nunca existió y que fue mostrado por un periodista de un canal de televisión. Yo se lo he pedido al juez, él me dijo que me lo enseñaría; pero como ya no hay instructiva, creo que no me lo van a enseñar”.

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(19/12/1992)

En esa misma entrevista, Salinas Sedó respondió a la pregunta sobre torturas a oficiales para que hablaran. Dijo: “En el sótano de la prefectura del Callao han torturado a los oficiales Carmona, Aguilar y Cáceres. Yo sé que ha sido un policía de la ex PIP de apellido Rebatta. Ellos han redactado testimonios de puño y letra y, a través de mi abogado, los estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sepan de esto”.

(24/12/1992)

Salinas Sedó y el grupo de militares involucrados en el 13N dejaron el penal Castro Castro (Canto Grande) en medio de estrictas medidas de seguridad. Ante el pedido de varias instituciones, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó que fueran trasladados al cuartel militar Simón Bolívar, en Pueblo Libre.

(18/2/1993)

El Tribunal Militar dictó sentencia a todos los militares implicados en los sucesos del 13N. Al general (r) Jaime Salinas Sedó lo condenó a 8 años de prisión efectiva.

(26/5/1993)

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori indultó a 11 militares vinculados con los hechos del 13N. En esa lista no figuró el general (r) Jaime Salinas Sedó. Desde entonces, su hijo Jaime Salinas Lopez-Torres, desde EE.UU., donde trabajaba como empresario, impulsó la liberación de su padre. El hijo del militar consiguió que el Congreso y personalidades como el ex presidente Jimmy Carter enviasen cartas al gobierno de Fujimori en las que le solicitaban la libertad para el ex militar aún recluido.

(14/6/1995)

En horas de la madrugada, el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Amnistía General. Dicho proyecto de ley estableció otorgar libertad al personal militar, policial o civil, cualquiera fuere su situación, que se encontrara, desde mayo de 1980 hasta la fecha, denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes o militares en los fueros común o privativo.

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(16/6/1995)

El Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la libertad, corte de la secuela de juicios, anulación de antecedentes y archivo de las causas seguidas contra 52 oficiales y suboficiales del Ejército, Marina de Guerra y Policía Nacional favorecidos con la “Ley de Amnistía”. Entre estos, salieron libres todos los militares constitucionalistas del Caso 13N, incluido el general (r) Jaime Salinas Sedó.

(14/5/2001)

En ceremonia de reivindicación, la Comandancia General del Ejército recibió a los 17 militares separados de este instituto castrense por participar en el acto golpista institucional del 13N. La reposición implicó que todos ellos volverían al Ejército con sus mismos grados. El general (r) Jaime Salinas Sedó, quien no volvería al Ejército por superar el límite de edad permitido, recibió un reconocimiento especial. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a la Comandancia General, pese a sus méritos.

(10/3/2005)

El Congreso de la República promulgó la Ley N° 28472, la cual ordenó, entre otras cosas, el ascenso al grado inmediato superior de los involucrados (Art. 3) en el caso 13N. Pese a ello, solo dos militares fueron los ascendidos.

(20/6/2006)

El Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia favorable a los demandantes de la acción de cumplimiento y requirió al Ministerio de Defensa ejecutar lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley N° 28472, “reconociendo a la totalidad de demandantes su tiempo de permanencia en la situación de retiro y/o disponibilidad, como tiempo de servicios reales y efectivos prestados al Estado, a efectos de pensionarlos y de promoción al grado inmediato superior”. No obstante, el presidente Alan García solo admitió el pedido hasta el grado de coronel, y no de los 11 militares que debieron ser generales de división y brigada.

(13/10/2016)

Diez años después, ya lejos del poder y encarcelado, cumpliendo una larga condena de 25 años, el ex presidente Alberto Fujimori, así como el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, fueron acusados por la fiscalía de haber plagiado al general (r) Jaime Salinas Sedó; la fiscalía pidió 20 años para Fujimori por ese secuestro. La denuncia fiscal incluyó también a Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); al ex ministro de Defensa Víctor Malca; al ex ministro del Interior Juan Briones; así como al general EP (r) Luis Pérez Documet y al comandante EP (r) Manuel Guzmán. Para estos últimos, la fiscalía solicitó una pena de 18 años. Asimismo, la acusación comprendió al coronel EP (r) Freddy Rebatta y al coronel PNP (r) Manuel Aybar Marca. Para ellos la fiscalía pidió 17 años de prisión.

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