Desde el Congreso, dos iniciativas buscan modificar las operaciones del Banco de la Nación. Una proviene de la bancada de Acción Popular y otra del congresista José Luna Gálvez del grupo parlamentario Podemos Perú. Este último proyecto cuenta con predictamen aprobado.
Ampliación del ámbito de acción
Uno de estos proyectos es de autoría de Silvia Monteza, presidente de la Comisión de Economía del Congreso y parlamentaria de Acción Popular. Monteza presentó su iniciativa (PL 933/2021-CR), que optimiza la competencia del sector financiero, a través del fortalecimiento del Banco de la Nación.
La iniciativa compuesta por cinco artículos y una disposición complementaria tiene por finalidad: “ampliar la oferta de servicios privados al alcance de poblaciones más alejadas y ciudadanos en condición de vulnerabilidad, optimizando la competencia del sector financiero”.
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Así prevé, en primer lugar, que el Banco de la Nación provea de servicios transaccionales a empresas privadas en zonas alejadas, para el acceso del servicio financiero a favor de personas en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, en la actualidad, ni la Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702) ni el Estatuto del Banco de la Nación, que regula a esta entidad, definen lo que son servicios transaccionales. De acuerdo con la Comisión de Economía, dichos servicios son conocidos también como “Cash Management” e incluyen los servicios de manejo de tesorería.
Entre estos servicios, la Comisión de Economía explicó que está comprendida la recaudación, que se refiere a la administración de base de datos de deudores para identificar los pagos. Por ejemplo, el caso de los colegios, las órdenes de pago -utilizadas para el pago a proveedores-, así como el pago de haberes, billeteras electrónicas, además de otros servicios.
“Los servicios transaccionales no son una terminología jurídica. En todo caso es una terminología que puede usarse dentro de la literatura bancaria, pero no tiene significado ni alcance en ninguna norma o ley del Perú. Si se está usando el término, se debería definir y delimitar lo que comprende, más aún si se trata de un proyecto de ley”, dijo Rolando Castellares, experto en derecho bancario.
En segundo lugar, la iniciativa plantea permitir al Banco de la Nación habilitar servicios transaccionales, a través de agentes corresponsales con sus respectivas billeteras electrónicas en convenio con municipalidades provinciales y distritales. Esto, según el proyecto, para acceder con el servicio financiero a centros poblados, caseríos, comunidades originarias, anexos, entre otros, al alcance de la población en condición de vulnerabilidad.
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En tercer lugar, el proyecto de ley faculta al Banco de la Nación a promover alianzas estratégicas con empresas privadas, a través de una convocatoria anual a empresas líderes con soluciones innovadoras para la mejora de los servicios financieros con énfasis en poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Por último, mediante una disposición complementaria, plantea modificar el inciso i del artículo 8 del Estatuto del Banco de la Nación, para que los servicios en calidad de corresponsal que ofrece el banco estatal a las empresas del sistema financiero incluya a las entidades comprendidas en el Capítulo VI de la Resolución SBS N°4385-2015, que son las empresas de factoring no comprendidas en la Ley General del Sistema Financiero.
Financiamiento a mypes y personas
Por otro lado, el proyecto de ley (077/2021-CR) de autoría de José Luna Gálvez, presidente de la comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), busca realizar modificaciones a las operaciones del Banco de la Nación, al proponer que la entidad estatal realice operaciones de banca múltiple, para promover la competencia en beneficio de los consumidores y las mypes, así como retirarlo del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó en la sesión de este martes 14 de diciembre aprobar el predicatmen de la iniciativa.
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El texto sustitutorio del predictamen está compuesto por un artículo único que modifica los artículos 2, el literal k del artículo 6 y el artículo 25 y 27 de la Ley de Creación del Banco de la Nación (Ley 16000).
En el artículo 2, se señala que se faculta la participación del Banco de la Nación en las zonas en que los servicios financieros sean insuficientes o inadecuados a la necesidades de la población. En dichas zonas, el Banco de la Nación actúa como banca de primer piso.
En el artículo 6 se menciona que son facultades operativas del Banco de la Nación prestar servicios de banca múltiple a las personas naturales y a las microempresas y pequeñas empresas y los demás servicios propios de la banca del sector público nacional.
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En el artículo 25 se agrega un segundo párrafo en que se indica que forman parte del presupuesto del Banco de la Nación las utilidades generadas en el ejercicio fiscal anterior de todo tipo de operación pública o privada.
En el artículo 27, el texto señala que las utilidades obtenidas en los ejercicios económicos del banco son de propiedad del Banco de la Nación y serán reinvertidas en el propio banco. Además, el Banco de la Nación podrá realizar transferencias al tesoro público de su saldo neto de utilidades, después de cubrir el capital autorizado del banco.
También se agrega una disposición complementaria final que indica que el Poder Ejecutivo adecúa los alcances de esta ley al Estatuto del Banco de la Nación en el plazo de 60 días, contados a partir de la publicación de la presente ley.
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Además, una disposición complementaria única que modifica el numeral 1,2 del artículo 1 de la Ley 27170 del Fonafe por el siguiente texto: Artículo 1, Fonafe Objeto, no se encuentran comprendidos dentro del ámbito del Fonafe las empresas municipales, las empresas y centros de producción y de prestación de servicios de las universidades públicas, el seguro social de salud EsSalud, la empresa de Petróleos del Perú (PetroPerú) y el Banco de la Nación.
