Los peruanos que no volvieron a casa

Entre el 2019 y agosto de este año se ha denunciado en el Perú la desaparición de 95.907 personas; de las cuales, 59.994 –más de seis de cada 10– eran mujeres y 51.631 –más de la mitad del total– menores de edad entre 12 y 17 años, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped).

Así, en el Perú se reporta la desaparición de 20.953 personas cada año, en promedio, de las cuales 12.468 son menores de edad.

Con la información pública disponible no es posible determinar con exactitud los motivos de las desapariciones. Sin embargo, en el informe “Diagnóstico sobre el Fenómeno de la Desaparición de Personas en el Perú” (2023), elaborado por el Ministerio del Interior y las Naciones Unidas, se menciona que en algunas ocasiones “se denota la voluntad de la persona de apartarse” de su entorno y en otras hay “factores vinculados con ilícitos penales”.

Marcela Paliza, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, explica que en los casos de niñas y adolescentes, la “desaparición voluntaria” generalmente está asociada a “desprotección familiar y violencia en el hogar”.

En esas condiciones de vulnerabilidad es más sencillo que los menores sean engañados. “Aparecen predadores que aprovechan las redes sociales, o incluso amigos en común, para incitarlas a salir del hogar. Pero esto también puede estar ligado a trata, pornografía infantil y otros delitos que atentan contra su identidad sexual”, advierte Paliza.

Al respecto, el coronel de la policía Glen García, experto en investigación y búsqueda de desaparecidos, narra: “Lo más común que vemos es que capten a las menores para supuestamente trabajar como empleadas del hogar, pero terminan en cantinas. En otros casos, los sujetos las inducen para irse con ellos [como sus parejas]”.

Respecto del perfil de las familias de las personas desaparecidas, la socióloga Katherine Soto, investigadora de esta problemática y fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú, destacó: “Por lo general, hablamos de familias que desconocen el marco de derechos o que probablemente recibieron respuestas negativas de parte de la autoridad. Además, cuentan con menos recursos para contratar sistemas privados que les permitan contactar nuevamente a sus hijas”.

Este no es un detalle menor. El Comercio se comunicó con la agencia Sánchez Detectives Privados, una empresa privada dedicada a la búsqueda de personas. Un vocero detalló que el costo por cada hora de trabajo asciende a US$35 en Lima y a US$40 si la investigación debe efectuarse en el interior del país.

Añadió que normalmente se investiga durante cuatro horas al día, como mínimo. Esto equivale a por lo menos de US$140 al día y casi US$1.000 semanales. Las pesquisas –agregaron– pueden extenderse a dos o tres semanas.

Otra empresa dedicada a este rubro, la cual prefirió mantener su nombre en reserva, dijo a este Diario que sus honorarios por un mes de investigación podrían ser de entre S/10.000 y S/14.000, según la complejidad del caso.

Aunque Lima (6.724), Cusco (1.135), Junín (1.122) y Arequipa (1.064) son las regiones en las que se registran más denuncias, las mayores tasas de reporte de personas desaparecidas por cada 10 mil habitantes se presentan en Ayacucho (9,85), Huánuco (8,81), Tacna (8,23) y Cusco (8,22).

En cuanto a las personas que retornaron a sus hogares, en el Reniped solo hay información del período 2021–2023. En ese lapso, según la base de datos, fueron ubicadas con vida 24.361 –en otras palabras, una de cada cuatro– y 452 fallecidas.

Según el informe citado, “la mayoría de mujeres que continúan desaparecidas son adolescentes, pero aquellas de quienes se presume su muerte por lo general son adultas”.

Los especialistas en casos de búsqueda coinciden en que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar a una persona extraviada. Después de ese tiempo hay más posibilidades de que esta –por voluntad propia o contra ella– abandone el país, lo que dificulta aún más el trabajo para dar con su paradero.

Setenta y dos horas es también el plazo máximo en el que puede permanecer activa una alerta de emergencia, mecanismo que se ejecuta solo en casos de desaparición de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

En estos casos, la alerta “es difundida principalmente a los medios de comunicación, medios de transporte, operadoras de telecomunicaciones, empresas de paneles publicitarios, sociedad civil y comunidad en general".

Katherine Soto sostiene que es fundamental que los encargados de evaluar y activar esta herramienta tengan criterio, capacitación y para los hechos que involucren a mujeres víctimas de violencia, conocimientos en enfoque de género.

“También falta una mirada intercultural en el proceso de difusión de alertas y para las bases de datos del Reniped. Por ejemplo, no sabemos cuántas niñas indígenas fueron reportadas como desaparecidas. Para construir políticas públicas es necesario tener en cuenta estas y otras variables”, afirmó la especialista.

En el informe “¿Qué pasó con ellas?” (2023), la Defensoría del Pueblo recomienda a la Policía Nacional “impulsar la implementación de un mecanismo para la difusión de notas de alerta y alertas de emergencia en zonas rurales donde se carece de acceso a Internet”.

En una encuesta elaborada para el “Diagnóstico sobre el Fenómeno de la Desaparición de Personas en el Perú”, el 49% de policías que participó en el trabajo respondió que “solicita su activación [de la alerta de emergencia] en menos del 10% de las denuncias que reciben”.

En el mismo trabajo se identificaron “algunas dificultades y criterios no homogéneos para la recepción e ingreso de las denuncias al sistema de personas desaparecidas”, entre ellas, el “registro de personas nacionales y extranjeras sin documentos de identificación” y el “registro de denuncias por parte de personas de LGTBI+”.

Desde el 2018, en el Perú se han publicado normas para mejorar los procesos y protocolos de la búsqueda de personas desaparecidas –lo cual es un valioso avance–, pero urgen mejoras.

Soto indica que desde el 2019 está pendiente que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) se ponga en funcionamiento para contribuir con la búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad, tales como menores de edad y mujeres víctimas de violencia, entre otras.

Con el Sismate será posible difundir mensajes de alerta sobre la desaparición de personas a la población de un área específica, a través de sus celulares. Por ese motivo, su uso para los casos mencionados –en los cuales el tiempo es un factor clave– es muy importante.

Han pasado más de tres años y esta herramienta todavía no se ha implementado para la búsqueda de personas desaparecidas. En diálogo con El Comercio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que este empezaría a operar recién en “las próximas semanas”, aunque no precisó los plazos.

Del mismo modo, todavía hay limitaciones para utilizar la geolocalización en casos de desapariciones. Según el “Diagnóstico sobre el Fenómeno de la Desaparición de Personas en el Perú”, las normas que regulan su uso “lo condicionan a tres supuestos, partiendo siempre de la vinculación de los hechos con la comisión de un ilícito penal”.

Por otro lado, Paliza, de la defensoría, señaló que la policía enfrenta problemas logísticos en su trabajo: en muchas comisarías –sobre todo las de zonas rurales– ni siquiera hay computadoras y son equipos obsoletos, los cuales ni siquiera permiten acceder al sistema para activar alertas o conectarse a Internet.

“A esto se pueden sumar factores humanos, como desconocimiento sobre lo que establecen las normas”, agrega.

Lamentablemente, esta es solo una parte del problema.