La ola de inseguridad ciudadana en el país crece y, con ello, la impaciencia de los peruanos. Como ha reportado El Comercio, solo entre enero y agosto de este año el sicariato cobró alrededor de 370 vidas en Lima. Estamos hablando, en promedio, de una muerte cada 16 horas. Mientras tanto, la batalla efectiva contra el crimen es la principal demanda que los ciudadanos hacen al gobierno, según una encuesta de Datum Internacional publicada en setiembre.
En medio de este contexto, el pasado 27 de setiembre el Ejecutivo decretó estado de emergencia por 60 días en 13 distritos de Lima Metropolitana y Callao: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez –con casi 70% de desaprobación e investigado por la fiscalía–, ha declarado que pondrá su cargo a disposición si la medida no es efectiva.
Esta es la segunda vez que el gobierno de Dina Boluarte recurre al estado de emergencia como respuesta a la escalada del delito. El año pasado, lo hizo en cuatro distritos capitalinos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince. Tras la medida, no se observaron resultados consistentes en las denuncias por delitos en los distritos.
Denuncias por delitos antes, durante y después de los estados de emergencia durante el gobierno de Dina Boluarte
En los últimos 10 años, los distintos gobiernos a cargo han mantenido a distritos de Lima Metropolitana y/o Callao en estado de emergencia por motivos de seguridad ciudadana por un total de 732 días. La cifra representa el 18% de la década. De estos, el 80% corresponde a los años 2016 y el 2022. El primero fue durante el gobierno de Ollanta Humala, quien decretó estado de emergencia en el Callao en diciembre del 2015 y lo prorrogó hasta julio del 2016. La medida fue heredada y prorrogada por la gestión de Pedro Pablo Kuczynski hasta octubre del 2016.
Durante el 2022, el gobierno castillista mantuvo Lima y Callao en estado de emergencia por seguridad ciudadana un total de 315 días.
*Durante los gobiernos de Castillo y Boluarte se decretó el Estado de emergencia en contextos de protesta social, con el fin de evitar disturbios. No fueron incluidos en el conteo porque no responden directamente a motivos de seguridad ciudadana y prevención de delitos comunes.
“Medida reactiva”
Pese a que el estado de emergencia es una medida excepcional –debido a la suspensión de derechos que implica–, su uso por motivos de seguridad ciudadana ha aumentado en los últimos gobiernos. Al terminar el período de 60 días declarado, en el gobierno de Boluarte, distritos de Lima y/o Callao habrán estado 181 días bajo estado de emergencia, un cuarto del total de tiempo que la presidenta lleva en el cargo. Pedro Castillo, por su parte, mantuvo a la capital y el primer puerto en estado de emergencia un total de 315 días, más del 60% del tiempo que duró su gobierno. En los períodos anteriores, las medidas apenas superaron el 12% del mandato.
“Estamos hablando de un cuarto de la gestión de la presidenta [Dina Boluarte] en estado de emergencia. Como dice la norma constitucional, el estado de emergencia es un estado de excepción. No te puede tomar la cuarta parte de la vida política, porque deja de ser excepcional”, opina el exviceministro del Interior Ricardo Valdés. Para el especialista, si no se gestiona correctamente la seguridad ciudadana, el uso de estas medidas podría aumentar aún más, pero por motivos de disturbios y orden público.
“Está subiendo la temperatura de la ciudadanía, porque ahora se está ahogando la posibilidad de trabajar, y la gente siente que el Estado no da pie con bola. El Perú es fuertemente informal, y la extorsión se está aprovechando de esa informalidad. Estamos viendo cada vez más reacciones de gremios, y creo que se está cocinando un problema de orden público. El paro de transportistas es una señal de alerta”, advierte.
Según Valdés, un estado de emergencia que no responda a un plan operativo integral no es más que “una respuesta reactiva”.
“No vemos una respuesta sistemática, integral (a la delincuencia). No vemos un ministro del Interior que converse con el fiscal de la Nación en buenos términos. No vemos ministros que estén dialogando con los gobiernos regionales. No se invita al sector privado para que participe proporcionando información. Lo que vemos es un Ejecutivo y un Legislativo que buscan protegerse de cualquier investigación por corrupción. Si no hay un plan de gestión de la seguridad, si no hay inteligencia, (los estados de emergencia) son, simplemente, declaraciones políticas que buscan hacernos sentir que se están haciendo cargo de un problema”, señala.