Responde el Banco de la Nación
Juan Carlos Bustamante, gerente legal del Banco de la Nación, señaló en Codeco que sí existe el marco constitucional “suficiente” para que el banco estatal pueda incursionar en el financiamiento de las mypes.
Por su parte, Jose Carlos Chávez, gerente general del Banco de la Nación, estimó que otorgar financiamiento a las mypes costaría al Banco de la Nación un total de S/100 millones, para alcanzar una cartera de S/2.000 millones en cinco años. La entidad estatal se enfocaría en atender a las mypes de los sectores comercio, industria y servicios.
Chávez precisó que la demanda de financiamiento no atendida de las mypes suma los S/10.387 millones. Y la inversión del Banco de la Nación se recuperaría al tercer año.
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Señaló que por tratarse de la atención al segmento de la base de la pirámide, la tasa de morosidad prevista podría llegar al 18,9%.
Sin embargo, aseguró que para que la entidad estatal pueda cumplir con esta tarea, le tomaría entre 15 y 18 meses prepararse.
“Es una medida absolutamente constitucional la incursión del banco [Banco de la Nación] en el financiamiento de las mypes. Se debe resaltar que el Banco de la Nación no intenta competir en absoluto con la banca privada. El banco lo que tiene que hacer es complementar al sector privado en la cobertura de oferta privada, que hoy por hoy es insuficiente o es escasa respecto al financiamiento de las mypes”, concluyó.
Críticas sobre la posibilidad de ofrecer créditos a mypes
Si bien se requiere aumentar la oferta de servicios financieros en la población más vulnerable, el exministro de Economía, Waldo Mendoza (así como otros), ha criticado la idea de que el Banco de la Nación brinde financiamiento en forma directa a empresas privadas como las pequeñas y microempresas (mypes), debido a su falta de ‘expertise’ en el segmento, por los recursos del Tesoro Público que están en juego, así como por la politización que se le dan a estos créditos.
Tras la pandemia, el Ejecutivo tuvo que emitir el Decreto de Urgencia Nº 037-2021, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de las entidades de microfinanzas, que fueron afectadas por la crisis sanitaria, a pesar de la especialización y experiencia atendiendo a las mypes. Incluso, hasta la fecha, el plan no se ha ejecutado y las entidades están a la espera.
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Por ejemplo, el año pasado el banco especializado en microfinanzas, Mibanco, reportó pérdidas por S/35,2 millones. Según el gerente general de la entidad, Javier Ichazo, el banco pudo paliar la crisis, gracias a la tecnología con la que opera. El banco vinculado al grupo Credicorp, en los últimos años, ha invertido en la transformación digital de la entidad, así como en modelos estadísticos crediticios, que permiten disminuir el riesgo de la operación y mejorar las cobranzas.
Además, el año pasado, Mibanco realizó un aporte de capital por S/400 millones, como respaldo a la gestión desplegada, debido a la crisis sanitaria. Al cierre de octubre la entidad presenta cifras en azul.
Por el lado de las cajas municipales, las que reportaron pérdidas todavía no logran revertirlas. En las financieras, solo algunas de las que reportaron pérdidas pudieron revertirlas. Al cierre de octubre, cuatro financieras se mantienen en rojo.
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En cuanto a las cajas rurales, a la fecha todas reportan pérdidas.
Con lo cual, las probabilidades de que al Banco de la Nación le vaya bien en microfinanzas, sin experiencia previa, son muy bajas, según los expertos. Justamente, esa falta de experiencia del Banco de la Nación que le puede generar costos al Estado, no está medido ni contemplado en el proyecto de Acción Popular ni del Ejecutivo.
“No es fácil prestar a las mypes, para eso existen los bancos [y cajas] especializados. Entonces, meter al Banco de la Nación en ese negocio que no conoce, mi apuesta es que se va a convertir en el Banco Agropecuario. De repente habría que pasarle al Midis ese programa, porque va a ser un programa de subsidio”, dijo Mendoza.
“Hace muchos años, el Banco Agropecuario les presta a los agricultores, ellos no pagan y el Estado tiene que darle recursos al Banco Agropecuario. En realidad, no es crédito agrario, sino un subsidio agrario”, agregó el economista.
Competencia de las Fintech
Además, la competencia viene creciendo en el sector. Recientemente, Roberto Vargas, presidente de la Asociación de Fintech, afirmó a este Diario que, a pesar del entorno político, las fintech están validando su modelo de desarrollo acelerado dentro del país, promoviendo la inclusión financiera.
Precisó que las fintech con el objetivo de contribuir con la inclusión financiera, en enero de este año, se reunieron con el Gobierno Regional de Cajamarca y formaron un grupo de trabajo al interior de la entidad estatal. Este grupo tuvo como fruto la creación del primer padrón digital agrario.
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La fintech Agros con el apoyo de los 13 directores regionales agrarios de Cajamarca levantó información de los agricultores vinculada a sus capacidades de siembra, productividad, activos, entre otras variables, con el propósito de que el padrón permita incluirlos financieramente, así como ayudarlos a tener visibilidad entre ellos, para fomentar la asociatividad, y que el gobierno regional pueda formular políticas públicas más óptimas.
“La confluencia del sector público y privado caló tanto que originó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre gobierno regional y la Asociación de Fintech. Nos hemos trazado generar prosperidad tanto a familias y empresas de Cajamarca”, indica.
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