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Como parte del pedido de facultades legislativas, que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha anunciado, se preparan cambios en la agencia estatal Pro Inversión. En total son seis cambios; pero tres puntos cruciales de estos han gatillado un debate entre ex funcionarios.
Durante la administración de Ollanta Humala se lanzó el decreto legislativo 1224, la llamada ley marco de asociaciones público-privadas (APP). Posteriormente, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, salió el decreto 1251, que modificaba lo hecho por su antecesor. Sin embargo, la actual administración busca retomar algunas directrices del decreto 1224.
DIRECCIÓN
El directorio de Pro Inversión es un componente clave. Originalmente estaba compuesto por tres ministros, pero el MEF de Alfredo Thorne consideró que había que “despolitizar” las decisiones sobre los proyectos e incorporó a tres directores independientes del sector privado. El pedido de facultades busca regresar al modelo de solo tres directores del sector público.
De acuerdo con un ex funcionario del gobierno de Humala, el cambio realizado fue un error porque esos agentes independientes podrían tener conflictos de interés. Más aun, cuestionó que nunca llegaron a ser nombrados.
Al respecto, un ex miembro del gobierno de PPK señaló que se había logrado encontrar tres directores sin esos conflictos; pero lamentó que no fueran nombrados porque en el seno del gobierno consideraban que retrasarían la adjudicación y ejecución de proyectos.
DESTRABE
En el 2013 la gestión de Luis Miguel Castilla creó un equipo especializado de seguimiento de la inversión; que buscaba destrabar proyectos; y operaba dentro del MEF. Quien fuera funcionario en aquel entonces explicó que esto tenía sentido porque el MEF, al ser una autoridad transversal, podía acelerar trabas como permisos o licencias que otros ministerios demoraran en sacar. Este problema –afirma– se hacía más evidente a la hora de expropiar terrenos para la ejecución de obras.
En el gobierno de PPK, ese equipo se partió y pasó a operar dentro de Pro Inversión. Para el ex funcionario de esa época, esto tiene todo el sentido porque es justamente la agencia la que ya se había encargado de levantar trabas en el pasado, como expropiar terrenos. Asimismo, indicó que el saneamiento predial debe ser una competencia de Pro Inversión; pues es un aspecto clave para establecer cronogramas y los diseños de proyectos.
También se creó el Proyecto de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Prioridades (APIP), que buscaba crear una unidad para expropiaciones. Ello, sin embargo, no vio la luz porque el decreto legislativo finalmente no fue aprobado.
La administración Vizcarra tratará de devolver este equipo al MEF, donde originalmente estaba.
LUZ VERDE
El decreto 1224 establecía que cada ministerio estaba en la obligación de elaborar un plan multianual de inversiones en APP; el cual quedaba sujeto a la validación y opinión técnica del MEF. Con el decreto 1251 la opinión técnica pasaba a la cancha de Pro Inversión y el próximo pedido de facultades busca devolverle esa potestad al MEF.
El ex funcionario de Humala advierte que eso también fue un error porque la opinión de Pro Inversión no consideraba la viabilidad fiscal de los proyectos que los sectores incluyeran.
Pero el gobierno de PPK tenía una visión distinta. La opinión de la agencia –explica su ex funcionario– se limita a decir si los proyectos incluidos en esos planes multianuales justifican hacerse por APP o podrían ser obra pública. Así se evitaría que proyectos inviables pasen por los filtros de Pro Inversión.
A pesar de que la vuelta parcial al decreto 1224 parece inminente, el debate persiste abierto. Expertos ajenos a los gobiernos advierten que, pese a los dimes y diretes, no se ataca el verdadero problema de fondo: las capacidades de Pro Inversión.
